El problema de la vivienda
España es uno de los países donde tradicionalmente se ha intentado residir en una vivienda propia y no de alquiler y, en muchas ocasiones se han invertido los ahorros en otra vivienda, para obtener una renta adicional; sobre todo que complemente la reducción de rentas que suele provocar la jubilación.
El reconocimiento Constitucional de la propiedad privada impide definir el concepto de vivienda vacía, puesto que su propietario tiene la libertad de elegir su uso y destino. Se puede definir viviendas en venta, no vendidas, o en alquiler; pero no vacías, por tanto, es preocupante las penalizaciones que se pretenden establecer a éstas en algunas Comunidades Autónomas puesto que también atentan al derecho de propiedad.
El libre mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, frente a la planificación centralizada, que distorsiona el proceso y penaliza habitualmente al más desfavorecido. En un mercado libre el precio es el resultado del ajuste entre la oferta y la demanda, sin embargo, éste se distorsiona si se ponen obstáculos legales a la oferta.
Los desfases temporales o gaps generan grandes problemas en los procesos productivos y en el caso de la construcción de viviendas; éste es enormemente prolongado en España, tanto por razones técnicas como regulatorias. En efecto, resulta difícil construir una vivienda nueva en menos de 24 meses, si bien la técnica modular y la Inteligencia Artificial, puede reducir este tiempo, si se dispone de la mano de obra cualificada necesaria, cuya escasez es también uno de los grandes problemas actuales. Si bien, los principales retrasos se derivan de los procesos de recalificación del suelo y concesión de licencias.
Este desfase temporal de más de 40 meses puede coincidir con un cambio de ciclo económico, sin capacidad de respuesta por parte del promotor, que se puede encontrar ya en el proceso avanzado de construcción.
La fuerte demanda de viviendas en los primeros años del actual Siglo incentivó el desarrollo de una gran cantidad de promociones inmobiliarias nuevas, que estuvieron terminadas cuando se produjo una fuerte caída de la demanda; lo que dio lugar a un gran stock de vivienda sin vender, y que solo se redujo con fuertes bajadas de los precios, que alcanzaron su suelo en el año 2014.
Las restricciones que establece la actual Ley de la Vivienda y las incertidumbres existentes han llevado a que en los últimos años tan solo se construyeran entre 80.000 y 100.000 viviendas nuevas al año.
La oferta actual de nuevas viviendas está muy por debajo de la demanda potencial, de creación de nuevos hogares, que podríamos situar en unos 230.000 al año. A lo que habría que añadir la demanda para otros usos, diferentes a la vivienda habitual. De hecho, ya existe un déficit estimado en 350.000 viviendas, que se podría duplicar en los próximos tres años.
Lógicamente, el ajuste entre la reducida oferta y la mayor demanda ha sido la subida de los precios, sobre todo en algunas Ciudades y Comunidades Autónomas.
La solución no se encuentra en una mayor intervención del mercado, sino en la potenciación de este, favoreciendo la oferta mediante el impulso a la recalificación del suelo y la reducción de los plazos administrativos para obtener las licencias.
Asimismo, la actual Ley de la Vivienda impone obligaciones inadecuadas al promotor, que incrementan significativamente los costes; esta situación se debe modificar. Además, es necesario impulsar la formación profesional en el sector, para incrementar la mano de obra disponible y, favorecer la entrada legal de trabajadores extranjeros cualificados.
La intervención absoluta del mercado de la vivienda como solicitan algunos partidos políticos restringiría aún más la oferta, incrementaría los precios y reduciría la posibilidad de adquirir viviendas en propiedad, tal y como ya está sucediendo con el segmento de las viviendas de alquiler.
En EE. UU. funciona perfectamente el mercado libre de la vivienda, y los precios relativos, son inferiores a los españoles; el esfuerzo laboral necesario para adquirir una vivienda se sitúa de media en los 3,5 años, y en España, se acerca a los 8 años si se dedicasen todos los ingresos a este fin; lógicamente no es deseable dedicar más del 40% de la renta disponible a la adquisición de la vivienda habitual.
No existen soluciones mágicas, como pretenden los políticos populistas, para mejorar este grave problema; pero desde luego no pasan por la intervención del mercado de la vivienda, sino por la potenciación del libre mercado para una parte de ellas y la potenciación con colaboración público-privada de viviendas sociales de alquiler o incluso en propiedad, para niveles bajos de renta. En caso contrario, una menor protección de la propiedad privada inmobiliaria, una mayor regulación intervencionista en el sector inmobiliario y una elevación de la presión fiscal, agravarían el problema.
EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS EN EUROPA SE PUEDE ELEVAR.
El alto precio de los medicamentos en EEUU constituye un grave problema para una parte importante de su población. Para tratar de mejorar la situación, Donald Trump firmo en mayo pasado, una orden para que las farmacéuticas bajen el precio de los medicamentos, y se hablaba incluso de un recorte de un 90%, lo que puede provocar claras elevaciones en Europa debido a que Trump considera que La Unión Europea se beneficia de un subsidio involuntario, a través del sector Sanitario público.
EE.UU representa un 5% de la población mundial, pero monopoliza el 75% de las ganancias de las empresas farmacéuticas, según La Casa Blanca, por los precios abusivos.
Para acercar los precios de los productos farmacéuticos entre EE. UU y Europa, los expertos consideran que se producirá una elevación del precio de los fármacos en Europa y una reducción parcial en EE. UU.
Según Philip Solarafiní socio de PWC: “Sí ahora el precio en EE. UU es de 100 dólares por un medicamento X y en Europa de 20 dólares, Trump pretende que en Europa suba hasta una cifra de 80 dólares, que también debe estar vigente en EEUU.
