La Comisión Europea sanciona a España

La Comisión Europea desembolso el pasado 7 de julio el quinto tramo de los Fondos Next Generación y prestamos que se han aglutinado en el mismo, por 23.000 millones de euros

Sin embargo, el incumplimiento de algunos acuerdos entre el Gobierno Español y La Comisión Europea, con carácter confidencial, ha provocado una retención de 1.100 millones de euros en el pago total.

Esta sanción se debe a que nuestro Ejecutivo no ha establecido un impuesto al Diesel, ha incumplido la digitalización de entidades regionales y locales y no ha reducido la temporalidad de los internos; compromisos que en su momento no se hicieron públicos.

En concreto el Gobierno no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar un nuevo impuesto “medioambiental” sobre el Diesel, por lo que se ha producido por este epígrafe un recorte de 460 millones de euros. Este está íntimamente vinculado a la Agenda 2030, y representa un sobrecoste que penaliza la actividad.

Asimismo, La Comisión ha considerado que no se ha cumplido el objetivo tan necesario de digitalización las entidades locales y regional para garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios de Las Administraciones públicas lo que ha representado una sanción de 40 millones de euros. Este proceso es fundamental para mejorar la eficiencia de la burocracia lo que beneficia claramente al ciudadano y a las empresas.

Además, Bruselas establece que no se han cumplido los requisitos establecidas por el primer desembolso de Fondos Europeos, para reducir la temporalidad de los interinos, incluso la reforma laboral de este Gobierno lo que ha hecho es incrementar la precariedad laboral; por lo que se ha establecido una sanción de 627 millones de euros de compensación.

Eso sí, La Comisión Europea establece un plazo máximo de seis meses para subsanar los incumplimientos y acceder a la financiación congelada.

Esta grave situación pone claramente en evidencia al Gobierno Español y su capacidad de ejecutar las políticas económicas comprometidas si bien el impuesto sobre el diésel puede penalizar sobre todo a los autónomos y PYMES, por lo que nunca se debió comprometer con Bruselas.

España necesita una política económica muy diferente a la que el Gobierno actual ha comprometido con la Comisión Europea; la necesaria consolidación fiscal debe basarse fundamentalmente en una reducción del gasto publico y no en un mayor aumento de la presión fiscal. En efecto el gasto publico actualmente representa casi el 50% del PIB, lo que genera enormes distorsiones al proceso productivo y a la eficiencia económica.

La reducción del déficit público se debe basar fundamental mentalmente en un ahorro de unos 60.000 millones del gasto actual, que, según el IEE, se puede realizar sin perjudicar los servicios públicos esenciales.

Sin embargo, la presión fiscal actual es claramente confiscatoria por lo que no solo no debe incrementarse, como es el caso del impuesto sobre el diésel, si no que hay que reducirla significativamente, para mejorar la competitividad de nuestra economía y para impulsar la libertad de elección de los ciudadanos.

 

EL PARO REAL EN ESPAÑA SUPERA LOS 3,5 MILLONES.

Las ineficiencias del mercado de trabajo español, incrementadas por la reforma laboral completamente inadecuada de Yolanda Diez; ha provocado que España tenga la tasa de paro más alta de Europa, un 10,3% de la población activa, es decir 2,4 millones de paradas registradas al finalizar el mes de junio de 2025.

Sin embargo, según el servicio de Estudios de La Unión Sindical Obrera, en esa misma fecha 372.000 personas se encontraban con disposición limitada y 197.000 no ocupadas, con lo que el número total de desempleados se eleva a 2.976.000 personas.

Pero además 1,2 millones de ocupados son demandantes de empleo según el estudio de USO; una parte de estos son trabajadores con contrato “fijo discontinuo” que se encuentran sin actividad.

El Ministerio de trabajo no aporta una información relevante sobre el número de trabajadores que se encuentra en esta situación. La mayor parte de los servicios de estudio privados, estiman entre 600.000 y 700.000 el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo sin actividad y que además en algunos casos las empresas queen teoría los tienen contratadas han cerrado su actividad, por lo que lógicamente son de manera clara parados.

Con todo ello se puede afirmar que el paro real en España supera los 3,5 millones de personas, y sin embargo muchos puestos de trabajo se queden sin cubrir; lo que pone de manifiesto la perversidad del actual modelo laboral, que no incentiva el empleo.

Un mercado de trabajo ágil y eficiente permita ajustar adecuadamente la oferta de empleo a la demanda, lo que beneficia al conjunto de sistema económico y de la sociedad.

La elevación del SMI un 64% desde el año 2018, el incremento de las cotizaciones sociales y la propuesta de reducir la jornada laboral, penalizan el empleo y favorecen la economía sumergida.

Resulta imprescindible un nuevo marco de relaciones laborales, moderno y eficiente. En efecto tanto desde el punto de vista teórico como demuestra la economía neoclásica; como desde el punto de vista de la contrastación empírica, los mercados de trabajo mas flexibles favorecen el empleo, la eficiencia empresarial y el bienestar de los trabajadores.

Las políticas de elevación del Salario Mínimo Interprofesional y de incremento de las cotizaciones sociales, han reducido la capacidad de crear potencialmente empleo y han favorecido la expansión de la economía sumergida; el caso de las empleadas del hogar es paradigmático.

Si se aplica una reducción general de la jornada laboral a 37,5 horas semanales; sin tener presente las características de cada sector y las ganancias de productividad; el incremento de los costes laborales penalizara la competitividad empresarial, el empleo e impulsar la economía informal.