Fernando Santiago: “Los pequeños negocios no levantan cabeza: uno de cada veinte ha cerrado en solo seis meses”
Un nuevo Barómetro de los Gestores Administrativos confirma que persisten los problemas de liquidez, endeudamiento y presión fiscal, y que empeora el acceso a financiación.
Los Gestores Administrativos suspenden a la Administración Central, a las Administraciones Autonómicas y a las Administraciones Locales en su funcionamiento, con un 4,4, un 4,9 y un 4,7 respectivamente.
Mientras el debate público insiste en exigir más a las empresas, los datos muestran un tejido productivo cada vez más debilitado y sin capacidad real para soportar nuevas cargas.
Madrid, 18 de julio de 2025. El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos ha publicado un nuevo Barómetro que confirma lo que muchos temían: la situación de los pequeños y medianos negocios no mejora. A pesar de discursos que apuntan a la recuperación, los datos reflejan una economía de base frágil, sobrecargada y cada vez más desigual.
Entre el 31 de diciembre de 2024 y el 30 de junio de 2025 ha desaparecido el 4,8% de las pequeñas y medianas empresas. Aunque en ese mismo periodo se ha registrado un 5,2% de nuevas constituciones, el dato no refleja una recuperación real, sino una rotación forzada en el tejido empresarial. “Que se creen empresas no compensa que tantas otras cierren. Las que desaparecen son, en su mayoría, negocios viables que no han podido seguir adelante por el entorno hostil al que se enfrentan. Y las que nacen lo hacen, en muchos casos, con un pie en el abismo”, advierte Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General.
Según el Barómetro, el 17% de los negocios ha cerrado el primer semestre con pérdidas, frente a un 64% que declara beneficios. El 17% afirma tener serios problemas de liquidez, y el 25,5% ha incrementado su endeudamiento durante los últimos seis meses, frente a un 25,8% que lo ha reducido.
Además, el acceso al crédito se ha deteriorado: el 40,4% de los negocios tiene hoy más dificultades para obtener financiación bancaria, frente a solo un 13,1% que afirma lo contrario. Y mientras los niveles de facturación apenas cambian —solo un 36,9% factura más que en el mismo periodo de 2024, y un 19,1% factura menos—, el 50,6% de los negocios declara pagar hoy más impuestos que hace un año. Apenas un 4,6% afirma pagar menos.
“Esto es insostenible. Con los mismos ingresos y más gastos, más impuestos y menos acceso al crédito, no hay milagros posibles. Muchos negocios siguen vivos porque resisten, no porque el entorno los acompañe”, denuncia Santiago.
Un 18% de los negocios ha reducido plantilla en los últimos seis meses, mientras que un 28% la ha incrementado. Esta polarización también se refleja en la economía informal: el 12,4% de los negocios opera total o parcialmente fuera del sistema, lo que equivale a más de 340.000 negocios. “No se trata de una elección, sino de una salida desesperada. Muchos acaban fuera del sistema porque dentro no encuentran oxígeno para sobrevivir”, afirma el presidente del Consejo General.
Preguntados por su percepción del pasado reciente, el 41% de los negocios considera que 2024 fue un buen año, frente a un 10,5% que lo califica como malo. Sin embargo, las expectativas para 2025 muestran división: un 24,6% cree que será mejor, pero un 27,4% opina que será peor. “No hay un clima de confianza. Lo que hay es resignación y cansancio. Los negocios no avanzan porque no se dan las condiciones. Y esto, lejos de corregirse, se agrava”, sentencia Santiago.
El presidente del Consejo General reitera la necesidad de adoptar reformas urgentes que alivien la carga fiscal y administrativa sobre los pequeños negocios. “Llevamos años reclamando una Ley de Colaboración Social Administrativa que permita a profesionales como los Gestores Administrativos intervenir en nombre del ciudadano para hacer más ágiles los trámites. Pero seguimos igual. Las empresas no necesitan discursos, necesitan respuestas”, concluye Santiago.
El colapso de la Administración
En este sentido, el Barómetro ha consultado sobre la evolución de la tramitación, y el 84,3% de los Gestores Administrativos señalan que la atención que la Administración les ofrece no ha mejorado en lo que llevamos de 2025, frente a un 10,1% que ha manifestado que sí ha mejorado.
El 61% de los Gestores Administrativos afirma que hoy es más difícil realizar los trámites que antes de la pandemia, frente a un 25,3% de indica que es más fácil. Respecto a 2024, el 52,1% de los gA indica que el funcionamiento ha empeorado respecto a 2024 y el 12,4% afirma lo contrario.
Los Gestores Administrativos puntúan con un 4,4 el funcionamiento de la Administración Central, con un 4,9 el de las administraciones autonómicas y con un 4,7 el de las locales.
“Queda mucho camino que recorrer” afirma el presidente de los Gestores Administrativos, “y todo pasa porque las administraciones reconozcan que están colapsadas y que necesitan ayuda”.
“Los Gestores Administrativos llevamos mucho tiempo ofreciéndonos a las administraciones. Creo que ya toca que recojan el pañuelo y nos pongamos a trabajar juntos en facilitar la vida a ciudadanos, autónomos y pymes, como están empezando a hacer algunas autonomías”, afirma Santiago.
Las empresas españolas no ganan dinero suficiente para subir los salarios
Los datos del barómetro encuentran un respaldo técnico aún más sólido en el informe económico elaborado por el Consejo General de los Gestores Administrativos junto al economista Javier Santacruz Cano. Bajo el título “¿Las empresas españolas ganan dinero suficiente para subir los salarios?”, el informe aborda con datos objetivos y metodología rigurosa la capacidad real del tejido empresarial para absorber nuevas cargas salariales o fiscales.
A partir de fuentes oficiales y un enfoque segmentado por tamaño de empresa, el estudio concluye que la mayoría del tejido empresarial español —formado en más de un 90% por micro y pequeñas empresas— opera con una rentabilidad estructuralmente baja y sin capacidad de absorber nuevas cargas sin comprometer su viabilidad.
El informe pone el foco en un aspecto clave: la caída sostenida de la productividad por trabajador desde 2008 y el deterioro del volumen de ventas por empleado en los últimos seis trimestres, especialmente entre las empresas más vulnerables. Esta fragilidad estructural, unida al incremento de costes laborales y financieros, deja a miles de negocios en una posición límite. La rentabilidad no es un lujo, sino una condición básica para sostener el empleo, la inversión y la cohesión social. Exigir más sin reconocer esta realidad, concluye el estudio, es condenar al tejido productivo a una lenta asfixia.
La conclusión es inequívoca: la mayoría de las empresas no tiene margen. El 90% del tejido productivo español lo conforman microempresas y pymes con una rentabilidad muy limitada, baja productividad y escasa capacidad de inversión. Desde 2008, la productividad por trabajador ha caído de forma sostenida, mientras que los costes laborales han aumentado. Muchas empresas sobreviven, pero no crecen, no invierten y, en muchos casos, ni siquiera compensan el coste de su deuda. En el segmento más vulnerable, el volumen de ventas por empleado ha caído durante seis trimestres consecutivos.
A ello se suma una deficiencia estructural del sistema estadístico español: al no segmentar adecuadamente por tamaño real de empresa, se genera una imagen distorsionada que homogeneiza situaciones muy distintas. Esta falta de precisión dificulta el diseño de políticas públicas eficaces y acaba penalizando a las empresas más pequeñas, que son precisamente las más frágiles y las que generan más empleo relativo.
“Nosotros no negamos la necesidad de mejora social. Lo que decimos es que no puede haber justicia social sin viabilidad económica. Las empresas no pueden dar lo que no tienen”, afirma Fernando Jesús Santiago Ollero. “Y si no creamos las condiciones para que sean rentables, productivas y competitivas, no solo no habrá subidas salariales: no habrá empresas”.
Santiago advierte de que el debate político y mediático se aleja cada vez más de la realidad: “Hay una distancia inmensa entre los titulares y los datos. Por eso hemos querido aportar evidencia. Porque cuando se legisla sin mirar el margen real de las empresas, se condena a muchas de ellas a desaparecer. La rentabilidad es hoy el gran ausente del discurso público, y sin rentabilidad no hay tejido productivo sostenible”.
¿Y qué hacen por solucionarlo las confederaciones empresariales?
Santiago advierte de que el debate político y mediático se aleja cada vez más de la realidad: “Hay una distancia inmensa entre los titulares y los datos. Por eso hemos querido aportar evidencia. Porque cuando se legisla sin mirar el margen real de las empresas, se condena a muchas de ellas a desaparecer. La rentabilidad es hoy el gran ausente del discurso público, y sin rentabilidad no hay tejido productivo sostenible”.
Hace exactamente un año, se publicó el Manifiesto de la Pyme Española, impulsado por CEPYME, que denunciaba precisamente esta situación: una sobrerregulación creciente, una fiscalidad cada vez más asfixiante y una Administración desconectada de la realidad de las empresas. Ese manifiesto fue respaldado por numerosas organizaciones empresariales territoriales y sectoriales, pero doce meses después, nada esencial ha cambiado. Las reformas impositivas siguen gravando más al que emprende, las decisiones sobre jornadas, salarios o cotizaciones se adoptan sin consultar a quienes las sufren, y lo más preocupante: quienes debían defendernos han permanecido en silencio.
Por eso, en este primer aniversario, el presidente del Consejo General de los Gestores Administrativos plantea una cuestión incómoda: “¿qué han hecho en este tiempo las organizaciones empresariales por quienes dicen representar?” En opinión de Santiago, “la respuesta es sencilla y dolorosa: no han hecho nada. Nada relevante ha cambiado en la presión fiscal, en la negociación colectiva o en la forma de adoptar decisiones que afectan directamente a autónomos y pymes. Mientras el Gobierno sigue legislando sin escuchar, muchas organizaciones empresariales callan. Su prioridad ya no es defender a las empresas, sino conservar las estructuras que les dan poder y financiación”.
El presidente de la Asociación Empresarial de Gestores y Gestorías Administrativas indica que “las organizaciones que deberían representar a las pymes se han convertido en estructuras conservadoras, atrapadas en una lógica de gestión de lo pactado y ajenas a los grandes debates del país. No movilizan, no lideran, y aunque saben lo que ocurre —lo escuchan en sus bases, lo ven en sus datos—, no han hecho nada. Este colapso no es solo organizativo: es moral y estratégico”. Fernando Santiago considera que hay que iniciar una transformación profunda del modelo de representación empresarial. “No pedimos privilegios. Pedimos condiciones justas, voz propia y valentía para defender lo que somos. Las pymes no necesitan estructuras vacías. Necesitan interlocución real. Representación de verdad”, afirma Santiago.
“Este no es un manifiesto de ruptura, sino de responsabilidad. Cambiar implica riesgo. Pero seguir igual implica decadencia. No habrá futuro sin organizaciones empresariales fuertes, pero tampoco sin organizaciones empresariales valientes” sentencia el presidente de los Gestores Administrativos.
