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El Gobierno tira de la OCDE para atajar la factura de 33.000 millones de euros provocada por el absentismo laboral
El Gobierno español está trabajando con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un plan de choque para abordar la creciente factura del absentismo laboral, que según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en 2025 se acercará a los 33.000 millones de euros, un 12,6% superior al de 2024. Este coste incluye tanto las bajas por incapacidad temporal como las ausencias sin justificación.
En 2024, la tasa de absentismo se situó en un 6,7%, lo que representa el nivel más alto de la última década, por encima incluso de los máximos registrados durante la pandemia del Covid-19. Cuantificado en números, se estima que más de 1,2 millones de trabajadores se ausentaron de su trabajo cada día de este año. Por ello, el Gobierno ha solicitado la colaboración de la OCDE para analizar las causas y proponer medidas efectivas con las que mitigar este problema. Patronal, sindicatos y mutuas laborales colaboran igualmente en la búsqueda de soluciones.
El absentismo laboral está afectando gravemente la productividad en España, superando los niveles de países como Francia o Alemania. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que las prestaciones por Incapacidad Temporal se han convertido ya en la segunda mayor partida de gasto que atiende la Seguridad Social después de las pensiones contributivas y en términos proporcionales, ha cuantificado el peso de esta partida sobre la economía española en el 1% del Producto Interior Bruto (PIB). Y si bien las bajas por incapacidad temporal son las principales contribuyentes a la factura, el absentismo injustificado ha aumentado significativamente, agravando la situación.
El Ejecutivo español tiene como objetivo principal reducir la duración de las bajas de larga duración y combatir el fraude. Con la ayuda de la OCDE, se espera desarrollar estrategias que incluyan la digitalización de los trámites y la mejora de la coordinación entre los servicios de salud y las mutuas. Además, se planea reformar la ley de mutuas para otorgarles más poder a la hora de gestionar las bajas.
Echa a andar el Consejo Asesor de la Vivienda
El pasado 20 de septiembre entró en funcionamiento el Consejo Asesor de la Vivienda, un órgano consultivo previsto en el artículo 26 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. De carácter técnico, científico y académico, tiene como finalidad asegurar la participación de diversos agentes sociales en la elaboración y desarrollo de las políticas estatales de vivienda y su creación responde a la necesidad de fortalecer la programación estatal en esta materia, promoviendo un espacio de diálogo y reflexión para abordar los desafíos sociales relacionados con el acceso a la vivienda.
El Consejo Asesor de Vivienda, adscrito a la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, estará integrado por expertos propuestos por asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones del tercer sector, colegios profesionales, entidades financieras y representantes del ámbito universitario y de investigación. El nombramiento de los miembros electivos del Consejo Asesor de Vivienda y de los suplentes será por un período de dos años, que podrá ser renovado por períodos iguales.
Entre sus funciones destacan asesorar sobre planes y programas estatales de vivienda, proponer medidas para garantizar un parque de vivienda adecuado en alquiler, compra o cesión en uso, y promover la colaboración público-privada para ampliar la oferta de viviendas. Además, podrá emitir recomendaciones para alinear las políticas de vivienda con los retos sociales, económicos y medioambientales, tanto a nivel nacional como internacional.
Este nuevo órgano no generará un incremento del gasto público, ya que su organización y funcionamiento se asumirán con los recursos existentes del Ministerio. También se prevé que el consejo elabore una memoria anual para documentar sus actividades y recomendaciones.
La brecha generacional se agranda en España
Desde la gran recesión de 2008, la renta de los jóvenes españoles menores de 35 años ha disminuido un 3%, mientras que la de los jubilados ha aumentado un 18%, según datos recopilados por el Instituto Juan de Mariana. En el primer trimestre de 2025, las nuevas pensiones de jubilación del Régimen General de la Seguridad Social alcanzaron una media de 1.760 euros al mes, superando el salario medio de los jóvenes, que se situó en torno a los 1.670 euros mensuales. Este desequilibrio pone de manifiesto una creciente brecha generacional, agravada por las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda y emanciparse, ya que dedican hasta el 50% de su salario al alquiler, frente a un máximo recomendado del 30%.
El informe mencionado destaca que, entre 2008 y 2023, las pensiones medias en España crecieron un 28,6%, mientras que los salarios medios cayeron un 2,3%. Esta disparidad se explica por la revalorización sostenida de las pensiones, impulsada por políticas públicas, frente a la precariedad laboral y las elevadas cargas fiscales que enfrentan los jóvenes. Además, la riqueza nacional se ha redistribuido de manera desigual: la participación de los mayores de 75 años en la riqueza aumentó del 8% en 2002 al 20% en 2022, mientras que la de los menores de 35 años cayó del 7,5% al 2%. Esto refleja una transferencia de recursos hacia las generaciones mayores, dejando a los jóvenes en una posición económica más vulnerable.
El Instituto Juan de Mariana señala que el discurso político en España tiende a ignorar esta brecha generacional, centrándose en narrativas de desigualdad de clase que no abordan las diferencias económicas entre generaciones. Los jóvenes enfrentan no solo salarios más bajos, sino también un mercado laboral precario y un sistema fiscal que les penaliza, mientras que los jubilados han ganado poder adquisitivo gracias a incrementos en las pensiones. Este fenómeno, descrito como “especialmente sangrante” por el Instituto, subraya la necesidad de políticas que equilibren las oportunidades económicas entre generaciones para garantizar un futuro más justo para los jóvenes.
Campaña de la DGT para frenar la siniestralidad de las furgonetas
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un “Plan Operativo de Vigilancia y Control de Furgonetas de Reparto”, anunciado el 12 de septiembre de 2025, para abordar el aumento de la siniestralidad asociado a estos vehículos, que en 2024 causaron 79 fallecidos entre sus ocupantes, casi el doble que el año anterior. Este plan integral se centra en la vigilancia de los principales factores de riesgo, como los excesos de velocidad, el consumo de alcohol o drogas, y las distracciones al volante, que representan una amenaza creciente en vías convencionales.
La iniciativa responde a la “asignatura pendiente” en la seguridad de las furgonetas de reparto, impulsada por el boom del comercio electrónico, y busca reducir los accidentes laborales viales mediante acciones coordinadas con la Guardia Civil y policías locales.
Una de las medidas clave es el control exhaustivo de la estiba de la carga, para evitar desplazamientos que comprometan la estabilidad del vehículo durante la conducción, lo que ha sido identificado como un factor recurrente en siniestros graves. Además, se priorizará la inspección de deficiencias técnicas, incluyendo neumáticos, frenos e iluminación, que pueden agravar los riesgos en entornos urbanos y periurbanos.
El operativo se desplegará en todo tipo de carreteras, con énfasis en vías convencionales, polígonos industriales, zonas de carga y descarga, y centros comerciales, donde la circulación de furgonetas es más intensa. Se utilizarán medios como radares, drones y vehículos camuflados para una vigilancia discreta y efectiva, similar a campañas previas, pero con un enfoque más específico en el uso profesional. Esta medida se alinea con el Plan de Sensibilización del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el lema “Con furgonetas 5 metas”, que promueve acciones preventivas para minimizar los riesgos laborales.
El plan se implementa desde septiembre de 2025 y se evaluará en enero de 2026 para ajustes necesarios, integrando campañas de sensibilización dirigidas a empresas y conductores profesionales, con el objetivo de fomentar prácticas seguras y reducir el porcentaje de positivos en drogas entre conductores fallecidos, que alcanza el 41% en furgonetas.
