Redes eléctricas: el gran cuello de botella de la transición energética (I)
En España se habla mucho de renovables, de hidrógeno verde y de electrificación del transporte. Sin embargo, el verdadero cuello de botella para que todo eso funcione no está en los aerogeneradores ni en los paneles solares, sino en las redes eléctricas. Sin redes modernas, flexibles y bien planificadas, la transición energética se atascará, la industria no podrá electrificarse al ritmo necesario y la economía perderá competitividad.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa un nuevo Real Decreto que regula las inversiones en redes de transporte y distribución de electricidad, una reforma esperada durante años. El paso es importante: actualiza los límites de inversión, introduce mecanismos de planificación más abiertos y marca una hoja de ruta hasta 2030. Pero también plantea interrogantes sobre su coherencia interna, su flexibilidad y, sobre todo, su compatibilidad con las normas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Porque de poco sirve diseñar un buen plan de inversiones si los dos reguladores —el Gobierno y la CNMC— operan con reglas incompatibles. Y ese, hoy por hoy, es el riesgo.
Una actualización necesaria, aunque tardía
El nuevo marco incrementa en un 62 % el límite de inversión en redes para el periodo 2026–2030, alcanzando los 7.700 millones de euros acumulados. No es un capricho: el límite vigente databa de 2012, cuando el sistema eléctrico atravesaba una situación crítica y el país todavía no hablaba de electrificación masiva ni de descarbonización acelerada.
La realidad de 2025 es muy distinta. La electricidad se ha convertido en el eje de la competitividad industrial y la base de cualquier estrategia climática. El consumo eléctrico crecerá de forma significativa con la expansión de la movilidad eléctrica, la digitalización, el almacenamiento y el hidrógeno verde. Por eso, actualizar la capacidad inversora en redes no es solo una cuestión técnica: es una condición para que España pueda seguir siendo un país atractivo para la industria y las nuevas tecnologías limpias.
El problema es que el proyecto de Real Decreto establece un límite anual uniforme —1.540 millones de euros por año— que no se ajusta a la realidad de las inversiones eléctricas, que son plurianuales, complejas y con ritmos desiguales. Pretender que las empresas inviertan lo mismo cada año equivale a ignorar cómo se ejecutan las grandes infraestructuras.
La solución lógica sería permitir flexibilidad interanual, controlando el gasto global en el conjunto del quinquenio. No se trata de gastar más, sino de poder hacerlo de manera ordenada y realista.
Planificar la red con visión industrial
Por primera vez, el procedimiento de planificación de la red se abre a todos los agentes económicos. Empresas industriales, tecnológicas o de servicios podrán trasladar sus necesidades de conexión, lo que debería ayudar a detectar los cuellos de botella que hoy frenan proyectos clave.
Esta novedad es fundamental. España vive un auge de inversiones industriales vinculadas a la descarbonización —desde fábricas de baterías hasta centros de datos o plantas de hidrógeno— que dependen de una conexión eléctrica potente y fiable. Muchas de estas inversiones están en peligro precisamente porque las redes locales no tienen capacidad suficiente ni se planificaron con antelación.
Por eso cobra especial sentido el concepto de “inversión anticipatoria”, es decir, reforzar las redes antes de que la demanda llegue. El borrador del Real Decreto limita este tipo de actuaciones al 15 % de la inversión adicional anual, lo que apenas representa un 5,7 % del total. Una cifra modesta para un país que pretende multiplicar su consumo eléctrico en menos de una década. Elevar ese porcentaje no supondría un despilfarro, sino una apuesta estratégica: invertir antes, para no frenar la electrificación después.
Gráfico: Reparto de las inversiones del PNIEC 2021-2030
Conexiones industriales y redes de alta tensión
Otro de los elementos que debería incorporarse al nuevo marco es la habilitación de nuevas posiciones en subestaciones con espacio disponible, sin tener que esperar a una nueva planificación quinquenal. Este mecanismo, ya contemplado en anteriores propuestas normativas, permitiría agilizar la conexión de nuevos proyectos y reducir los plazos de ejecución.
En paralelo, el país necesita avanzar en la compartición de infraestructuras eléctricas. Las grandes demandas industriales —como plantas químicas o metalúrgicas— podrían beneficiarse de modelos de red compartida a 220 kV, lo que reduciría costes y optimizaría el uso de la infraestructura existente. Esta idea estuvo incluida en el Real Decreto-ley 7/2025, que no fue convalidado en el Congreso, pero su recuperación sería de gran valor para la reindustrialización del país.
La pieza que falta: la retribución
Más allá de las inversiones, la gran cuestión pendiente es la retribución de las redes. La CNMC regula, mediante circular, los criterios para determinar cuánto pueden recuperar las empresas distribuidoras por sus inversiones. Este modelo, diseñado en 2019, respondía a un contexto de estabilidad y contención del gasto, pero hoy se ha quedado corto para el nuevo ciclo inversor que exige la transición energética.
El Ministerio y la CNMC parecen moverse en direcciones distintas: mientras el primero impulsa un marco ambicioso de inversión, el segundo mantiene un sistema de retribución que no incentiva suficientemente la captación de capital ni la agilidad de los proyectos.
La consecuencia puede ser letal: un marco con grandes objetivos sobre el papel pero incapaz de atraer la financiación necesaria. Si las condiciones retributivas no se actualizan, el dinero irá a otros países europeos donde el retorno del capital sea más competitivo.
Por eso urge revisar la tasa de retribución financiera antes de que finalice el año, ajustándola a los niveles internacionales y a la creciente competencia por la financiación en energías limpias.
Coherencia institucional o parálisis
El mayor riesgo del nuevo Real Decreto no está en su contenido técnico, sino en su falta de coherencia con las circulares de la CNMC. Si ambos marcos no se alinean, los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) serán imposibles de cumplir.
No se trata de una disputa burocrática: la transición energética española depende de que los reguladores trabajen de forma coordinada. El país necesita invertir más y más rápido en redes, pero también con reglas claras, predecibles y compatibles. De lo contrario, los proyectos se retrasarán, los costes aumentarán y las empresas perderán confianza.
Redes, industria y competitividad
Las redes eléctricas no son solo una cuestión de cables y transformadores. Son la columna vertebral del nuevo modelo económico. Sin una red robusta, la electrificación será un sueño a medio hacer; con ella, España puede convertirse en una potencia industrial verde.
Reforzar las redes significa permitir que las renovables lleguen a los consumidores, que las fábricas se conecten sin esperas y que los hogares adopten tecnologías limpias sin sobrecargar el sistema. Cada euro invertido en red tiene un efecto multiplicador sobre la economía real: atrae empresas, crea empleo y mejora la eficiencia energética del país.
La política energética del futuro deberá, por tanto, situar la planificación de redes en el centro del debate, al mismo nivel que las renovables o la eficiencia. Es ahí donde se juega buena parte del éxito o fracaso de la transición.
Conclusión: planificación, consenso y visión
España tiene ante sí una oportunidad única para modernizar su infraestructura eléctrica y consolidar un modelo económico basado en la energía limpia. Pero no bastan los anuncios ni los planes quinquenales: hace falta coherencia institucional, flexibilidad regulatoria y visión de largo plazo.
El Real Decreto sobre redes es un paso en la buena dirección, pero su éxito dependerá de que se corrijan tres cosas: el exceso de rigidez en el ritmo de inversión, la escasa apuesta por la anticipación industrial y la desconexión con la CNMC en materia de retribución.
Si esas piezas encajan, España podrá afrontar la década de la electrificación con una red preparada para el futuro. Si no, corremos el riesgo de que la transición energética se quede literalmente sin conexión.
