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El gobernador del Banco de España insta a evaluar todas las leyes en España

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha abogado por establecer un sistema de evaluaciones obligatorias e independientes para todas las leyes en España. Esta propuesta tiene como objetivo mejorar la calidad institucional del país, señalando la necesidad de una planificación y una perspectiva de medio plazo más sólidas en la gestión pública española, aspecto que, según él, diferencia el desempeño agregado del sector público entre países.

Escrivá ha enfatizado la importancia de que la legislación española sea sometida a una vigilancia “mucho más fina” tanto en la fase previa como posterior a su aplicación definitiva. La finalidad es asegurar que las normativas “cumplen los objetivos” para los cuales fueron diseñadas. El gobernador comparó la situación con la de países de “mejor calidad institucional”, como Dinamarca y las naciones nórdicas, donde estas evaluaciones son un mecanismo habitual.

Para llevar a cabo estas evaluaciones, Escrivá sugiere que, además de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ya existe a nivel estatal, las Comunidades Autónomas también desarrollen sus propias agencias o instrumentos de evaluación. Si bien las comunidades pueden recurrir a la AIReF, el gobernador considera vital que se dote de mecanismos de vigilancia independientes en todos los niveles de la administración para garantizar un análisis riguroso y sistemático del impacto real de las leyes.

La propuesta de Escrivá busca superar la actual tendencia de la administración española a gestionar el corto plazo, careciendo de una visión estratégica y evaluativa a medio plazo. Con la obligatoriedad y la independencia de las evaluaciones legislativas, el Banco de España aspira a que se instaure una cultura de mayor rendimiento institucional y se optimice la eficacia de las políticas públicas a lo largo del tiempo.

 

Los despidos de indefinidos se incrementan un 138,4% desde la reforma laboral

Según datos de la Seguridad Social, entre enero y agosto de 2025 se registraron 632.096 despidos de trabajadores con contrato indefinido, frente a los 262.820 del mismo período en 2021, lo que implica un alza del 138,4% de este tipo de despidos desde el inicio de la reforma laboral.

Esta evolución se debe principalmente a la eliminación de contratos temporales por obra y servicio, lo que ha llevado a las empresas a optar por indefinidos más “inestables”, concentrando los ceses en empleados con poca antigüedad, con indemnizaciones menores al ser despedidos. Así, la tasa de despidos de indefinidos ha pasado del 0,25% al 0,61%.

Estos datos evidencian una precarización encubierta del empleo fijo, donde la reforma no ha eliminado la inestabilidad, sino que la ha trasladado de los temporales a los despidos tempranos de fijos. El grueso de las extinciones ocurre en los primeros meses de contrato, anulando el efecto estabilizador esperado. Además, los despidos por causas objetivas y disciplinarios han crecido significativamente, con un incremento del 352% en bajas durante el período de prueba de indefinidos (de 77.454 en el primer semestre de 2019 a 350.459 en 2025), según la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto sugiere que muchas empresas usan estos contratos como sustitutos de los eventuales para reducir costes, firmando indefinidos con la intención de no superar el período inicial.

En respuesta a esta situación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acaba de abrir una mesa de negociación para reformar el despido, enfocándose en encarecer o complicar los improcedentes y clarificar los objetivos, similar a la reforma de 2012

 

ATA urge a negociar que el uso del móvil o el coche sean gastos deducibles

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha exigido al Ministerio de Hacienda que reactive urgentemente las negociaciones para implementar una reforma fiscal que facilite y simplifique la deducción de gastos recurrentes para los autónomos, como los relacionados con el uso del vehículo o el teléfono móvil. Esta demanda surge de la complejidad actual para justificar estos gastos ante la Agencia Tributaria, lo que genera incertidumbre y desventajas competitivas para los trabajadores por cuenta propia. ATA propone elaborar una lista clara de gastos deducibles o porcentajes automáticos, eliminando la “prueba diabólica” que obliga a demostrar el uso exclusivo profesional de estos recursos.

De acuerdo con la normativa vigente, los autónomos pueden deducir parcialmente gastos como combustible, seguros, mantenimiento, ITV, peajes o aparcamientos del coche, siempre que acrediten su afectación a la actividad económica y presenten facturas justificadas. Sin embargo, para el IVA, el límite general es del 50% en vehículos no afectos al 100%, y en el IRPF solo se permite la amortización si el coche está íntegramente dedicado al trabajo, sin opción a afectación parcial. Respecto al móvil, la deducción se limita al 20% de los gastos de telefonía, excluyendo suministros fijos como internet si no hay contadores separados. Estas restricciones, agravadas por la reforma fiscal de 2018, complican la contabilidad diaria de miles de autónomos y les somete a la presión constante de su aceptación fiscal.

Según ATA, esta reforma no solo aliviaría la carga administrativa, sino que alinearía el tratamiento fiscal de los autónomos con el de las empresas, fomentando la competitividad y reduciendo litigios con Hacienda. Además, presiona en paralelo a la Seguridad Social para que las bases de cotización reflejen mejor los ingresos netos tras estas deducciones, para acabar con la discriminación que sufren los autónomos frente al resto de trabajadores.

 

El muro fiscal de la vivienda: casi el 25% del su precio son impuestos

Un conjunto de hasta 14 tasas e impuestos confirman el “muro fiscal de la vivienda”, que, según diversos actores del sector, encarecen el precio final de la vivienda en España hasta en un 25%. Esta elevada carga fiscal se aplica en todas las fases del proceso inmobiliario, desde la promoción y construcción hasta la venta y adquisición de los hogares, dificultando el acceso a la vivienda a pesar de la actual emergencia habitacional.

Esta alta fiscalidad constituye un obstáculo tan significativo como la falta de suelo o la escasez de oferta en el momento actual de crisis habitacional, pero el elevado volumen de recaudación que generan es la razón principal por la que las distintas administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y local, se muestran reticentes a debatir o reducir esta fiscalidad. Los cálculos realizados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) señalan el gran peso que tienen estos tributos en las arcas públicas, generando más de 52.000 millones de euros de ingresos tributarios al año, lo que equivale a un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

Según el IEE, la fiscalidad sobre la vivienda en España se encuentra entre las más elevadas de Europa. Como ejemplo se menciona que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) tiene un tipo general del 11%, una de las tasas más altas del continente. Además, el país es uno de los pocos, junto con Noruega y Suiza, que aplica impuestos sobre el patrimonio neto. Esta pesada carga fiscal agrava el problema de la accesibilidad, especialmente para los colectivos más vulnerables.

A excepción de las propias administraciones, todos los agentes del sector inmobiliario coinciden en que la excesiva fiscalidad es un factor clave que presiona al alza los precios y abogan por una revisión de estas 14 tasas para aliviar el “muro fiscal” y contribuir a mitigar la grave crisis de la vivienda que afecta al todo el territorio nacional.

 

Problemas para extender la fibra óptica a las zonas rurales

Los problemas de sincronización a la hora de ejecutar el programa UNICO Backhaul, un plan estatal financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, destinado a extender la fibra óptica hasta las torres de telefonía móvil en zonas rurales, amenazan con no alcanzar ni siquiera el 50% de las inversiones previstas en dicho plan. A pocos meses de que expire el plazo para su cumplimiento, no se ve factible alcanzar ni la mitad de la inversión prevista, lo que impactaría de lleno en una de las principales banderas políticas en materia de telecomunicaciones y conectividad digital.

El objetivo del programa es eliminar cuellos de botella en las conexiones de las torres de telefonía móvil con las redes troncales principales, facilitando así la implantación efectiva de servicios 5G en áreas despobladas.  El problema fundamental radica en la descoordinación temporal entre este programa y el plan complementario de Redes Activas, que se encarga de instalar los equipos 5G en las mismas torres.

UNICO Backhaul se licitó en 2023, un año antes que Redes Activas, debido a retrasos en la autorización de Bruselas para subsidiar los equipos 5G. Como resultado, muchas torres seleccionadas para recibir fibra óptica no han recibido finalmente los aparatos 5G, ya que los operadores priorizaron otras ubicaciones. Para servicios 4G, bastan enlaces de microondas, lo que hace innecesaria la fibra en esos casos, dejando obsoletas gran parte de las intervenciones planificadas.

El bajo nivel de ejecución supone también un retraso en la cobertura 5G en el territorio, afectando a comunidades aisladas que dependen de estas mejoras para el acceso a servicios digitales esenciales. Desde el sector de telecomunicaciones advierten que, sin una mayor agilidad, España podría incumplir compromisos europeos en materia de conectividad, perpetuando desigualdades territoriales.