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UPTA reclama a las Comunidades Autónomas rebajar 5 puntos del tramo del IRPF
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha lanzado una campaña nacional dirigida a todas las comunidades autónomas, exigiendo una rebaja de cinco puntos porcentuales en el tramo autonómico del IRPF aplicable a los rendimientos netos de actividades económicas de los autónomos personas físicas, específicamente en los tramos de renta hasta 35.200 euros. Según estimaciones de UPTA, la medida generaría un ahorro medio anual de 474 euros por autónomo con una base imponible de 30.000 euros, lo que ascendería a casi 900 millones de euros en total para las 15 comunidades afectadas.
Esta iniciativa, que se extiende a más de dos millones de autónomos en España —excluyendo Navarra y País Vasco por su régimen foral—, busca aliviar la elevada presión fiscal que soportan estos profesionales, quienes representan el 95% del tejido productivo nacional con márgenes reducidos y pequeños negocios.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha denunciado el desequilibrio del sistema tributario español, donde 3,4 millones de autónomos con ingresos modestos pagan proporcionalmente más impuestos que las apenas 50.000 grandes sociedades con facturación superior a cuatro millones de euros, que se benefician de deducciones y optimizaciones fiscales. La propuesta no solo mejoraría la liquidez de los pequeños emprendedores, fomentando la inversión y reduciendo el riesgo de cierres empresariales, sino que también contribuiría a contener la economía sumergida al hacer más viable la formalización de actividades. UPTA ha remitido formalmente la iniciativa a los parlamentos regionales, instando a debates urgentes en un contexto de incertidumbre económica.
Para compensar la eventual pérdida de recaudación en las arcas autonómicas —estimada en cientos de millones—, UPTA sugiere reforzar la financiación estatal a las comunidades y elevar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 20% al 25-27% para empresas con facturación superior a cuatro millones de euros, lo que generaría entre 1.200 y 1.800 millones adicionales en ingresos fiscales. Esta medida progresiva preservaría los servicios públicos esenciales mientras promueve la equidad tributaria, y ya ha sido presentada también al Ministerio de Hacienda para una posible extensión al tramo estatal, potencialmente duplicando el ahorro por autónomo hasta 1.200 euros anuales. La campaña subraya la necesidad de una reforma fiscal integral que priorice a los colectivos más vulnerables en el pilar de la economía española.
“Plan España Auto 2030” para impulsar el sector eléctrico de la automoción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a ANFAC y los principales agentes del sector de la automoción, presentó el pasado 3 de diciembre el “Plan España Auto 2030”, considerada la mayor estrategia industrial de la legislatura para garantizar el futuro de la automoción española, segundo productor europeo de vehículos y responsable del 10% del PIB y de casi 2 millones de empleos.
Con una inversión público-privada estimada entre 36.000 y 39.000 millones de euros hasta 2030 (incluyendo fondos Next Generation EU y aportaciones privadas) el plan se estructura en tres grandes ejes: reindustrialización y competitividad, impulso decidido a la demanda de vehículos electrificados e innovación en toda la cadena de valor. Su objetivo principal es elevar el valor añadido del sector de los actuales 85.000 millones a 120.000 millones de euros anuales en una década, manteniendo y creando empleo cualificado mientras se cumple la descarbonización del transporte.
En el eje de demanda destaca el nuevo Plan Auto+, con 400 millones de euros solo para 2026, que sustituirá al MOVES III y aplicará las ayudas como descuento inmediato en concesionario —hasta 7.000 euros por vehículo eléctrico con achatarramiento—, eliminando burocracia, con el objetivo de resolver la lista de espera de más de 100.000 solicitudes pendientes. Además, se destinan otros 400 millones específicos para liquidar esa cola histórica del MOVES. El plan unifica la gestión estatal, prioriza modelos asequibles -especialmente por debajo de 25.000 euros- y busca triplicar las matriculaciones de eléctricos en 2026, combatiendo el estancamiento actual en torno al 12-13 % de cuota de mercado.
En infraestructura e innovación, el plan prevé 300 millones para desplegar puntos de recarga rápida y ultrarrápida con objetivos vinculantes nacionales, autonómicos y provinciales, y refuerza los PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado con nuevas convocatorias. Incluye también la creación de un “sello España” para atraer gigafactorías (como la posible de BYD), formación de 100.000 trabajadores en competencias digitales y verdes, y medidas para estandarizar Zonas de Bajas Emisiones y fomentar la economía circular de baterías.
El presidente del Gobierno lo definió como “un plan de país” para evitar la desindustrialización y situar a España como hub europeo de movilidad sostenible, con evaluación intermedia en 2026 y prórrogas condicionadas al cumplimiento de objetivos de penetración del vehículo eléctrico y reducción de emisiones.
Los expertos anticipan un crecimiento exponencial de la ciberseguridad en España
El proyecto CIBER-SHUBE, cofinanciado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Universidad de Salamanca, ha publicado a principios de diciembre un informe anual clave para conocer el estado actual y las tendencias futuras del ecosistema de ciberseguridad en España.
Se trata de un estudio exhaustivo que analiza más de 600 iniciativas empresariales ciberseguras, donde se identifican los principales agentes del sector, los sectores de especialización (como finanzas, salud e industria), las tecnologías emergentes (IA, blockchain y ciberdefensa cuántica), así como las ventajas competitivas de España, entre las que sobresalen su talento investigador y las redes colaborativas. De igual forma, aborda los desafíos pendientes, como la dificultad para acceder a financiación, la escalabilidad de startups, la brecha en formación especializada y la limitada integración en programas institucionales europeos.
Una de las aportaciones más interesantes es el énfasis en la proyección internacional: el informe destaca como CIBER-SHUBE ha impulsado la internacionalización de 15 startups españolas mediante el programa Europass, participando en eventos globales donde se facilitaron alianzas estratégicas y matchmaking con inversores. Además, detalla dos ediciones del CIBER-SHUBE Latam/USA Roadshow, con actividades en Chile, Argentina y Miami, que han generado nuevas oportunidades de negocio y empleos en el sector, proyectando la creación de más de 5.000 puestos cualificados hasta 2026.
En cuanto a tendencias futuras, el documento anticipa un crecimiento exponencial del mercado ciberseguro español, valorado en más de 2.000 millones de euros para 2027, impulsado por la Directiva NIS2 y la soberanía digital europea, pero advierte sobre riesgos como el aumento de ciberataques a infraestructuras críticas (con un 30% más de incidentes en 2025) y la necesidad de invertir en talento joven, proponiendo recomendaciones concretas como la creación de fondos de venture capital dedicados y programas de upskilling en universidades.
El Observatorio CIBER-SHUBE, que ya cuenta con 1.195 miembros (empresas, investigadores y administraciones), se posiciona como un hub colaborativo para monitorear estos avances, fomentando la innovación abierta y la cooperación público-privada. El informe está disponible para descarga gratuita en el sitio oficial del proyecto: https://ciber-shube.eu/informe/
El precio de la vivienda aumenta un 12,8% en el tercer trimestre
El mercado inmobiliario español ha registrado un fuerte repunte en los precios de la vivienda durante el tercer trimestre de 2025, con un incremento interanual del 12,8 % según el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta cifra representa el mayor aumento para un tercer trimestre desde el inicio de la serie histórica en 2007 y se sitúa como la segunda subida más alta en términos globales, solo superada por el 13,1 % del primer trimestre de aquel año, en plena burbuja inmobiliaria previa a la crisis. Aunque la variación trimestral respecto al segundo trimestre es más moderada (+0,1 %), el encarecimiento generalizado acumula 46 trimestres consecutivos de alzas, lo que agrava la tensión en un sector ya presionado por la demanda postpandemia.
Por tipología de vivienda, la segunda mano lidera el incremento con un alza del 13,4 % interanual —el récord histórico para este segmento—, impulsada por un aumento trimestral del 3,3 %. En contraste, la obra nueva muestra una desaceleración, con un crecimiento del 9,7 % interanual (2,4 puntos menos que en el trimestre anterior) y solo un 0,6 % trimestral. Este desequilibrio refleja una oferta insuficiente de inmuebles nuevos, mientras que el mercado de usados absorbe la mayor parte de la presión compradora, en un contexto de tipos de interés elevados y expectativas de subidas continuas.
La escalada es uniforme en todo el territorio, con todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas registrando incrementos de dos dígitos. Murcia encabeza con un 15 %, seguida de Aragón (14,6 %), Ceuta y Melilla (14,5 %), Castilla y León (14,4 %), Comunidad de Madrid (14,2 %) y La Rioja (14,1 %). En la Comunidad de Madrid, el encarecimiento acumulado en la última década supera el 100 %, lo que intensifica el problema de acceso a la vivienda en la capital. Analistas atribuyen esta fiebre a una demanda “muy activa” que no encuentra contrapeso en la oferta, alertando sobre posibles señales de sobrevaloración similares a las de 2007, aunque en un marco regulatorio diferente.
El precio medio de la vivienda en España ha aumentado un 81% en la última década, con Madrid y Baleares entre las regiones más afectadas. Expertos como los de CaixaBank pronostican un cierre de 2025 con un 10 % de subida anual y un 6,3 % en 2026.
