La presión fiscal es asfixiante
La presión fiscal individual ha crecido espectacularmente desde el año 2018, hasta ser confiscatoria para una parte de los contribuyentes. En efecto, cada residente en España ha aporta una media de 21.144 entre los años 2018 y 2025 a las arcas públicas, a través de las distintas figuras recaudatorias de referencia, tales como el impuesto sobre la Renta, las cotizaciones sociales, el IVA, el de los bienes inmuebles o las cargas especiales que afectan a productos como el tabaco, el alcohol o los combustibles. Según el Instituto Juan de Mariana, autor del Informe, se trata de una contribución excesivamente alta teniendo en cuenta que el salario medio bruto en España. Esta circunstancia solo se explica por el acusado incremento de la presión fiscal aplicado en los últimos años, que ha provocado que el 54% del coste total por emplear a un trabajador acabe recayendo de una forma u otra en Hacienda, mientras que el asalariado solo retiene 46 % de renta efectiva.
El Trabajo pone de manifiesto que España converge con Europa por la vía fiscal y no por la de rentas, lo que penaliza especialmente a la clase media y utiliza la inflación como” impuesto encubierto”, en el marco de una escalada fiscal sostenida y poco transparente. En concreto, cuantifica en 591.679 millones de euros la recaudación por impuestos y cotizaciones en el ejercicio de 2024, un récord histórico que asciende al 37,1% del PIB; casi tres puntos más que en 2015 y que las previsiones de la Comisión Europea para este año 2026 elevan al 38,3%.
El documento detalla que, desde 2018, los ingresos tributarios han aumentado en 168.166 millones de euros, un 39,7% y podrían alcanzar los 248.000 millones en 2026, un 58,5% más. La presión fiscal habría crecido 3,4 puntos de PIB en ocho años, sin precedentes históricos. Mientras tanto, la presión fiscal se ha reducido en seis décimas de media en el conjunto de la Unión Europea. Mientras países como Francia, Suecia, Alemania o Bélgica han reducido la carga impositiva, España es el quinto país donde más se ha elevado la carga fiscal.
DISCREPANCIA EN LAS CIFRAS DEL MERCADO LABORAL
Según el Gobierno el mercado laboral español ha superado oficialmente por primera vez los 22 millones de afiliaciones en términos desestacionalizados. Este avance coincide con un descenso del paro que sitúa el número total de desempleados en su nivel más bajo para un mes de marzo en los últimos 18 años, consolidando la tendencia positiva del empleo en el país.
Sin embargo, según la encuesta de Población Activa, correspondiente al primer trimestre de este año, el número de parados ha aumentado en 231.500 personas con lo que la tasa de paro se la elevado al 10,83 % de la población activa, la más alta de todos los países de la Union europea. Aunque este trimestre suele ser malo para el empleo por el fin de la campaña de navidad, esta vez ha sido peor de lo normal por el mal comportamiento del turismo, a pesar de que la campaña de Semana Santa comenzó a finales de marzo.
Además, se han perdido 170.300 ocupados en solo tres meses, la mayor caída desde el año 2014 a excepción del año de la pandemia 2020 y que el sector servicios, clave en nuestra economía, se ha desplomado en 228.400 ocupados. Además, «un afiliado puede tener varias afiliaciones porque está pluriempleado, y tenemos un nivel de pluriempleo en España que está en tasas históricas.
Estos datos de la EPA confirman una clara desaceleración de la actividad económica en España, que puede intensificarse si la Guerra de Irán se prolonga.
UNA POLÍTICA MONETARIA RESTRICTIVA
La restricción del tráfico de petroleros y barcos de gas a través del Estrecho de Ormuz disparó los precios de las materias primas energéticas en Europa desde el mismo instante que se produjo el primer ataque de Estados Unidos en Irán. El recelo inversor a un problema global de abastecimiento de combustible disparó las expectativas de inflación en la eurozona. Del mismo modo, el mercado comenzó a barajar la intervención del Banco Central Europeo (BCE) para contrarrestar el efecto del auge de los precios en la economía. Es decir, se esperaban subidas de tipos de interés que no estaban previstos al comienzo del año.
Según los contratos financieros OIS (de Overnight Indexed Swaps, que se suelen utilizar también para proyectar dónde estarán los tipos de interés de un banco central en el corto plazo), se llegó a descontar hasta una subida de tipos de 100 puntos básicos en 2026 para contrarrestar el efecto inflacionario de la guerra. Antes de la tregua alcanzada esta madrugada, se barajaban tres subidas de tipos de 25 puntos básicos cada una antes de cerrar el año. Actualmente, se espera que la intervención del BCE sea menor, con tan solo dos ajustes de 25 puntos básicos a lo largo del presente año, puesto que en la reunión de abril se han mantenido, aunque se hablo ya de posibles elevaciones.
De esta manera, se elimina un recorte esperado en la eurozona, que casi estaría descontando el cambio en las rentabilidades de los bonos europeos en la cotización de este miércoles solo con la tregua que aún no da por cerrado el conflicto. Más que un cierre definitivo, el acuerdo parece funcionar como una solución provisional que permite a ambas partes ganar tiempo, reducir costes inmediatos y construir un relato interno de contención y éxito.
