Los otros apagones olvidados
Los informes técnicos que pretenden dilucidar las causas del ‘apagón’ o ‘cero eléctrico’ del 28 de abril en la Península Ibérica han dado lugar a una batalla campal entre el Gobierno, Red Eléctrica y las operadoras, incluso con la participación del organismo europeo que integra a los gestores técnicos de los sistemas eléctricos (ENTSO). Es un momento de máxima tensión (nunca mejor dicho) ya que el ‘apagón’ puede traer consecuencias jurídicas y económicas muy serias.
Mientras que esto pasa, en España hay más ‘apagones’ que apenas se conocen pero que afectan a partes importantes del territorio. Es el caso de las Islas Canarias, donde desde 2018 se han registrado 6 ‘ceros’ en las islas de Tenerife, La Gomera y La Palma. La combinación de instalaciones eléctricas obsoletas, la existencia de un cuasi monopolio en la generación basada en combustibles fósiles altamente contaminantes (2 de las 20 industrias más contaminantes están en Canarias y son las térmicas que más electricidad producen) y los problemas a la hora de implementar una política energética seria y estable a largo plazo hacen que los ‘apagones’ proliferen con grave riesgo tanto para la población como para el desarrollo económico.
Merece especial estudio el caso de La Palma. La Palma ha vuelto a quedar a oscuras. Otro apagón total. Y ya van tres en lo que va de año. Esta situación, más que una anomalía, empieza a parecer una rutina dramática. Lo grave no es solo el ‘cero eléctrico’, sino el silencio que lo acompaña: comunicados vagos, promesas huecas y una falta de respuestas que resulta insultante para cualquier ciudadano que aún crea en la responsabilidad institucional.
Lo que está ocurriendo en La Palma no puede seguir tratándose como un fallo técnico aislado. Es una crisis energética, de gestión y, sobre todo, de voluntad política. Las soluciones existen. Pero requieren una decisión clara: dejar de proteger intereses corporativos y empezar a proteger a los palmeros.
Tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno central tienen herramientas para actuar con contundencia. Herramientas ordinarias y extraordinarias. Si no las usan, estarán enviando un mensaje claro: que toleran la degradación de la calidad de vida de una parte del territorio español. Y eso es inaceptable.
Una de las primeras decisiones que debería adoptarse es declarar a La Palma en situación de emergencia energética. Esta figura, dentro de las competencias autonómicas, permitiría movilizar recursos con rapidez, agilizar procedimientos y coordinar directamente con el Ministerio para la Transición Ecológica. Pero más allá de lo técnico, sería una señal política potente: la isla importa, su seguridad importa.
Y no se trata solo de palabras. Mientras en otras islas, como La Gomera, se desplegaron grupos electrógenos de respaldo tras sufrir situaciones críticas, en La Palma seguimos sin una solución provisional decente. Tres apagones después, ni un solo grupo de emergencia instalado. ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde están los criterios objetivos? ¿Por qué se responde de forma tan desigual ante problemas similares?
Instalar grupos móviles de emergencia no es un lujo, es una necesidad urgente. Pero sería solo el primer paso. Es imprescindible iniciar ya la planificación de sistemas de baterías y soluciones de almacenamiento que garanticen no solo contingencia, sino estabilidad y futuro. Esa infraestructura puede formar parte del sistema energético permanente y conectarse con una estrategia de renovables, geotermia y autoconsumo.
Pero todo esto choca con un problema de fondo: la empresa concesionaria no ha demostrado capacidad para garantizar el suministro. Y cuando una empresa privada falla repetidamente en algo tan crítico, la administración tiene el deber de intervenir. No se trata de nacionalizar, sino de gestionar temporal y excepcionalmente unas instalaciones que son vitales. Si una planta de agua potable fallara tres veces en seis meses, nadie dudaría en tomar el control. ¿Por qué con la electricidad sí se acepta?
Además, el problema no es solo de motores antiguos. La red eléctrica auxiliar está obsoleta, mal mantenida, llena de piezas con décadas de servicio. Transformadores de hace más de cuarenta años, subestaciones deterioradas, líneas que caen con el viento. No se puede seguir confiando en los informes de las propias empresas implicadas. Hace falta una auditoría externa, profesional e independiente, encargada por una institución neutral como el IDAE o la CNMC. Solo así se sabrá realmente qué falla y cómo corregirlo.
Con ese diagnóstico en la mano, debe diseñarse un plan de renovación exprés, financiado con fondos europeos o estatales. Hay que actuar justo donde el fallo es más probable: sistemas de protección, relés, cuadros de mando… No puede permitirse que una isla entera dependa de componentes que ya deberían estar fuera de servicio.
Y junto a todo eso, hace falta transparencia. La ciudadanía merece saber qué ocurre y por qué. La creación de un comité de seguimiento, con participación de técnicos independientes, representantes insulares y asociaciones vecinales, sería un paso básico. No más oscurantismo. Informes públicos, canales de denuncia técnica, responsabilidad compartida.
Pero mirar al corto plazo no basta. La Palma necesita un nuevo modelo energético. Uno basado en la resiliencia, con almacenamiento distribuido, redes inteligentes, autoconsumo y fuentes firmes como la geotermia o el bombeo reversible. No se puede justificar la parálisis con la excusa de la transición energética. Ni frenar la transición por miedo al fallo. Lo que se necesita es gestión responsable, inversión inteligente y planificación a la altura de los desafíos.
La ciudadanía palmera no pide milagros. Pide rigor. Pide respeto. Y sobre todo, pide soluciones. Lo que está en juego no es solo la luz, sino la dignidad de una isla que no puede seguir siendo tratada como una nota al pie en los planes energéticos de Canarias.
El próximo apagón no puede pillarnos con los brazos cruzados. Porque entonces ya no será un fallo del sistema. Será una negligencia institucional. Y esa sí que no tendrá excusas.