Mantente informado – Resumen de la actualidad
Los contratos de extranjeros crecen un 7% y ya suponen uno de cada cuatro en España
Los trabajadores extranjeros se consolidan como el principal motor de la contratación en España. Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en 2025 se firmaron 3.990.511 contratos por personas nacidas fuera de España, un 7% más que el año anterior, mientras que las contrataciones de españoles retrocedieron un 0,3%.
Este dinamismo ha elevado su peso hasta el 25,51% del total de contratos laborales, es decir, uno de cada cuatro. Hace solo una década, en 2016, representaban el 16,39%. La tendencia se refleja también en la Seguridad Social: en la primera quincena de abril de 2026, los cotizantes extranjeros superaron los 3,1 millones, marcando un nuevo récord histórico.
El fenómeno adquiere mayor relevancia al compararlo con el resto de Europa. Según datos de Eurostat y análisis de instituciones como BBVA Research, los inmigrantes -nacidos fuera de la UE o en otro Estado miembro- explicaron alrededor del 67% del crecimiento del empleo en la Unión Europea entre 2022 y 2025, compensando el declive demográfico nativo en la mayoría de países grandes. Sin embargo, España presenta una de las dependencias más intensas del continente: el peso de los contratos firmados por extranjeros supera claramente el de países como Alemania o Francia, donde suele situarse por debajo del 20% en la mayoría de los casos. Solo naciones con alta proporción de población inmigrante como Luxemburgo, Malta o Austria registran niveles comparables o superiores.
Además, en España destaca la alta temporalidad, ya que el 66% de los contratos a extranjeros fueron temporales, muy por encima de la media nacional y europea, donde los no comunitarios tenían un 22,5% de temporalidad en 2024, frente al 10,9% de los nacionales. Estos empleos se concentran en sectores como hostelería, agricultura, construcción y servicios, donde la demanda de mano de obra es elevada.
Expertos coinciden en que la inmigración laboral se ha convertido en un factor estructural clave para sostener el crecimiento económico y la creación de empleo en España, con un fuerte envejecimiento y baja natalidad. Con la regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes en marcha, su peso en el mercado laboral podría seguir aumentando en los próximos meses.
La banca española pide a Bruselas un test previo que obligue a justificar cada nueva regulación
La banca española ha elevado el tono y reclama con urgencia a las instituciones europeas la implantación inmediata de un “test previo” o “nivel cero” que obligue a justificar de forma rigurosa la necesidad real de cualquier nueva regulación financiera antes de empezar su tramitación.
El sector financiero español propone introducir en el proceso legislativo comunitario una presunción contraria a regular, de forma que solo se apruebe una norma si se demuestra claramente que es imprescindible, tras evaluar sus objetivos, costes, beneficios y posibles alternativas. El objetivo es frenar de raíz el “laberinto regulatorio” que, desde la crisis de 2008, asfixia a las entidades.
Tras más de quince años de avalancha normativa —Basilea III, Unión Bancaria, CRR, CRD, BRRD, MiFID II, DORA y múltiples trasposiciones nacionales con “gold-plating”— la legislación bancaria europea se encuentra en medio de un marasmo donde las reglas se solapan, se contradicen y generan miles de páginas de obligaciones. En la actualidad, según detalla el informe “Less is More”, elaborado en 2025 por un grupo de expertos respaldado por múltiples asociaciones y federaciones bancarias, existen 193 textos normativos distintos, con capas de normas técnicas, directrices y Q&A que se superponen y dificultan su interpretación. Este entramado ha disparado los costes de cumplimiento, reducido la rentabilidad de los bancos y limitado su capacidad para financiar la economía real, erosionando además la competitividad europea frente a Estados Unidos y Asia. En términos económicos, se estima que esta sobrecarga inmoviliza entre 2,7 y 4,1 billones de euros de capacidad de financiación.
Las patronales advierten que, sin este filtro “nivel cero”, el tsunami regulatorio continuará enredándose y restando recursos al crédito y al crecimiento. Expertos como Mario Draghi y Enrico Letta ya han alertado de que esta complejidad excesiva frena directamente la economía de la UE.
El Gobierno obligará desde octubre a usar el prefijo 400 en todas las llamadas comerciales
El Gobierno de España pondrá fin a las llamadas comerciales encubiertas. A partir de octubre de 2026, todas las comunicaciones telefónicas de carácter comercial deberán realizarse obligatoriamente desde números que comiencen por el prefijo 400, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 16 de abril por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que da un plazo de seis meses a las compañías operadoras para su implementación completa.
La medida, integrada en el Plan Antiestafas lanzado en 2025, obliga a los operadores de telecomunicaciones a bloquear de forma sistemática cualquier llamada de ventas que no utilice esta nueva numeración de nueve dígitos. De esta forma, los usuarios podrán identificar al instante si se trata de una llamada comercial antes de descolgar, mejorando la transparencia y reduciendo el acoso telefónico.
Los números con prefijo 400 serán unidireccionales: los ciudadanos solo podrán recibir la llamada, pero no devolverla, lo que limita posibles fraudes o cargos indebidos. La resolución también faculta a los abonados para restringir automáticamente cualquier contacto comercial vinculado a estos números.
Esta iniciativa da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela aprobada en diciembre de 2025 y complementa otras acciones del Plan Antiestafas, como el bloqueo de llamadas y SMS sospechosos. Según fuentes oficiales, estas políticas ya han permitido bloquear más de 192 millones de llamadas fraudulentas y 17 millones de mensajes SMS.
Los servicios de atención al cliente quedarán excluidos de esta obligación y podrán seguir utilizándose a través de números gratuitos (800 y 900), numeración geográfica o rangos específicos.
La Encuesta Financiera de las Familias muestra el incremento de la brecha de riqueza entre hogares y entre generaciones
El Banco de España presentó el 16 de abril de 2026 los resultados de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) correspondiente a 2024, elaborada con datos de renta de 2023. El informe destaca una mejora general en la renta y riqueza de los hogares, pero con un aumento significativo de la desigualdad, donde los hogares más pobres pierden patrimonio y el acceso a la vivienda en propiedad cae a mínimos.
Entre los resultados más destacados se encuentran:
- Aumento de la renta y riqueza mediana: La riqueza neta mediana de las familias españolas aumentó, pasando de 152.700 euros en 2022 a 160.800 euros a finales de 2024. La renta mediana superó los niveles de 2001, impulsada por la creación de empleo.
- Brecha de riqueza y vulnerabilidad: A pesar del aumento general, la riqueza de los hogares más pobres (el percentil inferior) cayó un 4,3% entre 2022 y 2024. El informe detecta que cerca de un millón de familias están en riesgo de vulnerabilidad financiera debido al aumento de deudas y costes de vida.
- Caída en la propiedad de vivienda: La proporción de hogares propietarios de su vivienda principal continuó su caída sostenida desde 2011, alcanzando un mínimo del 70,6% en 2024. El acceso a la vivienda se consolida como una barrera que aumenta la desigualdad, afectando especialmente a jóvenes y extranjeros.
- Concentración en edad: La mejora del patrimonio se debe fundamentalmente a los hogares con personas mayores de 65 años, evidenciando una creciente brecha generacional.
- Cambios en el consumo: Durante 2024, los hogares ajustaron sus gastos, registrando una caída del 6,3% en alimentación y un aumento del 10,6% en inversión en vehículos.
Estos datos confirman un panorama de “dos velocidades”, con hogares que recuperan renta tras la inflación, mientras que los hogares de menores ingresos y jóvenes pierden capacidad patrimonial y ven restringido el acceso a la propiedad inmobiliaria
