La eterna discusión sobre el agua
Hace unos días estuve invitado a una mesa redonda con expertos del sector del agua con motivo de la presentación de un informe denominado “Cada gota cuenta” elaborado por el Instituto Español de Analistas[1]. El agua, como las pensiones o la vivienda, es el eterno debate en el que somos buenos conocedores de las soluciones y con un diagnóstico más o menos común de los problemas, pero con una incapacidad absoluta para implementar un modelo eficiente y eficaz.
El fracaso en la política del agua ocurre tanto en los momentos de sequía como en los que hay lluvias más que suficientes. Los enfrentamientos entre territorios, la dificultad para entender la complejidad del agua como un bien imprescindible para la vida humana y, al mismo tiempo, como una commodity cuya gestión adecuada depende de que haya una oferta y una demanda bien definidas, hacen que sea muy difícil vislumbrar una solución práctica y coherente.
En este sentido, la nueva Comisión Europea que tomó posesión hace unos meses ha hecho de la resiliencia hídrica una prioridad política fundamental para su mandato 2024-2029, mediante la presentación de una Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica (el 4 de junio de 2025). Mediante la introducción de directrices políticas, recomendaciones, planes de acción y proyectos piloto, la iniciativa allana el camino para restaurar el ciclo interrumpido del agua, construir una economía inteligente en el uso del agua, garantizar agua limpia y asequible para todos, impulsar la investigación y la innovación, y reforzar la resiliencia y la preparación ante catástrofes en toda la UE. En el corazón de la Estrategia se encuentra el principio de “La eficiencia hídrica primero”, que prioriza el uso sostenible, la reutilización y la conservación del agua en todos los sectores.
Las últimas cifras son alarmantes: el estrés hídrico en Europa alcanza a un tercio del territorio del continente y a más del 40% de la población.
Fuente: Politico
Cuando esto sucede se multiplican las acciones para encontrar “culpables” en vez de tener un plan estructurado que permita gestionar adecuadamente las sequías y las inundaciones a largo plazo. Así, el primer elemento que surge es la distribución del consumo de agua por sectores productivos, para mostrar que la agricultura es quien más agua gasta (en torno al 70%) y, por tanto, eso justifica culpar a la producción agroalimentaria de lo que pueda suceder con el suministro de agua, imponiendo restricciones, costes más elevados y desincentivando el consumo de determinados alimentos como la carne por ser “altamente perjudiciales para el consumo de agua”.
Pocas voces se alzan contra esta descripción falaz. La falta de estadísticas fiables y la dispersión de los datos existentes hace que se oculte un hecho fundamental como es el “consumo neto”: cuánta agua consumes y cuánta agua devuelves al ciclo integral. En este sentido, la actividad agroalimentaria devuelve un porcentaje muy importante del agua que obtiene de fuentes de agua “fresca”, poniendo el foco en el mal uso del agua que se hace cuando no se gestiona adecuadamente la masa forestal en las montañas y lugares de nacimiento de los ríos. El “agua verde” sí supone una pérdida real del recurso sin que vuelva al ciclo integral.
Fuente: Politico[2]
Por ello, una Europa resiliente al agua debe abordar los mecanismos de oferta de recurso y los costes de la energía asociados. Tanto el agua regenerada como el agua desalada deben complementarse con una garantía en el suministro energético y debe tenerse en cuenta las limitaciones para la energía hidráulica en periodos de sequía, ya sea por falta de recurso o por la reserva del mismo. Los avances tecnológicos tanto en desalación como regeneración permiten procesar más hm3 de agua al año minimizando los residuos e, incluso, devolviendo agua al ciclo integral en lugares donde el estrés hídrico es mayor. La experiencia iluminadora de Israel desde los años 50 y 60 o el ejemplo del valle de San Joaquín en California son muy ilustrativas al respecto.
Así mismo, los mecanismos de oferta deben tener en cuenta (especialmente en los países sujetos a sequías recurrentes) la gestión del “agua verde” y la necesidad de infraestructuras de almacenamiento (presas, recarga de acuíferos, mercados de agua…) que garanticen o permitan una garantía de suministro a medio largo plazo, suficientes para que la mayor parte de las pymes dependientes de las redes de abastecimiento de agua no vean afectadas sus operaciones, ya sea por la disponibilidad del recurso o por los costes extraordinarios en que deban incurrir.
En este contexto es esencial flexibilizar la normativa ambiental en donde el contexto de falta de gestión forestal haya permitido un crecimiento de la biomasa (“agua verde”), derivando en un mayor riesgo de incendio y a su vez en una disminución de la escorrentía de agua hacia los embalses responsables de garantizar el abastecimiento.
Igualmente debe considerarse la modificación de la Directiva Marco del Agua con el objetivo de promover la construcción de embalses que aporten una mayor garantía de suministro y que a su vez contribuyan al control de inundaciones dado que el clima tiende cada vez más hacia los extremos (o sequía o inundaciones repentinas). Sin ir más lejos, ¿cuántas vidas y PIB se habría salvado en Valencia si las infraestructuras hídricas y su gestión hubieran sido las adecuadas?
[1] https://institutodeanalistas.com/wp-content/uploads/Cada-gota-cuenta.pdf
[2] https://www.politico.eu/article/eu-water-water-resilience-strategy-crisis-by-the-numbers/#:~:text=More%20than%2040%20percent%20of,access%20to%20this%20essential%20resource.