Fernando Santiago advierte que el último cuatrimestre será exigente y pide a la Administración un cambio de enfoque para proteger a los negocios y al empleo

• El absentismo laboral cuesta ya 27.000 millones al año y erosiona la competitividad, mientras la productividad española sigue estancada muy por debajo de Europa.
• La llamada ‘maldición del empleado 50’ sigue siendo un muro para el crecimiento: un solo trabajador adicional dispara las obligaciones y frena a las pymes.

Madrid, 25 de agosto de 2025. Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, alerta de que la recta final de 2025 se presenta con importantes desafíos para la economía española. A los efectos inmediatos de los incendios forestales y su impacto sobre el turismo en determinadas zonas, se añaden problemas estructurales como el absentismo laboral, las dificultades de financiación, la presión fiscal y la falta de reformas para facilitar el crecimiento empresarial. Todo ello dibuja un escenario que exige anticipación, agilidad y una forma diferente de abordar la política económica.

Los Gestores Administrativos reclaman a los gobernantes que sitúen el foco en un punto diferente al habitual: crear empleo no significa solo aprobar normas laborales, sino ayudar a quienes lo generan. “Si queremos que los empresarios sigan apostando por sus negocios, hay que darles oxígeno, simplificar los trámites y facilitar el acceso a financiación. Una vez que se les ayuda, se les debe exigir resultados y responsabilidad, pero primero necesitan herramientas para sostener su actividad”, explica Santiago.

Los incendios de este verano, que han afectado a regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura o Andalucía, no solo han dejado miles de hectáreas devastadas, sino que también han golpeado la temporada turística en algunas de las zonas más afectadas. Se han cerrado rutas culturales clave, se han interrumpido conexiones ferroviarias y se han producido evacuaciones masivas en localidades costeras.

En esas áreas, el turismo se ha visto seriamente afectado, con cancelaciones en alojamientos rurales, pérdidas significativas para restaurantes, transportes y pequeños negocios. Según cálculos recogidos por El Debate, el impacto económico global de los incendios en España —incluyendo daños directos, costes de extinción y pérdidas de actividad— se sitúa en una horquilla de entre 5.400 y 9.400 millones de euros.

La experiencia reciente muestra que, si las ayudas tardan en llegar o se aprueban con trámites complejos, el daño se agrava. “El objetivo debe ser que las ayudas se reciban rápido y con una justificación sencilla. De lo contrario, la burocracia se convierte en un segundo incendio”, señala el presidente de los Gestores Administrativos.

“Absentismo y productividad: una carga que erosiona la competitividad”

El mercado laboral español afronta un reto doble. Por un lado, el absentismo laboral alcanza ya el 6,7 % de las horas pactadas, lo que supone más de 1,3 millones de empleos equivalentes perdidos al año. Según el análisis elaborado por el Consejo General, esta inactividad tiene un coste de 27.000 millones de euros anuales, cifra que se elevaría hasta los 46.000 millones, un 3,2 % del PIB, si se combina con una eventual reducción generalizada de la jornada laboral. Por otro, la productividad sigue estancada: cada hora trabajada en España produce apenas 45 euros de valor, muy por debajo de países como Francia o Alemania. “No es sostenible que trabajen cada vez menos personas y se trabajen cada vez menos horas. No se trata de ideología, sino de matemáticas”, advierte Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.

“Pymes asfixiadas: menos crédito, más impuestos y cierres”

El último Barómetro de los Gestores Administrativos confirma la fragilidad del tejido empresarial. Entre enero y junio de 2025 ha desaparecido el 4,8 % de las pequeñas y medianas empresas, y el acceso al crédito se ha deteriorado para el 40 % de los negocios. La mitad paga más impuestos que hace un año, pese a que solo un tercio factura más. El 17 % de las empresas tiene hoy problemas de liquidez y un 25 % ha aumentado su endeudamiento. “Se crean empresas nuevas, pero muchas otras, viables, cierran porque no encuentran oxígeno. Eso no es recuperación: es rotación forzada”, denuncia Santiago.

A esta situación se suma la falta de reformas estructurales. España ha comenzado a trabajar en adaptar los criterios europeos que actualizan qué se considera una pyme. En la práctica el problema apenas cambia: la diferencia de pasar de 49 a 50 trabajadores sigue suponiendo un salto desproporcionado en obligaciones legales, laborales y administrativas que muchas empresas no pueden asumir. La llamada “maldición del empleado 50” sigue intacta, porque un solo trabajador adicional puede disparar los costes de cumplimiento y convertirse en un freno al crecimiento. Los Gestores Administrativos insisten en que este muro normativo debe revisarse a fondo para no castigar a las empresas que quieren crecer. Y, sobre todo, aprobarlo cuanto antes. ¿Será posible aprobar la Ley con la parálisis normativa que asola a nuestro Parlamento?

“La jubilación de los baby boomers incrementa la presión del mercado laboral”

Este análisis se realiza en un contexto que añade presión adicional: la generación del baby boom ya está accediendo masivamente a la jubilación —se estima que, en 2030, prácticamente 4 millones de baby boomers ya disfrutarán de su jubilación, cifra que superará los 11 millones en 2040, según datos recogidos por El Economista en enero de 2024—. Esta realidad demográfica, junto con un sistema de pensiones de reparto tradicional y una población activa en reducción, exige reformas estructurales urgentes. Todo ello, en un contexto de inflación todavía elevada en sectores clave y de incertidumbre internacional que afecta al comercio y a la energía.

 

En este contexto, los Gestores Administrativos insisten en que el último cuatrimestre del año puede ser difícil, pero no necesariamente catastrófico si se adoptan medidas a tiempo. “Se trata de anticipar, no de alarmar. España necesita gobernantes que entiendan que la salud de los negocios es la salud del empleo y de la economía. Si se ayuda a los empleadores, se protege a los trabajadores y a las familias”, concluye Santiago.