“Cuando todo depende de un juez, algo ha fallado en la política”, afirma el presidente de los Gestores Administrativos
- El IV Encuentro Jurídico, organizado por el CGCGA y el ICOGAM, abordó la deslegitimación de la Justicia, la presión política sobre el poder judicial y su creciente exposición mediática.
- Fernando Santiago y Juan Carlos Campo alertaron sobre la instrumentalización de la Justicia como vía para resolver conflictos políticos.
- Las mesas de debate reflexionaron sobre la polarización de la política y la influencia de los medios y las Redes en “los juicios paralelos”.
Madrid, 3 de junio de 2025 – La deslegitimación de la Justicia, la defensa de su independencia y la creciente exposición del Poder Judicial han centrado la IV edición del Encuentro Jurídico organizado por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos (CGCGA) y el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM).
El IV Encuentro Jurídico se celebra en un contexto marcado por una creciente polarización política, las dificultades de renovación del mundo judicial y una ciudadanía cada vez más crítica con las instituciones. En este escenario, el debate sobre el papel de los jueces y la preservación del equilibrio institucional adquiere una importancia crucial.
El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ha advertido sobre las consecuencias de la instrumentalización política de la Justicia y la tensión entre el poder Legislativo y el Judicial: “El juez se ha convertido en el árbitro forzado de los conflictos políticos. Sin embargo, se les exige actuar con firmeza, pero se les reprocha extralimitarse. Esta situación deriva en una creciente tensión que debilita su autoridad y su función equilibradora dentro del sistema institucional”. Una realidad que, en sus palabras, refleja una anomalía en el sistema político: “Cuando todo depende del juez, algo ha fallado en la política”, advirtió Santiago.
El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos y el ICOGAM, como corporaciones de derecho público, mantienen un firme compromiso con la defensa de los valores constitucionales, el respeto a la legalidad y la mejora de la calidad democrática. Con la celebración de estos encuentros jurídicos, contribuyen a un debate necesario y riguroso sobre los pilares del Estado de Derecho.
El magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue el encargado de inaugurar el encuentro con una ponencia centrada en el equilibrio de los poderes, en la que ha reflexionado sobre el papel de los jueces como garantes de la Constitución: “Vivimos una enorme devaluación de la política y una inflación de la respuesta judicial”. El magistrado ha apuntado cómo se ha tenido que recurrir a los tribunales para resolver cuestiones políticas, sin embargo, “los fallos no apaciguan ni la división social ni las posiciones encontradas”, insistió.
En su papel como intermediarios entre ciudadanía, empresa y Administración, los gestores administrativos se sitúan en la primera línea de defensa jurídica y administrativa. Su experiencia diaria les permite detectar las tensiones que se generan cuando la inseguridad jurídica, la sobrecarga judicial o la confusión normativa impiden una gestión pública eficaz. Por ello, su visión contribuye a una reflexión práctica sobre cómo reforzar las garantías institucionales desde la base.
La jornada se ha articulado sobre tres mesas de debate, en las que se ha reflexionado sobre la independencia judicial, la fragilidad del marco constitucional ante la presión política y el papel de los medios de comunicación en la percepción de la Justicia.
La primera mesa, titulada ‘Tribunal Supremo: el reto de garantizar derechos en tiempos de crisis’, ha reunido a los magistrados del TS Antonio del Moral y Juan Pedro Quintana, quienes han defendido la discreción y neutralidad de los magistrados y han advertido sobre los riesgos de la exposición mediática y de los “jueces estrella”. Del Moral remarcó: “Un juez debe de abstenerse de entrar en el debate político”. Por su parte, Quintana subrayó que el mayor valor que tiene el Poder Judicial es la confianza de la sociedad en sus decisiones, y añadió: “Lo que hacemos es tratar de mantener una cierta lejanía de los planteamientos políticos y resolver con arreglo al derecho”.
Por su parte, los magistrados del Tribunal Constitucional José María Macías Castaño y Luís López Guerra protagonizaron el segundo coloquio centrado en la interpretación jurídica y la presión política. Ambos ponentes analizaron los límites de la Constitución y coincidieron en la importancia de construir consensos como garantía democrática. “No se espera de nosotros que lleguemos con la cabeza vacía, pero sí con la mente abierta”, señaló Macías Castaño. Por su parte, López Guerra advirtió sobre la importancia de que las decisiones no se vean arrastradas por la polarización.
La expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el periodista Antonio Hernández-Rodicio, cerraron el IV Encuentro Jurídico analizando la “extensión” de la Justicia a la política y el papel de los medios de comunicación. Batet señaló que el Poder Judicial debe mantener sus propias reglas del juego, sin dejarse arrastrar por lógicas partidistas o mediáticas: “Uno de los grandes problemas de nuestra democracia es la judicialización de la política. Los jueces están cada vez más sometidos a resolver problemas políticos con armas que no son políticas, son jurídicas”. Esta dinámica se produce en un momento en el que “la política se ha polarizado hasta tal extremo que se considera que solo hay una política correcta”.
Por su parte, Hernández-Rodicio puso el foco en el papel de los medios de comunicación y las Redes Sociales en la construcción de la percepción pública sobre la Justicia: “Tenemos un problema con los hechos. Hay una mezcla absoluta entre información y opinión, y eso también daña la democracia”, concluyó. Y alertó sobre una deriva preocupante: “Ya no solo se trata de juicios en paralelo, sino que son campañas movilizadas, coordinadas y muchas veces financiadas para influir en las sentencias.
