Mantente informado – Resumen de actualidad
El nuevo decreto de zonas inundables obligará a informar cuando una vivienda esté en un área de riesgo antes de su venta
El Gobierno ha iniciado el trámite de audiencia pública del nuevo real decreto de zonas inundables, que introducirá importantes novedades en materia de transparencia y prevención. Entre las principales medidas, se obligará a informar expresamente si una vivienda —ya sea de nueva construcción o de segunda mano— se encuentra en una zona con riesgo de inundación antes de proceder a su compraventa, y esta información deberá constar en el Registro de la Propiedad.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció la apertura del proceso el pasado 15 de julio. El decreto busca reducir la vulnerabilidad ante inundaciones mediante limitaciones constructivas (construir por encima de la cota de riesgo, evitar garajes subterráneos en zonas peligrosas y restringir usos especialmente vulnerables) y una mayor transparencia.
Hasta ahora, la obligación de informar sobre riesgo de inundación solo existía para viviendas de obra nueva. Con esta norma se extenderá también a las ya construidas, de forma que el comprador conozca esta circunstancia antes de formalizar la operación. “No significa que no se pueda habitar, significa que la población esté informada y pueda actuar”, señaló la ministra.
El real decreto incluirá además un catálogo de inundaciones históricas, la incorporación de mapas de peligrosidad y riesgo en los planes urbanísticos, y medidas de adaptación para ayuntamientos. También contempla acciones formativas dirigidas a personal de la administración y jóvenes.
Esta iniciativa responde a la realidad de que España cuenta con numerosas zonas de riesgo y que “se sigue construyendo” en áreas inundables. El objetivo es permitir que los ríos dispongan de espacios para las avenidas y minimizar la ocupación en zonas de alto riesgo, sin afectar derechos consolidados.
Barreras administrativas y regulatorias lastran la integración de las empresas españolas en el Mercado Único
El último informe de competitividad de la Comisión Europea sitúa a España por debajo de la media comunitaria en varios indicadores clave de integración económica, a pesar de los 30 años de vigencia del Mercado Único Europeo. Persisten barreras administrativas, burocráticas y regulatorias que limitan la plena integración y expansión de las empresas españolas en el mercado común.
El intercambio de bienes con otros Estados miembros representa el 15,3% del PIB español, frente al 22% de la media de la UE. En el caso de los servicios, la brecha es aún mayor: 4,5% frente al 7,9%. Estos datos resultan especialmente significativos porque los servicios (ingeniería, consultoría, transporte, digitales o turismo) son uno de los ámbitos donde el Mercado Único avanza con mayores dificultades y donde las empresas españolas podrían encontrar mayor potencial de crecimiento.
La burocracia constituye otra barrera clave. Las compañías españolas perciben una elevada carga administrativa para cumplir con la normativa nacional, otorgando a España una puntuación de 2,74 en una escala del 1 al 7 (siendo 7 muy fácil). La complejidad normativa, la lentitud de los procedimientos y la insuficiente digitalización y coordinación entre administraciones lastran la capacidad operativa y de expansión. La Comisión Europea calcula que la burocracia cuesta a la economía comunitaria alrededor de 150.000 millones de euros y se ha fijado reducirla al menos un 25% para todas las empresas y un 35% para las pymes.
En innovación, España también muestra margen de mejora. El gasto en I+D se sitúa en el 1,5% del PIB, por debajo del 2,24% de la media europea y lejos del objetivo del 3% para 2030. Asimismo, registra solo 45 solicitudes de patentes europeas por millón de habitantes, frente a los 152 de media comunitaria.
Por el lado positivo, España mantiene ventajas competitivas en el ámbito energético. Los consumidores industriales pagan una media de 0,13 euros/kWh en electricidad, inferior a los 0,16 euros de media UE. El peso de las renovables y el grado de electrificación de la economía también se sitúan en línea o por encima de la media europea.
La Comisión Europea, junto al Parlamento y el Consejo, impulsa la iniciativa One Europe, One Market para eliminar las diez principales barreras (“Terrible Ten”) antes de 2028. La correcta transposición de directivas y la simplificación de la normativa interna son algunos de los principales retos para los Estados miembros.
Tres de cada cuatro autónomos han subido precios en los últimos 12 meses para hacer frente al aumento de costes, según ATA
Según el Barómetro del II Trimestre 2026 elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 75,6% de los autónomos ha incrementado los precios de sus productos o servicios en los últimos 12 meses con el objetivo de compensar el alza de costes. Esta cifra representa un notable aumento respecto al 68,9% registrado en el primer trimestre del año. Además, más de la mitad (54,2%) prevé tener que volver a subirlos en lo que queda de año.
El informe, basado en una encuesta representativa del colectivo, revela que solo el 22,2% de los autónomos ha absorbido íntegramente el incremento de gastos sin repercutirlo en sus tarifas, frente al 27,3% del barómetro anterior. Además, el 79,9% declara que sus gastos han aumentado en los últimos doce meses, y de ellos, el 21,4% cifra ese encarecimiento por encima del 16%.
El contexto de inestabilidad es otro factor destacado: el 93,1% de los autónomos percibe una situación inestable a nivel nacional, internacional o en ambos ámbitos. El 84,3% afirma que esta incertidumbre afecta a su actividad en todos los aspectos. En cuanto a la evolución del negocio, el 25,6% se muestra pesimista y prevé un descenso de su actividad a lo largo del año, mientras que solo el 18% cree que su negocio crecerá en los próximos meses. De cara a 2029, el 22,9% espera alguna mejoría, principalmente moderada.
Respecto a la facturación, el 71,6% indica que ha sido inferior o similar a la del segundo trimestre de 2025. Solo el 23,8% ha registrado un aumento, en la mayoría de los casos (82,2%) por debajo del 15%. En el ámbito laboral, el 76,4% ha mantenido su plantilla, aunque el 10% la ha reducido y el 13,6% la ha aumentado. Entre los autónomos empleadores que buscan personal, el 34,4% ha encontrado dificultades.
La morosidad sigue siendo un problema relevante, afectando al 44,7% de los encuestados, con un incremento de más de seis puntos respecto al barómetro anterior. Las medidas más valoradas por el colectivo incluyen la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros anuales, la exoneración de cotizaciones durante bajas por enfermedad desde el primer día y la reducción de la burocracia fiscal.
Los latinoamericanos superan por primera vez a los europeos en el mercado laboral español
Según datos de la Seguridad Social correspondientes a julio de 2026, los afiliados procedentes de Latinoamérica superaron por primera vez a los de origen europeo, alcanzando 1,23 millones frente a 1,19 millones. Este sorpasso representa un punto de inflexión respecto a 2019, cuando los europeos superaban a los latinoamericanos en cerca de 450.000 cotizantes.
El fuerte incremento de trabajadores latinoamericanos (especialmente de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina y Honduras) responde a una combinación de factores: salarios más altos, mayor estabilidad laboral y seguridad jurídica en comparación con sus países de origen, así como la afinidad cultural e idiomática y las redes migratorias consolidadas. Sectores como el turismo, la hostelería y la construcción han impulsado esta demanda, reforzada por los recientes procesos de regularización.
Al mismo tiempo, se registra un descenso de trabajadores de Europa del Este, particularmente rumanos y búlgaros. Estas comunidades, que protagonizaron importantes flujos migratorios previos, han visto reducir su presencia en España desde los máximos alcanzados alrededor de 2012, según el INE. La mejora económica en sus países de origen, con mayor crecimiento, mejores oportunidades y un coste de vida más bajo, explica en gran medida su retorno o reubicación dentro de la UE. Esta salida está generando escasez de mano de obra en sectores como la construcción y la agricultura.
En total, los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanzaron un récord de 3,45 millones, un gran salto frente a los 2,17 millones de 2019 y los 1,74 millones de hace una década, una evolución que pone de manifiesto la creciente dependencia de la inmigración para sostener el crecimiento económico y los retos asociados a la integración y al relevo generacional en determinados sectores.
