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La inversión de capital extranjero cae un 60,4% en los seis primeros meses de 2025
La llegada de capital extranjero a España ha experimentado un significativo retroceso en la primera mitad de 2025. Según los últimos datos de la Secretaría de Estado y de Comercio, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la inversión foránea cayó un 60,4% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 8.476 millones de euros, frente a los 21.407 millones del mismo periodo de 2024.
Por áreas geográficas, la Comunidad de Madrid se situó como primera receptora de capital, con un total de 4.509 millones, el 53,2% de los fondos que llegaron a España en este periodo, seguida de Cataluña, con 1.189 millones, siendo las únicas dos comunidades con una inversión superior a los 1.000 millones de euros en el primer semestre del año. Les siguen La Rioja con 402 millones, Cantabria con 370 millones, País Vasco con 286 millones, Andalucía con 283 millones, la Comunidad Valenciana con 275 millones y la Región de Murcia con 253 millones.
Por sectores de inversión, el que más recursos acaparó del exterior fue el de “servicios de información”, con 814 millones de inversión, seguido del de “actividades inmobiliarias” con 879 millones, “industria de alimentación”, con 772 millones, “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire” con 770 millones.
Entre las causas de este retroceso, según fuentes empresariales, se encuentran la incertidumbre regulatoria, la inseguridad jurídica y el alza constante de los costes operativos que registra España.
El Tribunal Supremo impide a Hacienda negar devoluciones por prescripción, si lo ordena una sentencia
El Tribunal Supremo ha emitido un fallo, con fecha 21 de julio, que limita la capacidad de la Agencia Tributaria para denegar devoluciones de impuestos basándose en la prescripción, cuando existe una sentencia judicial que ordena dicha devolución. Este pronunciamiento establece que, si un contribuyente obtiene una resolución judicial favorable, Hacienda no puede alegar que el plazo de prescripción ha expirado para evitar el pago.
El fallo surge en un contexto en el que Hacienda, en algunos casos, rechazaba devolver cantidades reclamadas por los contribuyentes, argumentando que el derecho a la devolución había prescrito, incluso tras un dictamen judicial. El Supremo considera que esta práctica vulnera el principio de ejecutoriedad de las sentencias, ya que una resolución judicial firme debe prevalecer sobre argumentos administrativos como la prescripción. Este criterio es especialmente relevante para casos relacionados con impuestos como el IRPF, el IVA o tributos locales, donde los contribuyentes han recurrido devoluciones tras resoluciones favorables, a menudo tras largos procesos judiciales.
La sentencia refuerza la seguridad jurídica de los contribuyentes y pone en primer plano el cumplimiento de las sentencias judiciales por parte de la administración tributaria y podría tener un impacto significativo en futuros litigios fiscales, al establecer un precedente que protege los derechos de los contribuyentes frente a prácticas administrativas restrictivas. Además, el fallo pone de manifiesto la necesidad de que Hacienda ajuste sus procedimientos para garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales, lo que podría incrementar las devoluciones a contribuyentes que hayan ganado casos en los tribunales.
El 60% del empleo generado hasta agosto es cubierto por trabajadores extranjeros
El 60% de los nuevos empleos creados en España en los ocho primeros meses del año fueron ocupados por personas de nacionalidad extranjera. El peso de sectores como la hostelería, la construcción y los servicios, que tradicionalmente dependen de mano de obra extranjera, así como a la llegada de trabajadores cualificados en áreas tecnológicas y sanitarias, explican en buena medida estas cifras.
El aumento de la contratación de extranjeros se produce en un contexto de crecimiento sostenido del empleo en España, aunque con matices. Recientemente, Anged, la patronal del gran comercio que incluye a empresas como El Corte Inglés, Carrefour e Ikea, reclamaba un plan de acción específico para atraer a inmigrantes con el que cubrir más de 16.000 vacantes. Algo similar sucede con el del transporte, donde la oferta de camioneros no encuentra respuesta en el mercado nacional de trabajo y se está solicitando incentivar la llegada de trabajadores de otros países para poder atenderla.
Algunos colectivos están alertando de la concentración de empleo extranjero en ciertos sectores, que podría generar desequilibrios si no se acompaña de políticas que promuevan la formación y el acceso al empleo de la población nacional. En esta línea, el Gobierno está evaluando medidas para equilibrar esta dinámica, como incentivos a la contratación de trabajadores locales y programas de capacitación.
Los contratos laborales solo duran 37 días
Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de 2024 revelan que la duración media de los contratos temporales ha caído a 37 días, un descenso significativo frente a los 53 días de 2019, antes de la pandemia. Este fenómeno afecta especialmente a sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura, donde los contratos de menos de una semana representan el 26% del total, y el 58% de los contratos temporales no superan el mes. Esta inestabilidad laboral, agravada tras la reforma laboral de 2022, dificulta la estabilidad económica de los trabajadores y perpetúa la precariedad.
En 2024, el 23,9% de los trabajadores de 15 a 29 años tenía contratos temporales, frente al 13,6% de la media europea, según Eurostat. Además, el 70% de los contratos temporales firmados en 2024 duraron menos de tres meses, lo que refleja una rotación laboral extrema. Esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que también reduce la productividad de las empresas, ya que la alta rotación impide la formación y el compromiso a largo plazo.
El salario medio de los trabajadores con contratos temporales es un 20% inferior al de los indefinidos y en sectores como la hostelería, los sueldos apenas alcanzan los 900 euros netos mensuales. Además, la falta de estabilidad laboral contribuye al retraso en la formación de familias y a la baja natalidad, con España registrando una tasa de 1,16 hijos por mujer, una de las más bajas de la UE. El elevado coste de la vivienda agrava aún más esta situación.
Entre las derivadas que provoca esta situación está la de poner en riesgo la cohesión social y la sostenibilidad económica, ya que un mercado laboral dominado por la temporalidad limita el crecimiento a largo plazo y perpetúa la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.
