La UE abraza la simplificación: oportunidad, síntomas y límites del Omnibus I

La aprobación del Omnibus I – European Simplification Package es, sin duda, uno de los movimientos regulatorios más significativos que la Unión Europea ha realizado en los últimos años. No solo por su alcance técnico, sino por lo que revela políticamente: un cambio de fase. Tras una década de expansión normativa —especialmente en sostenibilidad, gobernanza empresarial y reporting— Bruselas parece haber internalizado algo que las empresas europeas llevan años repitiendo: el volumen y la velocidad regulatoria estaban superando la capacidad real de adaptación del tejido productivo.

De ahí que este paquete de simplificación sea mucho más que un ajuste técnico. Es una señal. Una corrección de rumbo. Y, para algunos, una enmienda implícita a una estrategia normativa que, aunque ambiciosa, empezaba a asfixiar a quienes debía fortalecer. Sin embargo, surge la pregunta clave: ¿puede esta simplificación impulsar verdaderamente la competitividad europea o solo es un alivio temporal dentro de un problema más profundo?

Lo más llamativo del nuevo texto no es sólo el contenido, sino el reconocimiento implícito de que se ha ido demasiado lejos, demasiado rápido. El paquete introduce retrasos y alivios temporales en obligaciones tan centrales como las de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Es decir, dos de los grandes emblemas de la agenda regulatoria europea.

La CSRD, por ejemplo, retrasa la aplicación para determinadas empresas, y la CSDDD alarga plazos y escalona fases. Es un gesto político claro: más tiempo, más gradualidad, menos presión inmediata.

La segunda gran novedad es la reducción del alcance de varias obligaciones. Se elevan umbrales, se recortan contenidos obligatorios, y —quizá la medida más celebrada por las empresas— se modera la exigencia de exigir datos exhaustivos a proveedores pequeños en las cadenas de suministro. En la práctica, significa menos carga administrativa y menos burocracia en un momento en el que las empresas europeas están sometidas a competencia creciente desde Estados Unidos y Asia.

Por último, todo esto se enmarca en un cambio discursivo: Bruselas habla ahora de “competitividad” y “simplificación” con una insistencia inédita. Lo que hace dos años era impensable —revisar requisitos ya aprobados— hoy se presenta casi como una obligación de responsabilidad institucional. La propia configuración del paquete lo demuestra: se centra sobre todo en grandes empresas (más de 5.000 empleados o más de 1.500 millones de euros de facturación), que eran las primeras en sentir el peso regulatorio acumulado.

Las diferencias con el diseño inicial de la CSRD y la CSDDD son reveladoras. Las directivas nacieron con un espíritu expansivo: más empresas cubiertas, plazos muy ambiciosos, reporting exhaustivo, evaluación de doble materialidad y cadenas de suministro amplias. El Omnibus I no las desmantela, pero las racionaliza. Frente a los calendarios originales, las nuevas fechas no sólo dan margen, sino que transmiten un mensaje político distinto: ya no se trata solo de elevar el estándar regulatorio europeo, sino de hacerlo sin poner en riesgo la capacidad competitiva del tejido empresarial.

El paquete tendrá un impacto positivo por tres vías:

1. Alivio directo de costes. Menos reporting inmediato implica liberación de recursos para innovación y adaptación. El ejemplo es evidente: una empresa que debía empezar a reportar en 2026 y ahora lo hará en 2028 gana dos años completos de inversión productiva. Para muchas compañías, este tiempo extra supone la diferencia entre poder cumplir sin sacrificar proyectos estratégicos… o verse obligadas a posponer innovación para centrarse en burocracia.
2. Menor incertidumbre regulatoria. Uno de los problemas más graves del ciclo legislativo europeo reciente ha sido la sensación de normas en cascada que cambiaban demasiado rápido. La “agenda de simplificación” introduce previsibilidad y estabilidad, algo fundamental para atraer inversión.
3. Enfoque graduado hacia las pymes. Al elevar umbrales y retrasar fases, se evita arrastrar prematuramente a miles de pymes a obligaciones que pueden resultar desproporcionadas. En un continente donde las pymes representan el 99% del tejido empresarial, esto no es un detalle menor.

Pero no es suficiente: el problema europeo es estructural, no solo regulatorio. Decir que la simplificación regulatoria resolverá el déficit de competitividad europeo es tan ingenuo como pensar que bastaría con “menos impuestos” para resolver todos los problemas de productividad.

La realidad es más compleja. Europa compite con bloques que juegan otra liga. Estados Unidos opera con escalas tecnológicas gigantescas y una regulación más flexible en ciertos ámbitos.
China combina un coste regulatorio bajo con un apoyo público masivo a la expansión industrial. Frente a eso, Europa no puede limitarse a “aliviar cargas”. Necesita ganar tamaño, reforzar su autonomía estratégica y acelerar la transformación digital y verde sin erosionar su base productiva.

La simplificación no sustituye a la política industrial. Sin una estrategia clara de innovación, talento, digitalización y financiación, el alivio regulatorio solo es un parche. Europa necesita escalar empresas, no solo aliviarles el papeleo.

La simplificación solo tendrá efecto transformador si las empresas utilizan ese oxígeno para mejorar productividad, digitalizar operaciones, innovar en productos y servicios, internacionalizarse y reforzar la cadena global de valor. Si solo se usa para “respirar mejor”, el impacto será limitado. Y Bruselas lo sabe.

En definitiva, el paquete Omnibus I envía un mensaje claro: Europa quiere seguir liderando en sostenibilidad, pero sin perder la competitividad por el camino. La simplificación ayuda. Mucho. Era imprescindible. Pero debe verse como una primera piedra, no como la obra completa.
Si la UE aspira realmente a competir con EE. UU. y China, necesita algo más profundo: una agenda industrial coherente, inversión en innovación, coordinación fiscal y regulatoria, impulso al Mercado Único de capitales y una estrategia de talento a escala continental.

En ese contexto, la simplificación no es una renuncia; es una condición necesaria para poder avanzar. Y tal vez —solo tal vez— el primer síntoma de que Europa empieza a escuchar de verdad a su tejido productivo.