La OTAN impone el 5% del PIB de gasto en defensa
El panorama de seguridad mundial ha experimentado una transformación sustancial en los últimos años, precipitando un replanteamiento profundo de las políticas de defensa, especialmente en el entorno europeo.
El gasto militar refleja disparidades sustanciales entre las potencias mundiales y evidencia una tendencia alcista generalizada, desde 2022, con el inicio de la guerra de Ucrania. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz SIPRI, el gasto militar global alcanzó en 2023 la cifra de 2,29 billones de euros, lo que ya represento un incremento del 6,8% respecto al año anterior, constituyendo el mayor aumento desde 2009. Este proceso responde directamente al deterioro global de las condiciones de paz y seguridad.
En términos absolutos Estados Unidos es el mayor inversor mundial en defensa, con un presupuesto militar de aproximadamente 916.000 millones de dólares, triplicando la inversión de China 296.000 millones y multiplicando por nueve la de Rusia 109.000 millones. India y Arabia Saudí completan el grupo de las naciones con mayor inversión en capacidades militares.
Esta hegemonía norteamericana se traduce en que su gasto militar representa el 68% del total de los países de la OTAN, cuyo conjunto alcanza 1,26 billones de euros. En términos relativos de PIB Polonia lidera el gasto militar de los países de la OTAN, con un 4,12% del PIB, seguido de Estonia 3,43% y EE. UU. un 3,34 de su PIB; mientras que España ocupa el último lugar con el 1,29% del PIB, tal y como ha recordado Donald Trump en la cumbre de la Organización celebrada a finales de junio en Holanda. La razón fundamental es que en España hemos tenido garantizada nuestra propia Defensa por nuestra pertenencia a la OTAN, si bien se producía el denominado “efecto parasito”, nos aprovechábamos del poder militar de EE. UU., sin apenas contribuir a la misma.
Con el retorno de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, se ha impuesto la necesidad de incrementar el gasto en defensa en la mayoría de los países miembros. Se estableció en principio el objetivo de que sus miembros superen el 2% del PIB en gasto militar para 2029, compromiso que ya fue ratificado en la cumbre de Madrid de 2022. Sin embargo, El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha reclamado ya un 3,5%, un 5% del PIB en 2035. Pedro Sánchez ha firmado el Acuerdo, pero ha manifestado que no lo cumplirá y que tan solo esta dispuesto a dedicar el 2,1% del PIB a los gastos de rearme; esta postura representa una gran pérdida de reputación internacional.
En España el gasto en defensa se sitúo en 2024 en 19.723 millones de euros, equivalente al 1,29%; esta cifra representa un incremento respecto a años anteriores, pero permanece significativamente por debajo del compromiso del 2% adquirido inicialmente. Sin embargo, el pasado 22 de abril, el presidente del Gobierno anunció un sorprendente incremento de los gastos en defensa de 10.471 millones de euros, con lo que se alcanzaría este mismo año 2025 el 2% del PIB. Este aumento se financiaría supuestamente con partidas procedentes de los fondos Next Generación y de extraños “ahorros” de los Presupuestos de 2023, los últimos aprobados. El 35% de los mismos se destinarían a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería y 3.260 millones a modernizar las telecomunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas, así como a la adquisición de material militar.
Además, este nuevo gasto lo tiene que implementar Pedro Sánchez frente a una parte de su Gobierno manifestándose claramente antimilitarista, sin unos Presupuestos Generales del Estado coherentes con este reto y sin someterlo a la aprobación del Parlamento. Hay que recordar que él mismo defendió hace unos años, la eliminación del Ministerio de Defensa. Se trata claramente de una operación “cosmética”, una más, de cara a la pasada reunión de la OTAN, que difícilmente será aceptada conceptualmente en su totalidad por la Organización y que además no permitirá mejorar significativamente la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas.
Hay que tener presente que el rearme no debe plantearse como una imposición, sino como una necesidad que representa múltiples beneficios potenciales tanto en el ámbito estratégico como económico. Desde la perspectiva de seguridad, fortalece la capacidad de respuesta ante amenazas externas en un entorno internacional cada vez más volátil. En términos económicos, el sector de defensa puede funcionar como un importante motor de crecimiento, especialmente en industrias de alto valor añadido y contenido tecnológico.
Inversiones en este ámbito generan efectos multiplicadores que benefician tanto al tejido industrial como a la investigación y desarrollo, con potenciales aplicaciones duales, civil-militar, que maximizan su rentabilidad social. Hay que recordar que la mayor parte de los avances tecnológicos de los que nos beneficiamos todos los ciudadanos actualmente se han desarrollado en el campo militar como internet, telecomunicaciones, transporte, sanidad, etc.
Adicionalmente, el incremento del gasto en defensa demuestra solidaridad, cumplimiento de compromisos internacionales y unidad de acción con los aliados, fortaleciendo la posición geopolítica española. La integración en la estrategia común europea de defensa permite, además, aprovechar economías de escala y sinergias en la adquisición y desarrollo de capacidades militares. Sin embargo, la posición dividida del gobierno español nos convierte en un socio poco fiable desde hace años.
El incremento del gasto en defensa debe acompañarse de una reflexión estratégica sobre su asignación óptima. Es la nueva naturaleza de la guerra, lo que obliga a revisar los programas de armamento en marcha para adaptarlos a necesidades emergentes como tecnología de drones, ciberseguridad e inteligencia artificial.
En conclusión, el incremento del gasto en defensa representa, tanto una necesidad estratégica, en gran medida por ser España una “frontera caliente” con Marruecos por el diferencial de rentas; así como un desafío económico considerable. Su implementación exitosa requerirá un equilibrio complejo entre seguridad nacional, sostenibilidad fiscal, en un contexto geopolítico que exige adaptación, pero también prudencia ante los riesgos de una nueva carrera armamentística global, puesto que las sobre reacciones políticas siempre son muy peligrosas.
FUERTE AUMENTO DEL GASTO EN SANIDAD PRIVADA.
El gasto sanitario tanto público como privado sigue creciendo intensamente desde el año 2003, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigación y la Fundación BBVA.
El gasto sanitario público ha crecido un 67% hasta alcanzar los 129.884 millones de euros, cuando hace 21 años tan solo era de 78.000 millones.
Asimismo, el gasto privado ha aumentado más de un 50% en este periodo hasta superar los 33.600 millones de euros el pasado año.
Según el INE en su Encuesta de Presupuestos Familiares estima en el año 2023, las familias españolas gastarán en salud 631 euros al año por cada miembro.
La mitad de este importe se dedicó a la compra de gafas, lentes de contacto, aparatos terapéuticos y al pago de seguros privados de sanidad 131 euros que han crecido 5 puntos en las últimas dos décadas.
La otra mitad se destinó a la compra de productos farmacéuticos, servicios dentales y servicios médicos hospitalarios.
El Estudio destaca que las personas con mayor nivel de renta gastan de media cuatro veces más en salud que los de menores ingresos.
Para poder conseguir la reducción de esta brecha se considera que el servicio público debe incluir en la cartera de servicios los odontólogos y los gastos de óptica, como acaba de decidir el Gobierno, concediendo ayudas para los gastos en óptica, pero tan solo para los jóvenes.
