Se reducen los grados de libertad económica
El mecanismo más rápido y seguro para alcanzar el Totalitarismo es el control férreo de la economía, tal y como estableció Friedrich A. Hayek en su famosa obra “Camino de servidumbre”.
En los últimos años, el Gobierno español ha aplicado con gran intensidad los principios intervencionistas en todos los ámbitos; provocando un deterioro profundo de la libertad individual y colectiva. Las deficiencias en la calidad regulatoria, la elevada presión fiscal y los altos desequilibrios fiscales hacen que España ocupe el puesto 35 de los 38 países de la OCDE en términos de menor libertad económica en base a un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE). España es uno de los países desarrollados con menor grado de libertad económica.
Se ha conculcado en reiteradas ocasiones el derecho a la propiedad privada, recogido en nuestra Constitución y cuyo origen es sin duda el derecho natural. El bien más preciado para la mayoría de los españoles es su vivienda, que en muchas ocasiones ha adquirido con muchos años de trabajo. Sin embargo, el riesgo de ocupación es una de las principales preocupaciones de los españoles. Se estima que el tiempo medio para poder recuperar el uso de una “vivienda okupada”, por su legítimo propietario se ha elevado a los 2 años.
Esta situación se ha agravado con la Ley de vivienda, en la que se diferencia entre la vivienda destinada a residencia habitual, y el resto de las propiedades inmobiliarias del ciudadano. En un auténtico estado de derecho, no debe existir la más mínima diferenciación, puesto que todas las viviendas son propiedad de su legítimo dueño y este debe decidir libremente el uso que asigna a cada una de ellas. La penalización a la vivienda vacía es también un atentado al derecho de propiedad y a la libertad de elección.
El sistema fiscal español es claramente confiscatorio, atenta contra la propiedad privada y la libertad de decidir sobre una parte muy importante de nuestros ingresos y esfuerzo. No ajustar las tarifas del IRPF a la inflación nos ha hecho pagar más impuestos a todos los españoles, con un solo beneficiario, el estado. La presión fiscal ha subido un 20% desde el año 2018. El Impuesto sobre el Patrimonio y el nuevo Impuesto transitorio de Solidaridad sobre Grandes Fortunas, que se ha aplicado con carácter retroactivo, están obligando a muchos sujetos pasivos a vender parte de su patrimonio para poder pagar estos Tributos.
Con los tipos fiscales actuales en unos 30 años se podría extinguir todo el patrimonio de una persona. Este patrimonio que hoy se vuelve a gravar ya tributo en el momento de obtención de la renta y tributaron también las rentas obtenidas a través del ahorro. Es necesario derogar inmediatamente estos impuestos, además del de Donaciones y Sucesiones, puesto que muchos herederos se tienen que endeudar para poder acceder a la herencia o renunciar a la misma, lo que también penaliza la propiedad privada. A través del sistema fiscal el estado se ha convertido en el gran expropiador de la riqueza de los ciudadanos.
Es necesario rebajar los tipos del IRPF y de sociedades, lo que además puede favorecer un aumento del potencial de crecimiento de nuestra economía y por tanto incrementar la recaudación para financiar los servicios públicos necesarios.
Si observamos lo países de nuestro entorno, el Tribunal Constitucional Alemán considera confiscatoria una fiscalidad que supere en su conjunto más del 50% de la renta de las familias e individuos. Sin lugar a duda una parte de los ciudadanos españoles, vemos expropiado una parte de nuestro esfuerzo y trabajo, porque pagamos por todos los impuestos una cifra sensiblemente superior. En 2024, el “día de la liberación fiscal” fue el 30 de julio; lo ganado hasta esa fecha es lo que de media le vamos a entregar al estado en forma de impuestos.
La libertad de empresa tampoco es respetada completamente en España. Los empresarios son los que asumen el riesgo, siendo la mayoría pequeños, que arriesgan, su esfuerzo, su trabajo e incluso su patrimonio familiar. Sin embargo, la actividad de la empresa privada en nuestro país está penalizada por la fiscalidad, la regulación laboral, la inseguridad jurídica y la actuación de las empresas públicas. Son imprescindibles reformas estructurales profundas en todos estos ámbitos, que favorezcan al desarrollo de la libertad de actuación de las empresas privadas, y por ende el crecimiento del empleo y el bienestar del conjunto de la sociedad.
FUERTE CRECIMIENTO ENDEUDAMIENTO MUNDIAL
La deuda pública ha crecido un 35% en el mundo desde la crisis del COVID en el año 2020.
Para poder entrar en el euro la deuda no podía superar el 60% del PIB, o encontrarse en clara fase de descenso; sin embargo, en la actualidad tan solo nueve de los veinte países miembros de la UEM lo cumplen.
Con los niveles actuales lo difícil es garantizar la sostenibilidad financiera de la misma.
Actualmente el país desarrollado más endeudado es Japón, con una deuda que supera el 252% del PIB; sin embargo, la poseen sobre todo inversores internos por ser un país con alto grado de ahorro, y con unos tipos de interés muy bajos, con lo que los intereses de esta no superan el 1% del PIB.
Sin embargo EE. UU tiene una deuda del 120% del PIB, pero sobre todo se encuentra en manos extranjeras, fundamentalmente chinas, y los intereses de la deuda supera el billón de dólares el 3,4% del PIB; superior al presupuesto en defensa que es de 916.000 millones de dólares.
La deuda puede representar un peligroso cisne negro para la economía mundial, si se produjera una importante subida de los tipos de interés.
Es el momento de aplicar medidas de contención del gasto público y de reducción de la deuda en la mayoría de los países.
