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El FMI advierte que la IA provocará un “tsunami” en el mundo laboral

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que la inteligencia artificial (IA) se convertirá en un auténtico “tsunami” para el mercado laboral global, debido a la velocidad de sus avances y su profundo impacto en la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de empleo. Según la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que realizó estas declaraciones durante el Foro Económico Mundial de Davos, se espera que en los próximos años la IA afecte al 60% de los puestos de trabajo en las economías avanzadas —ya sea mejorándolos, eliminándolos o transformándolos— y al 40% a nivel mundial.

Esta transformación masiva amenaza especialmente con desplazar empleos de nivel inicial y de oficina, muchos de ellos ocupados por jóvenes que entran al mercado laboral, lo que dificultará su acceso a puestos de calidad y podría presionar a la baja los salarios en ciertos sectores, agravando la desigualdad y afectando particularmente a la clase media.

Si bien algunos empleos se verán “mejorados” por la IA —lo que impulsaría la productividad y los ingresos de ciertos trabajadores—, otros desaparecerán rápidamente, especialmente aquellos rutinarios y de entrada que tradicionalmente sirven como puerta de acceso al mundo laboral. Esto genera un riesgo de polarización: quienes ya poseen altas cualificaciones podrían beneficiarse, mientras que los más vulnerables enfrentan mayores dificultades. El FMI compara este fenómeno con un evento abrupto y de gran escala que requiere una respuesta inmediata para evitar un aumento del desempleo estructural y una mayor brecha social y económica.

Ante este escenario, el FMI insta a implementar políticas de reconversión laboral urgentes y proactivas para mitigar los efectos negativos y maximizar los beneficios de la tecnología. Entre las medidas clave destacan fortalecer las redes de protección social (como seguros de desempleo más amplios), invertir masivamente en educación y formación continua enfocada en competencias digitales, STEM y habilidades complementarias a la IA (creatividad, análisis estratégico o supervisión de sistemas automatizados), y promover programas específicos de reconversión y perfeccionamiento profesional adaptados a sectores en crecimiento, como energías renovables, construcción o mantenimiento de infraestructuras digitales.

En el contexto europeo y español, estas recomendaciones se alinean con iniciativas como la formación profesional dual, planes del SEPE y fondos europeos NextGenerationEU.

El organismo subraya que el éxito dependerá de una colaboración estrecha entre gobiernos, empresas y sistemas educativos para anticipar los cambios, facilitar la movilidad laboral y distribuir de forma inclusiva los beneficios de la IA. Sin estas políticas activas, el “tsunami” podría agravar la polarización en lugar de impulsar un crecimiento económico equitativo y sostenible para todos.

 

El Ministerio de Economía modificará el reglamento PBC para incluir las criptos

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha realizado una consulta pública previa para modificar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales (PBC) y de la financiación del terrorismo, aprobado hace más de diez años por el Real Decreto 304/2014. El objetivo principal es actualizar esta normativa ante las transformaciones socioeconómicas, la evolución de los métodos de blanqueo y, especialmente, la aparición y auge de los criptoactivos como una nueva fuente de riesgos y amenazas en este ámbito.

La iniciativa busca adaptar el reglamento a las nuevas tipologías de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incorporando el desarrollo de actividades económicas emergentes relacionadas con las criptomonedas. Además, se pretende alinear la norma con las modificaciones de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que han endurecido las exigencias en materia de prevención para sectores como el de los criptoactivos.

Paralelamente, la consulta también servirá para avanzar en la transposición del paquete europeo antiblanqueo, que incluye la Directiva UE 2024/1640 y el Reglamento UE 2024/1624, el cual introduce medidas para modernizar y armonizar las normas en toda la UE frente a estos riesgos.

Esta medida responde al creciente uso de criptomonedas y su potencial explotación para actividades ilícitas, con el fin de reforzar los controles y obligaciones de diligencia debida en el sector, mejorando así la eficacia del sistema español de prevención del blanqueo. El plazo para presentar aportaciones y observaciones por parte de los agentes afectados y organizaciones representativas finalizó el 3 de febrero.

 

El anuncio de regulación de inmigrantes provoca la aparición de nuevas redes de estafadores

Tras el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes en España, diversas redes de estafadores han comenzado a captar víctimas aprovechando la confusión sobre los plazos y requisitos del proceso. Según informa el diario online El Español, estos grupos están contactando a personas extranjeras en situación irregular ofreciéndoles supuestas gestiones “preferentes” o la tramitación completa de su documentación a cambio de un pago de 450 euros más IVA. Los estafadores utilizan el gancho de la urgencia para presionar a los interesados, asegurando que los expedientes deben presentarse de inmediato para no perder el derecho a la residencia.

Las autoridades y asociaciones de apoyo al inmigrante han alertado de que se trata de un engaño, ya que el proceso de regularización aún debe seguir los plazos administrativos oficiales y las tasas públicas son significativamente menores a las que exigen estos falsos gestores. Estas organizaciones fraudulentas operan a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, simulando ser despachos de abogados o intermediarios oficiales.

El plazo para regularizar la situación de los migrantes afectados por la medida aprobada por el Gobierno español comenzará a principios de abril y tendrá una duración de tres meses, siendo el 30 de junio de 2026 el último día de plazo para solicitarla.

A esta medida podrán acogerse los extranjeros que acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y haber permanecido de forma continuada al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. Incluye tanto a personas en situación irregular como a solicitantes de protección internacional cuya petición se hubiera presentado antes de esa fecha.

Entre los requisitos adicionales figura no tener antecedentes penales relevantes y se exige acreditar la estancia mediante documentos como el padrón, contratos de alquiler o justificantes médicos. Estos requisitos están provocando en la actualidad largos colas en las legaciones de los países de origen de los migrantes que aspiran a regularizar su situación, para solicitar el certificado de antecedentes penales que debe emitir su país de origen.

Una de las novedades clave es que las solicitudes se tramitarán de manera rápida: la admisión a trámite no superará los 15 días, y desde ese momento los solicitantes podrán trabajar legalmente de forma inmediata, sin restricciones de sector ni ubicación geográfica en España. Además, por primera vez en una regularización de este tipo, se podrá presentar la solicitud vía telemática, facilitando el acceso al procedimiento.

 

Los perceptores del subsidio para mayores de 52 años aumentaron un 4,7% en 2025, alcanzado su máximo histórico

En 2025, una media mensual de 545.393 personas mayores de 50 años percibió ayudas asistenciales por desempleo, alcanzando un récord histórico de beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años. Esta cifra supone un incremento del 4,7% respecto a 2024, a pesar de que el paro registrado descendió un 4,5% en el mismo periodo. Una gran mayoría, el 84% corresponde al subsidio específico para mayores de 52 años, que se ha convertido en la principal prestación para este colectivo y marca también su máximo histórico.

Este subsidio, de 480 euros mensuales, permite cotizar al 125% de la base mínima para la jubilación y puede percibirse de forma ininterrumpida hasta la edad de jubilación, lo que lo convierte en un mecanismo controvertido ya que, para muchos críticos, actúa como un “puente de plata” hacia la jubilación anticipada y genera desincentivos para buscar empleo activamente, especialmente entre los desempleados de larga duración sénior, que ven reducidas sus oportunidades laborales por el edadismo.

Por su parte, la OCDE ha intensificado su ofensiva contra esta ayuda en informes recientes, como el ‘Economic Survey’ sobre España y publicaciones posteriores de finales de 2025 y principios de 2026. La organización considera que su diseño actual contribuye a “estancar” el desempleo de larga duración en personas mayores, debilitando los incentivos para reincorporarse al mercado laboral incluso en quienes desearían trabajar. Recomienda repensar profundamente la prestación para igualar el trato a todas las edades y evitar efectos no deseados. Estas propuestas para reformar o limitar este subsidio supondrían, en la práctica, su eliminación o una transformación radical que acabaría con sus características diferenciales, la duración indefinida y la cotización bonificada.