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Los costes laborales de los pequeños negocios se han incrementado un 24,5% en los últimos seis años

Los costes laborales de los pequeños negocios en España, especialmente las microempresas, se han incrementado un 24,5% en los últimos seis años, superando la media del 23,4% del conjunto de las compañías, según el último barómetro de Cepyme. Este aumento ha afectado gravemente al tejido empresarial, donde las microempresas representan la mayoría y son las más vulnerables, traduciéndose en una menor capacidad para crear empleo y un mayor riesgo de cierre. En cifras, desde 2019 han desaparecido alrededor de 22.700 microempresas, lo que supone un 2% del total, en un contexto de presiones económicas que fagocitan su rentabilidad.

El principal impulsor de este disparo en los costes laborales es la subida acumulada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un 61% desde 2019, impactando más en las pymes y microempresas donde el SMI representa una proporción significativa del salario medio (hasta el 73,1% en microempresas). Además, factores como el aumento de cotizaciones sociales y la falta de mejoras en productividad agravan la situación, con los costes laborales creciendo a un ritmo anual del 3,3% en el segundo trimestre de 2025, muy por encima del 0,3% previo a la pandemia.

Esta dinámica ha estancado el empleo en las microempresas y reducido su productividad en un 3,6% respecto a niveles pre-pandemia, mientras las ventas solo han aumentado un 6,2% en el mismo periodo. Cepyme advierte de una “espiral peligrosa” con márgenes estrangulados y rentabilidad cayendo, pidiendo moderación en medidas como nuevas subidas del SMI o la reducción de jornada sin compensación salarial, que podrían elevar aún más los costes en un entorno de alta burocracia y tipos de interés elevados.

Las microempresas, con menos de cinco trabajadores, han perdido casi 62.000 empleos en cinco años, destacando la necesidad de medidas que alivien las cargas regulatorias y fiscales para evitar más cierres y fomentar la competitividad

 

Trabajo aprobará una subida del SMI con dos cuantías para que Hacienda decida si aplica el IRPF

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha encargado a su Comité de Expertos la elaboración de dos propuestas de cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de cara a la aprobación de la próxima subida. Esta propuesta surge tras las tensiones con Hacienda en años anteriores, como en 2025 cuando el SMI se elevó a 1.184 euros mensuales, en 14 pagas, y Hacienda defendió su tributación, afectando potencialmente a un 20% de los perceptores con retenciones que reducían el incremento neto de 50 euros mensuales a unos 28 euros.

Este pulso entre los dos ministerios refleja un debate más amplio sobre la política fiscal, ya que Hacienda argumenta que, tras las sucesivas subidas, el número de perceptores del SMI ha aumentado y deben contribuir. El objetivo principal del Ministerio de Trabajo es cumplir con el compromiso de que el SMI represente el 60% del salario medio neto, pero la discrepancia radica en si esta renta mínima debe quedar exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Trabajo también ha puesto el foco en la necesidad de reformar los tramos del IRPF, señalando la “injusticia” de que el tipo marginal sea el mismo para rentas bajas y altas. La iniciativa de Díaz también incluye reformas complementarias, como impedir que las empresas absorban pluses y complementos en las subidas del SMI, una demanda sindical de años, que se negociará junto con el incremento. Además, anticipa una subida “potente” considerando la inflación actual del 2,9%.

 

La vivienda se convierte en “cuello de botella” para la economía española

Figuras relevantes de la economía señalan la crisis de la vivienda en España como un “cuello de botella” clave para el crecimiento económico, un concepto que va ganando terreno en el debate público y experto. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha advertido recientemente que el problema habitacional limita el mercado laboral, mientras que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, lo ha calificado de obstáculo para la sostenibilidad del crecimiento diferencial español, atribuido a factores como la inmigración, el turismo y el gasto público. Esta tensión surge del desequilibrio entre una demanda creciente —impulsada por la formación de unos 180.000 nuevos hogares anuales y compradores no residentes— y una oferta insuficiente, que genera subidas de precios y afecta la movilidad laboral y la competitividad.

El Banco de España estima un déficit acumulado de hasta 700.000 viviendas, agravado por cuellos de botella en la oferta como la escasez de suelo urbanizable, falta de mano de obra cualificada en construcción, burocracia administrativa y regulaciones que desincentivan la inversión. De Guindos, por su parte, destaca que, a diferencia de la burbuja inmobiliaria de 2008, no existe una burbuja de crédito y que el sistema financiero español está saneado, sin embargo, las políticas de vivienda “equivocadas” o excesivamente restrictivas, especialmente en el mercado de arrendamiento, están provocando una insuficiencia de oferta y una espiral de subida de precios que necesita ser atajada con urgencia para evitar la persistencia del problema.

Este desajuste no solo representa un problema social de “primera magnitud”, con dificultades para la emancipación juvenil, sino también económico, al absorber recursos que podrían destinarse a otros sectores y frenar la productividad.

En respuesta a este problema, el Gobierno ha iniciado negociaciones para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con medidas como ayudas a jóvenes, rehabilitación de inmuebles y protección de viviendas de protección oficial (VPO), en colaboración con comunidades autónomas. Expertos y entidades como CaixaBank urgen consensos políticos amplios, dejando la vivienda fuera del “populismo”, y recomiendan colaboración público-privada para fomentar alquiler asequible, seguridad jurídica y compensaciones a arrendadores. Sin acciones “decididas y holísticas”, advierten, el problema podría perpetuarse, amenazando el modelo de crecimiento español y exacerbando desigualdades.

 

Alemania inicia un otoño de reformas con la mirada puesta en la reforma del sistema público de pensiones

El gobierno del canciller Friedrich Merz ha iniciado un “otoño de reformas” en Alemania, comenzando por abordar la insostenibilidad del sistema público de pensiones, enfrentado a un desafío demográfico y económico que pone en peligro su viabilidad a medio y largo plazo. Según Merz, no hacerlo pone en riesgo la libertad, la prosperidad y la cohesión social del país si no se toman medidas urgentes.

Una de las propuestas más destacadas y controvertidas incluidas en el paquete de reformas es la capacidad otorgada a las oficinas para imponer la jubilación anticipada a empleados mayores de 63 años. Esta medida tiene como objetivo aliviar la presión financiera sobre la caja pública de pensiones y, al mismo tiempo, facilitar la entrada de generaciones más jóvenes al mercado laboral, si bien ha encontrado oposición tanto de detractores como de expertos, que la consideran insuficiente para garantizar las pensiones públicas en las próximas décadas.

Además de la reforma de pensiones, el “otoño de reformas” se espera que incluya recortes en el gasto público y en la burocracia, según lo anunciado por el gobierno de Merz. El contexto en el que se implementan estas reformas es complejo, ya que el país atraviesa una fase de recesión económica de la que su industria no logra recuperarse.

Con estas medidas, Alemania busca asegurar la estabilidad económica y social del país, aunque su efectividad y su impacto social a largo plazo están siendo objeto de un intenso escrutinio y debate político en un momento de debilidad económica.