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Claves de la nueva Ley de Movilidad Sostenible
La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada el pasado 8 de octubre por el Congreso de los Diputados, tiene como objetivo primordial alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050 en España y para ello desarrolla cuatro pilares clave: la movilidad como un derecho social, una movilidad limpia y saludable, un sistema de transporte digital e innovador, y una mejor inversión al servicio de la ciudadanía.
Para impulsar la descarbonización y una movilidad más limpia, la ley introduce medidas significativas en diversos ámbitos. Por un lado, promueve la electrificación, con la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica rápida en las principales estaciones de servicio, así como planes de incentivos para la adquisición de vehículos de cero o bajas emisiones. Además, obligará a una revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT para que incluya las emisiones reales de CO2 de los vehículos, lo que podría aumentar progresivamente el coste de circular con vehículos contaminantes para desincentivar su uso.
La normativa también pone el foco en el transporte colectivo y activo. Se establece la obligación de que las empresas con más de 200 empleados elaboren planes de movilidad sostenible al trabajo, en un plazo máximo de dos años, buscando reducir el uso del coche privado. En el sector aéreo, la ley impulsa la reducción de los vuelos domésticos en rutas donde exista una alternativa ferroviaria con una duración de menos de 2,5 horas, salvo en conexiones con rutas internacionales. A su vez, apuesta por el fortalecimiento del transporte ferroviario de pasajeros, como la recuperación de trenes nocturnos internacionales y de mercancías, con el objetivo de fomentar el cambio modal.
Finalmente, la ley crea el Sistema General de Movilidad Sostenible para coordinar las políticas entre las distintas administraciones (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos). Este sistema contempla herramientas como el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) y la creación de un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO) para participar en la financiación del transporte público colectivo urbano.
Solo se podrá elegir una vez: RETA o Mutualidad
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave para los profesionales colegiados que ejercen por cuenta propia: la elección entre cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social o en una mutualidad profesional. Tras la sentencia, esta se convierte en una decisión irrevocable, que solo podrá ejercerse una única vez. Este derecho de opción se concede al inicio de la actividad y su decisión tiene efectos permanentes para toda la vida laboral del colegiado, consolidando la seguridad jurídica en este ámbito.
La sentencia del Alto Tribunal, con fecha 18 de septiembre de 2025, busca evitar un “uso oportunista” que permita a los profesionales alternar entre ambos regímenes de previsión social en diferentes momentos de su carrera, buscando las coberturas más ventajosas en cada etapa. Es decir, una vez que el profesional elige cotizar por el RETA, ya no puede cambiar a la mutualidad, ni a la inversa, incluso si cesa temporalmente su actividad y posteriormente la reanuda. La primera elección vincula de manera definitiva, sin importar el tiempo transcurrido.
Este fallo judicial refuerza la interpretación de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley General de la Seguridad Social, que ya indicaba que, si el interesado no opta por la mutualidad teniendo derecho, no podrá ejercitar dicha opción con posterioridad.
La resolución del Supremo pone fin a la posibilidad de una “opción reiterada y permanente” ante sucesivas bajas y altas en el RETA. El tribunal concluye que, una vez ejercida la opción, no cabe “marcha atrás” eliminando cualquier intento de alternar entre sistemas en función de conveniencias coyunturales.
Los costes empresariales se incrementarán 480 euros más por trabajador si el Salario Mínimo paga IRPF
Los Técnicos de Hacienda (Gestha) han alertado sobre el potencial incremento de los costes empresariales derivado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si este comienza a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según sus cálculos, la falta de actualización del mínimo exento de IRPF al mismo nivel del SMI podría suponer un coste adicional de unos 480 euros por trabajador para las empresas, debido a una mayor retención fiscal que impacta indirectamente en los costes laborales. Esto se debe a que, para mantener el poder adquisitivo neto del SMI (equivalente al 60% del salario medio, conforme a la Carta Social Europea), sería necesario elevar la cuantía bruta, lo que incrementaría tanto los salarios como las cotizaciones sociales.
La comisión asesora de Trabajo está evaluando dos escenarios para la próxima subida del SMI: uno sin tributación en IRPF, que mantendría el nivel actual sin elevar los costes extras, y otro con tributación, que requeriría un ajuste al alza para compensar el impuesto y preservar el porcentaje recomendado del salario medio. En este último caso, el sindicato técnico calcula que el sobrecoste no solo afectaría a los salarios directos, sino también a las contribuciones a la Seguridad Social, complicando las negociaciones en la mesa del diálogo social con la patronal CEOE. La falta de acuerdo tripartito desde 2020 agrava las tensiones, ya que Díaz podría optar por una subida más ambiciosa si no hay consenso, priorizando la protección de los trabajadores de bajos ingresos.
Ante esta disyuntiva, el colectivo de Técnicos de Hacienda se ha alineado con la postura del Ministerio de Trabajo al solicitar que el salario mínimo no tribute por IRPF, como ha ocurrido hasta ahora. Su propuesta concreta pasa por elevar el umbral de tributación del IRPF hasta igualarlo con la nueva cuantía del SMI. Esta medida busca evitar que los trabajadores con rentas más bajas o trabajos a tiempo parcial vean su poder adquisitivo mermado por la tributación, un efecto que contrarrestaría el objetivo de la subida salarial.
Los grandes fabricantes de vehículos presionan para alargar la vida de los de combustión
El lento despegue de los coches eléctricos, especialmente en los segmentos de lujo y en mercados clave como China y Estados Unidos, está provocado que grandes compañías automovilísticas como Porsche, Mercedes-Benz, Ford o Stellantis, estén ralentizando sus ambiciosos planes iniciales de electrificación, lo que ha llevado a una desaceleración en cascada de la transición hacia el vehículo eléctrico. Retrasos en inversiones, cancelaciones de proyectos y una presión creciente sobre la Unión Europea para revisar la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035, son las consecuencias de este menor incremento de ventas de coches eléctricos.
Esta situación está llevando a que los fabricantes opten por alargar la vida útil de sus modelos de combustión e híbridos, con el fin de garantizar la rentabilidad de sus negocios. Esta “marcha atrás en cascada” refleja un contexto de alta competencia china, costes elevados de producción y una demanda insuficiente, especialmente en segmentos de lujo donde los clientes prefieren el “sonido y carácter” de los motores de gasolina.
Porsche, emblema del lujo alemán, ha protagonizado uno de los giros más notorios al anunciar una “reorientación estratégica integral” que prioriza nuevamente los vehículos de combustión y híbridos, retrasando su plataforma eléctrica y asumiendo costes de 1.800 millones de euros. Mercedes-Benz ha pospuesto hasta 2030 su objetivo de que el 50% de sus ventas sean electrificadas. Ford ha cancelado un nuevo modelo de SUV eléctrico y reducido sus inversiones en electrificación del 40% al 30% de su presupuesto anual, con un impacto de 1.900 millones de dólares en EE UU.
Esta tendencia no solo afecta a las marcas principales, sino que paraliza la cadena de valor: plantas de baterías en Italia y Alemania detenidas, cierres potenciales como el de Audi en Bruselas y reducciones en el sector de componentes, donde empresas como Valeo buscan compradores para fábricas. La industria argumenta que, sin incentivos claros, como un despliegue masivo de puntos de recarga o aranceles contra la invasión china, la transición ecológica se complica.
De fondo se halla la necesidad de una revisión urgente de la normativa europea, con países como Italia que proponen mayor flexibilidad para adaptar la descarbonización a realidades económicas nacionales y evitar el colapso industrial. Expertos y fabricantes insisten en que la electrificación debe ser “socialmente justa”, acompañada de inversiones en infraestructuras y protección laboral, sin detener la lucha contra el cambio climático.
