Mantente informado – Resumen de actualidad
Claves del nuevo permiso de nacimiento
El nuevo permiso de nacimiento y cuidados de menores en España ha sido ampliado mediante un real decreto-ley aprobado en julio de 2025 y convalidado por el Congreso el 9 de septiembre de 2025. Este cambio eleva la duración del permiso retribuido de 16 a 19 semanas para cada progenitor en familias con dos padres o madres, mientras que para las familias monoparentales se incrementa a 32 semanas. Una de sus características es que es igual para ambos progenitores, no pudiendo transferirse de un progenitor a otro, ya que es un individual e intransferible.
De estas 19 semanas, 17 deben disfrutarse en el primer año de vida del menor tras el nacimiento, adopción o acogida, de las cuales seis semanas obligatorias inmediatamente después del parto o resolución judicial. Las dos semanas adicionales retribuidas introducen mayor flexibilidad: una (la semana 17) se toma en el primer año, y las otras dos pueden usarse de forma continua o parcial hasta que el hijo cumpla 8 años. Las solicitudes para las dos semanas flexibles retribuidas solo serán posibles a partir del 1 de enero de 2026, con retroactividad para nacimientos desde el 2 de agosto de 2024.
Todas las semanas del permiso por nacimiento están retribuidas al 100% de la base reguladora, cubiertas por la prestación de la Seguridad Social equivalente a la antigua de maternidad o paternidad, lo que garantiza que los beneficiarios reciban su salario completo durante la ausencia laboral. Esta retribución se extiende a las nuevas semanas, financiadas con cotizaciones sociales, y aplica a trabajadores asalariados, autónomos y empleados públicos en alta o asimilada, siempre que cumplan el período mínimo de cotización.
Para familias monoparentales, la doble duración también es íntegramente retribuida, beneficiando especialmente a las mujeres, que representan el 81% de estos casos.
La ampliación del permiso parental se acumula a otros permisos, como el de lactancia, que sigue siendo de tres semanas. Con estas medidas se completa la transposición de la Directiva de Conciliación adoptada en 2019.
La cuota de solidaridad recauda 177 millones en los seis primeros meses
La cuota de solidaridad, que ha empezado a aplicarse en enero de este año como complemento para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones por el impacto financiero de la jubilación masiva de la generación del baby boom, ha recaudado, en los seis primeros meses de su entrada en funcionamiento (enero a junio de este año) 177,23 millones de euros, lo que según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, equivale al 44% de la proyección anual de 400 millones de euros. Esta cuota es un recargo que se realiza sobre las cotizaciones sociales de los salarios que superan la base máxima de cotización, estimada en 58.914 euros anuales para este año.
Esta cotización adicional se estructura en tres tramos progresivos: el primero, del 1,17% sobre el exceso entre 58.914 y 64.805 euros anuales; el segundo, del 2% entre 64.806 y 88.371 euros; y el tercero, del 3,27% para salarios superiores a 88.372 euros. La distribución del pago mantiene la proporción de las cotizaciones comunes, con las empresas asumiendo el 83,39% y los trabajadores el 16,61%.
A diferencia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que genera derechos para las pensiones y ha recaudado 2.374 millones de euros adicionales, la cuota de solidaridad es puramente redistributiva y no mejora la base reguladora ni las prestaciones futuras de los cotizantes, afectando a más de un millón de nóminas altas, especialmente en sectores como el financiero. Los porcentajes de las cuotas irán aumentando progresivamente cada año, hasta 2045.
La medida busca corregir la brecha con otros países europeos, donde las bases máximas de cotización son más elevadas, permitiendo que España ingrese más por los altos salarios que actualmente quedan exentos de cotizaciones sociales. Sin embargo, no aplica bonificaciones ni deducciones. Se aplica a los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social y a os trabajadores del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
La DGT activa una campaña en sus redes para reducir las peticiones de citas presenciales
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una nueva campaña en sus redes sociales con el lema “DGT es DIGITAL” para fomentar que los ciudadanos realicen sus gestiones de forma telemática. La iniciativa busca concienciar a los usuarios sobre la posibilidad de hacer prácticamente el 100% de los trámites online, evitando así la necesidad de desplazarse a las oficinas y solicitar una cita presencial.
El objetivo principal de esta iniciativa es reducir la alta demanda de citas presenciales y liberar cupo para aquellos colectivos o trámites que realmente requieren atención personal. Con un enfoque en clave de humor, la campaña presenta situaciones cotidianas donde la gente acude a las jefaturas de Tráfico para gestiones que podrían haber resuelto desde la comodidad de su hogar o desde el móvil, como solicitar un duplicado del permiso de conducir o cambiar la titularidad de un vehículo.
La DGT ha destacado que acudir de manera presencial a sus oficinas no solo supone un coste de tiempo y desplazamiento para el ciudadano, sino que también genera una saturación en el sistema de citas previas. La campaña subraya que muchos trámites pueden realizarse de manera sencilla a través de la Sede Electrónica, la aplicación móvil miDGT o el teléfono 060.
La campaña se utiliza para visibilizar y fomentar la digitalización de los trámites de este organismo público, de hecho, la DGT resalta los datos de 2024, donde se realizaron más de 2,4 millones de trámites online frente a 1,8 millones que requirieron atención en persona. Además, promueve un asistente virtual de reciente incorporación llamado “María”, que ha ayudado a casi 100.000 usuarios, facilitando aún más los procesos digitales.
La vivienda ahonda la desigualdad entre regiones
Un estudio pionero del laboratorio de desigualdad de Esade revela que la vivienda se ha convertido en el principal factor que agrava la desigualdad de riqueza entre las regiones de España. El impacto de la vivienda en la desigualdad se refleja en el índice de Gini, que mide la distribución de la riqueza y según este, Madrid y Cataluña, junto con los archipiélagos, tienen los índices más altos, superando la media nacional.
Tradicionalmente, la desigualdad de riqueza se explicaba por diferencias en los ingresos o activos financieros, pero el valor de los inmuebles ha emergido como el motor clave de esta disparidad, ya que suponen el 50% de los activos de riqueza.
Esta brecha de riqueza no solo se ensancha entre las regiones, sino que también se acentúa dentro de una misma comunidad, con el valor de la vivienda como el principal factor diferenciador. El informe muestra que las comunidades autónomas con una riqueza media más elevada, como Madrid y Cataluña, son paradójicamente las más desiguales, mientras que regiones con menor riqueza, como Castilla-La Mancha o Extremadura, presentan una menor desigualdad interna.
Los datos del estudio revelan que, en 2022, la riqueza media por hogar en Madrid ascendía a 687.000 euros, más del doble que en comunidades como Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Andalucía y Extremadura, donde no superaba los 300.000 euros. Esta diferencia se explica, en gran medida, por el elevado valor de las propiedades inmobiliarias en Madrid.
El informe pone de relieve como esta situación plantea un nuevo desafío para las políticas públicas, que deben considerar el impacto del mercado inmobiliario en la equidad territorial y social.
