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ATA señala como objetivos para 2026 menos costes, menos burocracia y más protección para los autónomos

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha presentado un decálogo de propuestas para 2026 que resume las demandas más solicitadas por sus afiliados en el último barómetro y que tiene como principales reivindicaciones hacer más viable y sostenible la actividad por cuenta propia en España. La asociación considera que, pese al crecimiento de afiliados en los últimos años, los autónomos siguen soportando una excesiva presión fiscal, burocrática y de costes que amenaza su continuidad y competitividad. Por ello, ATA reclama al Gobierno y a los grupos parlamentarios una agenda prioritaria de reformas estructurales que alivien estas cargas y fortalezcan la protección social del colectivo, clave en la economía española.

Entre las medidas estrella figura la exención total de cotizaciones a la Seguridad Social desde el primer día en situaciones de baja por enfermedad o incapacidad temporal que impidan trabajar, eliminando los periodos iniciales sin cobertura que actualmente penalizan a muchos autónomos. ATA también defiende la implantación inmediata de un régimen de IVA franquiciado, similar al que ya existe en varios países de la UE, que eximiría de repercutir y liquidar IVA a los autónomos con facturación por debajo de 85.000 euros, reduciendo así costes administrativos y de tesorería.

Otro eje central es la reducción drástica de la burocracia y el número de obligaciones fiscales: ATA propone bajar a solo dos declaraciones de IVA al año, en lugar de las trimestrales actuales y simplificar al máximo el resto de trámites administrativos. Además, plantea aligerar otros costes operativos recurrentes, como los relacionados con la Seguridad Social y las inspecciones, para que los autónomos puedan dedicar más tiempo y recursos a su negocio en vez de a la gestión obligatoria.

La asociación advierte de que sin estas reformas el sector podría estancarse o retroceder en un contexto económico incierto, y emplaza al Ejecutivo a negociar y aprobar medidas concretas a lo largo del año. Al cierre de 2025, España contaba con 3,4 millones de autónomos.

 

Uno de cada cinco contratos firmados en 2025 duró menos de una semana

Uno de cada cinco contratos firmados durante el año (el 21,5 %) tuvo una duración inferior a una semana, mientras que un tercio del total (el 34,2 %) no superó el mes, según un informe del sindicato USO sobre el mercado laboral español en 2025. Señala además que, para cada afiliación neta a la Seguridad Social, se han tenido que firmar 30 contratos.

El informe destaca que, pese al aumento de la contratación indefinida, que pasó del 10,9 % en 2021 al 41,5 % en 2025 tras la reforma laboral, muchos de estos contratos no aportan estabilidad duradera. USO critica que la rotación extrema, con patrones semanales de altas y bajas, genera menores cotizaciones, salarios reducidos y peores perspectivas de pensiones futuras. Así, señala un incremento notable del pluriempleo, más de 886.800 personas en 2025, unas 200.000 más que en 2024, ya que muchas personas necesitan varios trabajos para alcanzar un salario completo.

Otro aspecto preocupante señalado en el informe es la jornada laboral media, que en el tercer trimestre de 2025 se situó en 31,4 horas semanales, la más baja de la serie histórica. El sindicato atribuye este descenso no a la reducción legal de jornada, que no prosperó, sino al predominio de contratos a tiempo parcial y a la fragmentación del empleo.

La situación de los fijos discontinuos es otro de los puntos en los que pone su foco el informe y señala que, a pesar de que el paro registrado oficial disminuyó en 2025, existe otro paro tan real como el contabilizado que ha aumentado en más de 50.000 personas, que es el de las personas demandantes de empleo que no están trabajando, entre las que destacan los fijos discontinuos en período de inactividad, que no se incluyen en el paro registrado tradicional.

El sindicato cuantifica que este colectivo de demandantes de empleo no ocupados ascendió a 1.446.241 personas en 2025, lo que representa un incremento de 50.609 respecto a 2024. Al sumar esta cifra al paro registrado oficial, que cerró 2025 en torno a los 2,4 millones, el paro real alcanzaría las 3.854.911 personas, acercándose a los 4 millones y mostrando, según USO, que la cifra de desempleo “parece inamovible” pese a las reformas laborales.

USO concluye que los buenos datos macro de afiliación ocultan una realidad de fragilidad laboral, y aboga por reformas adicionales en contratación y despido para fomentar empleo de mayor calidad y valor.

 

Los propietarios de viviendas en alquiler de corta duración deberán presentar la información de 2025 antes del 2 de marzo

El Colegio de Registradores ha recordado a los propietarios de viviendas destinadas a alquiler de corta duración (incluyendo turísticos, vacacionales, de temporada o por habitaciones) que tienen la obligación anual de presentar la información correspondiente al ejercicio anterior antes del 2 de marzo.

Esta medida se enmarca en una orden ministerial publicada a principios de 2026, que establece la presentación obligatoria cada mes de febrero, aunque este año el plazo se ha ampliado excepcionalmente hasta el 2 de marzo. El trámite, conocido como “depósito de arrendamientos de corta duración”, debe realizarse en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles, y puede llevarlo a cabo el titular registral o cualquier persona que acredite ser responsable de la gestión del inmueble.

El objetivo principal de esta obligación es mantener actualizada una base de datos común y centralizada sobre las viviendas de uso turístico, lo que facilita el intercambio de información entre las administraciones públicas y contribuye a un mayor control normativo del sector. Los registradores han lanzado una campaña informativa con manuales, vídeos y guías disponibles en su sede electrónica (www.registradores.org) para facilitar el cumplimiento a los afectados. Hasta la fecha, se han otorgado más de 400.000 números de registro único de alquiler (NRUA) desde la entrada en vigor de la normativa relacionada.

En caso de incumplimiento del depósito anual, los inmuebles perderán su Número de Registro Único de Alquiler (NRUA), lo que impedirá su comercialización en plataformas en línea como Airbnb, Booking u otras similares. Esta medida refuerza la transparencia y el cumplimiento de los requisitos autonómicos y municipales para los alquileres de corta duración, evitando que propiedades que no cumplen este control sigan operando en el mercado digital.