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El 24% del coste laboral se destina al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social
El 24% del coste laboral total que abonan los empresarios se destina a pagar las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, según la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada esta semana por el INE. Esto supone ya 9.000 euros al año por empleado a cierre de 2024.
Tener contratado un trabajador cuesta en España 37.525 euros de media al año, un 3,9% más que en 2023, de los que 27.558 constituyen el salario y los 10.000 euros restantes otros costes laborales, con las cotizaciones sociales como elemento principal (9.000 euros). Lo que resta del salario se va en prestaciones sociales directas (0,83%), cotizaciones voluntarias (0,51%), indemnizaciones por despido (0,50%), gastos en formación personal (0,21%), gastos de carácter social (0,04%) y gastos en transporte (0,03%).
En el último año, la parte salarial ha crecido menos que el resto: un 3,8% frente a un 4,4%, debido a la subida de las cotizaciones.
Detrás de esta evolución se encuentra la entrada en vigor de la reforma de las pensiones para reforzar los ingresos del sistema con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde 2023 y que fija una cotización extraordinaria para todos los trabajadores con el objetivo de rellenar la llamada ‘hucha de las pensiones’, y el destope parcial de las bases máximas de cotización, que también supone mayores ingresos por cotización.
La Seguridad Social endurecerá las normas para el cálculo de la pensión contributiva a partir del 1 de agosto
La Seguridad Social cambiará, a partir del 1 de agosto de 2025, las condiciones para realizar el cálculo de la pensión contributiva y lo hará endurecimiento el artículo 144. Bajo la nueva normativa, solo serán válidos los periodos de cotización cuyo pago de cuotas se haya realizado en tiempo y forma, lo que supondrá la exclusión de aquellos años en los que existan deudas, retrasos o irregularidades en los registros.
La aplicación estricta del artículo 144 supondrá que tanto asalariados como autónomos podrán perder años de su vida laboral, por causas derivadas de cuotas impagadas o bases erróneas, ya que quedarán fuera del cómputo de su vida laboral, lo que podrá impactar en la cuantía final de su pensión contributiva. Esto es especialmente importante en los casos donde el trabajador esté al límite requerido para tener derecho a la pensión contributiva, pues la pérdida de periodos de cotización puede llevarle, incluso, a no tener derecho a percibir dicha jubilación contributiva.
La razón de esta medida, según el Ministerio de Seguridad Social, es que “busca reforzar la sostenibilidad del sistema” y evitar fraudes o situaciones irregulares.
Con el fin de evitar sorpresas en el cálculo de la futura prestación, la Tesorería General de la Seguridad Social ha aconsejado solicitar el informe de vida laboral, revisar las bases de cotización y subsanar cualquier incidencia o deuda antes de la fecha límite del 31 de julio de 2025.
La banca informará a Hacienda de los ingresos de los autónomos por Bizum y tarjeta a partir de febrero de 2026
A partir del 1 de febrero de 2026, los bancos y entidades financieras estarán obligados a informar a la Agencia Tributaria sobre los ingresos que los trabajadores autónomos perciban a través de plataformas de pago digital como Bizum, así como mediante transacciones con tarjeta de crédito o débito. Para ello, el Ministerio de Hacienda ha aprobado la Orden con los cuatro nuevos modelos de declaración, el 170, el 174, el 196 y el 181.
Esta medida afectará directamente a los más de 3,4 millones de autónomos registrados en nuestro país.
El modelo 170 obligará a los bancos a declarar mensualmente la facturación de los empresarios y profesionales a través de cobros por tarjeta y por Bizum, diferenciando a través de qué canal llegan los ingresos. Asimismo, se identificarán las cuentas bancarias en las que entra el dinero y de los terminales en puntos de venta (TPV) que tengan.
Siempre que se superen los 25.000 euros al año hechos con tarjeta, en concepto de cargos y abonos, las entidades financieras informarán a Hacienda a través del nuevo modelo 174, quedando exentos los que queden por debajo de este importe. Esta información se compartirá por primera vez con Hacienda en 2026 respecto a los datos del año 2025.
El modelo 181 obligará a la banca y entidades de pago o dinero electrónico a informar anualmente de los préstamos, créditos y operaciones financieras relacionadas con inmuebles. Los datos se reportarán el próximo año sobre los movimientos de 2025.
Finalmente, con el nuevo modelo 196, las entidades financieras informarán mensualmente a Hacienda de cualquier cuenta nueva que se abra, identificando al titular de la misma. También tendrán la obligación de remitir anualmente el saldo en las cuentas a cierre de diciembre, junto a los cargos y abonos en el año. Esta información se enviará por primera vez en enero de 2027.
Los transportistas reclaman 72 millones al Estado por la anulación del ‘impuesto autonómico’ de hidrocarburos
Más de 2.000 empresas, agrupadas en torno a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), han presentado reclamaciones al Gobierno por el Impuesto sobre Hidrocarburos aplicado entre 2013 y 2018, anulado por la Justicia europea. El importe total reclamado asciende a 72 millones de euros por el tramo autonómico.
El plazo para presentar los escritos de reclamación ante el Consejo de Ministros, que es el órgano competente para resolver la responsabilidad patrimonial del Estado en esta cuestión, finalizó el pasado 15 de julio, exactamente un año después de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que anuló la norma.
Entre los perjudicados figuran empresas de transporte de mercancías, operadores de viajeros, autobuses urbanos e interurbanos y compañías de recogida de residuos, entre otros.
Si el Consejo de Ministros desestima o no atiende las reclamaciones, las empresas tendrán que acudir a la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno aprueba la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028
El Gobierno ha dado luz verde, mediante aprobación en el Consejo de Ministros, a la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (EEAAE) 2025-2028, un plan impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para reforzar la empleabilidad y garantizar transiciones laborales justas. Publicado en el BOE el 16 de julio de 2025, marca la primera planificación plurianual bajo la Ley de Empleo 3/2023, con un enfoque centrado en los derechos de trabajadores y empresas, especialmente pymes.
La estrategia, elaborada en colaboración con comunidades autónomas y agentes sociales, prioriza la atención a colectivos vulnerables como jóvenes, desempleados de larga duración, mayores, personas con discapacidad, migrantes y población gitana. Incorpora, igualmente, un Plan Estratégico de Transversalización de la Igualdad de Género para reducir brechas en el acceso y mantenimiento del empleo.
Introduce, asimismo, una financiación plurianual para dotar de estabilidad a los programas, apoyándose en la Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación (Red COE).
Entre otros objetivos prioritarios destaca mejorar la empleabilidad en un 10%, reforzar la intermediación laboral y aumentar la cobertura de formación.
La EEAAE 2025-2028 se alinea con el Pilar Social Europeo y apuesta por políticas activas que impulsen sectores productivos frente a los retos demográficos, verdes y digitales. La evaluación será continua, con indicadores trimestrales y revisiones anuales y bienales, asegurando una gestión eficiente y transparente.
