Mantente informado – Resumen de la actualidad

Las empresas estarán obligadas a informar sobre los salarios que pagan para combatir la brecha de género

A partir de junio de 2026, fecha en la expira el plazo máximo de transposición a la normativa nacional de la Directiva europea sobre transparencia salarial (Directiva UE 2023/970), las compañías estarán obligadas a proporcionar información clara y detallada sobre los salarios que pagan. Esta medida busca poner fin al secretismo retributivo en las empresas de la Unión Europea, incluyendo España, con el objetivo principal de combatir la brecha salarial de género y garantizar una mayor igualdad retributiva.

Entre las obligaciones más destacadas a las que deberán hacer frente las empresas españolas y europeas figuran:

• la prohibición de preguntar a los candidatos por su salario anterior en procesos de selección, pues se entiende como una práctica que perpetúa las desigualdades
• la obligatoriedad de informar del rango salarial, o sueldo inicial, en las ofertas de empleo o, como mínimo, antes de la entrevista
• la elaboración y mantenimiento de un registro retributivo que revele las remuneraciones, incluyendo sueldo base, variables, pagas extras y retribuciones en especie
• la realización de auditorías salariales periódicas, con mayor exigencia en empresas con planes de igualdad.

Además, las compañías con más de 250 empleados (y progresivamente otras de menor tamaño) deberán reportar anualmente la brecha retributiva de género a las autoridades.

La directiva se aplicará progresivamente según el tamaño de la empresa, afectando primero a las de mayor plantilla y con ella se da un avance significativo respecto a la normativa española de igualdad retributiva de 2020, al exigir una transparencia proactiva y no solo reactiva, aunque algunos expertos advierten de posibles riesgos, como rangos salariales demasiado amplios que diluyan su efectividad real. Las empresas se arriesgan, en caso de incumplimiento y especialmente si mantienen brechas superiores al 5% sin plan de acción negociado con sindicatos, a sanciones que pueden alcanzar los 225.000 euros.

Según los datos más recientes del INE (Encuesta de Estructura Salarial correspondiente a 2023, publicados en 2025), el salario medio anual fue de 28.049,94 euros por trabajador, mientras que el de las mujeres se situó en 25.591,31 euros y el de los hombres en torno a 29.381-30.000 euros (según cruces con informes previos). Esto implica una diferencia media anual de aproximadamente 4.000-5.000 euros a favor de los hombres.

Las causas principales siguen siendo la segregación ocupacional (mayor presencia femenina en sectores peor pagados y con más parcialidad) la carga de cuidados que afecta la trayectoria profesional de las mujeres, interrupciones laborales y menor acceso a puestos de alta responsabilidad.

 

UPTA denuncia que seis de cada diez solicitudes de paro se rechazan y lo califica de “gran fiasco”

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha denunciado que la prestación por cese de actividad, popularmente conocida como el “paro de los autónomos”, se ha convertido en un “gran fiasco” dentro del sistema de protección social para los trabajadores por cuenta propia. Según el presidente de la organización, Eduardo Abad, este mecanismo resulta ineficaz, restrictivo y excluyente, ya que no responde a las necesidades reales del colectivo pese a que los autónomos cotizan específicamente para acceder a él. La denuncia se basa en datos oficiales de la Seguridad Social correspondientes a octubre de 2025, que revelan un alto porcentaje de rechazos.

Los números son contundentes: solo el 45,7% de las solicitudes de cese de actividad fueron aprobadas, mientras que el 58,8% (casi seis de cada diez) resultaron denegadas. Desde UPTA califican esta situación de inaceptable, argumentando que “tras cotizar durante años por esta prestación, más de la mitad de las solicitudes son rechazadas”, lo que convierte al sistema en un mecanismo que, en lugar de proteger, expulsa a miles de autónomos, especialmente aquellos de sectores tradicionales con mayores dificultades para mantener su actividad. Las principales causas de los rechazos radican en la excesiva complejidad administrativa y en unos requisitos de acceso considerados desproporcionadamente estrictos.

UPTA insiste en que se trata de un derecho reconocido para ofrecer ayuda económica ante ceses involuntarios y objetivos, pero en la práctica se ha vuelto inaccesible para gran parte del colectivo. La organización critica que durante todo 2025 no se avanzara en la adaptación del sistema de cotización por ingresos reales, que incluía como prioridad la mejora de esta prestación. Por ello, exige al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una reforma urgente del mecanismo, la reactivación del Observatorio del Cese de Actividad con participación de asociaciones y agentes sociales, y la reanudación inmediata de negociaciones para fortalecer la protección social de los autónomos y eliminar barreras burocráticas.

El absentismo laboral crece un 53% desde 2019 y ocasiona un gasto equivalente al 70% de las pensiones contributivas

El absentismo laboral en España ha aumentado un 53% desde 2019, lo que ha elevado su coste total a 129.000 millones de euros anuales, equivalente al 8,1% del PIB, según datos del think tank español Foro de Regulación Inteligente (FRI).  Este importe representa el 67,8% del gasto total en pensiones contributivas, lo que subraya la magnitud del problema como un fenómeno estructural y no solo coyuntural.

El informe pone énfasis en el impacto económico más amplio que provoca este fenómeno, pues el absentismo genera un sobrecoste que incluye tanto las prestaciones por incapacidad temporal como la pérdida de productividad y otros efectos indirectos en las empresas. En promedio, cada día laboral hay casi 1,5 millones de personas ausentes de su puesto de trabajo, lo que agrava el desacople entre el récord de afiliación a la Seguridad Social y la productividad estancada o en retroceso en varios sectores.

Se menciona, además, el fuerte incremento de las bajas por salud mental, que se han disparado un 66% en los últimos cinco años, especialmente entre los trabajadores más jóvenes, y las ausencias cortas como factores que contribuyen significativamente al sobrecoste. El informe estima un impacto mucho mayor que el reconocido oficialmente por el Gobierno en prestaciones por incapacidad temporal.

El FRI alerta sobre la presión que ejerce el absentismo sobre el sistema de protección social español, pues al acercarse su coste al de las pensiones contributivas, uno de los mayores capítulos del gasto público, se genera un riesgo adicional en un contexto de envejecimiento demográfico y dependencia creciente de las cotizaciones. El informe alerta de que, sin medidas correctivas, el fenómeno podría agravarse en un contexto de envejecimiento poblacional y alta dependencia de las cotizaciones sociales.

 

La red eléctrica española pierde un 3% de su capacidad en solo dos meses y se encuentra ya al 85,7%, comprometiendo nuevos desarrollos industriales y urbanísticos

La red eléctrica española ha experimentado una rápida pérdida de capacidad disponible en los últimos meses. Según un análisis realizado por el Foro Industria y Energía (FIE) y Opina 360, basado en el mapa de capacidad de acceso a subestaciones eléctricas, el sistema ha perdido cerca de 2,8 gigavatios (GW) entre octubre y noviembre de 2025. Esta caída se ha producido en apenas dos meses, lo que refleja la elevada presión sobre la infraestructura debido al aumento de la demanda por electrificación y nuevos proyectos industriales.

El estudio, con datos al 1 de diciembre de 2025, abarca 6.108 subestaciones de las 29 principales distribuidoras del país (que representan el 97% de los puntos de suministro). El grado de saturación ha aumentado del 82,4% en octubre al 85,7%, lo que significa que 5.235 subestaciones ya no disponen de capacidad técnica para conectar nuevos proyectos. En términos de potencia disponible, se ha pasado de algo más de 10 GW a solo 7.363 MW, evidenciando que la red se está consumiendo a un ritmo mucho mayor que su capacidad de refuerzo.

Esta situación deja a gran parte del territorio nacional sin margen técnico para nuevas conexiones, lo que afecta al desarrollo de iniciativas renovables, industriales o de electrificación en muchas zonas. Se convierte, asimismo, en un impedimento para futuros desarrollos urbanísticos, presionando sobre la ya elevada demanda de viviendas en todo el territorio nacional. Asociaciones como Asprima, Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ha realizado un llamamiento institucional para que la infraestructura eléctrica deje de ser un freno estructural y ha presentado recientemente un informe que identifica la infraestructura eléctrica como uno de los principales “cuellos de botella” para el sector, pues estiman que, en zonas como Madrid, este déficit podría obstaculizar la creación de hasta 700.000 viviendas a largo plazo si no se actúa.  La asociación ha propuesto un paquete de 16 medidas destinadas a agilizar la construcción de miles de viviendas, donde señala aspectos como capacidad y planificación, agilización administrativa, transparencia, optimización de costes y coordinación como puntos esenciales para resolver esta situación.