Mantente informado – Resumen de actualidad
El nuevo carné europeo autoriza a conducir a los menores de 17 años, acompañados de un adulto
El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una importante reforma de la normativa comunitaria sobre permisos de conducción, buscando modernizar el sistema y mejorar la seguridad vial, en un entorno actual donde cada año fallecen en accidentes de tráfico unas 20.000 personas en la UE.
Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de obtener el permiso de la categoría B (turismos) desde los 17 años. Esta medida permitirá a los jóvenes adquirir experiencia de conducción de forma temprana aunque, hasta que cumplan los 18 años, solo podrán circular acompañados por un conductor experimentado. Este conductor deberá cumplir una serie de requisitos, como tener una antigüedad mínima en el carné y no haber sido sancionado por infracciones graves.
La reforma también introduce cambios relevantes en la validez del permiso y el estatus de conductor novel. Se establece un periodo de prueba de al menos dos años para los nuevos conductores, que se enfrentarán a sanciones más duras por infracciones graves, especialmente las relacionadas con el consumo de alcohol o el incumplimiento de las normas de seguridad. Al mismo tiempo, se amplía la validez administrativa del carné para turismos y motocicletas a 15 años. La digitalización es otra de las apuestas de la nueva normativa, al sentar las bases para un carné de conducir digital europeo, reconocido en todos los Estados miembros de la UE, facilitando con ellos su portabilidad y verificación.
Otro punto clave de la nueva normativa es la aplicación transnacional de las sanciones y la retirada del permiso. La reforma prevé que la retirada del carné de conducir impuesta en un Estado miembro de la UE por una infracción grave (como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas) se aplique y reconozca en todos los estados de la Unión Europea. Esto busca impedir que los infractores eviten la sanción al trasladarse a otro país, reforzando así el objetivo de reducir los accidentes de tráfico en las carreteras europeas.
Finalmente, para su entrada en vigor, la normativa deberá ser publicada oficialmente. Los Estados miembros tendrán un plazo de tres años para adaptar estas nuevas directrices a su legislación nacional, y un año adicional para su aplicación definitiva. En términos de formación, los nuevos exámenes incluirán contenidos actualizados sobre la seguridad de usuarios vulnerables de la vía como peatones y ciclistas, y se requerirá una evaluación médica para la obtención o renovación del permiso, con la posibilidad de que los Estados usen sistemas de autoevaluación.
El Banco de España alerta de que los sectores con menor competencia tienen más fraude
El Banco de España ha publicado un estudio que establece una correlación significativa entre la falta de competencia en ciertos sectores empresariales y la prevalencia de conductas fraudulentas. El informe sugiere que aquellas empresas que operan en mercados con menor presión competitiva son más propensas a involucrarse en prácticas ilícitas o poco éticas, como el fraude fiscal o la ocultación de información. Esto se debe, en parte, a que la ausencia de rivales fuertes les permite mantener sus márgenes de beneficio a pesar de estas prácticas, minimizando el riesgo de ser penalizadas por el mercado.
La investigación se basa en el análisis de datos contables y fiscales de empresas españolas, utilizando indicadores que miden tanto el nivel de competencia sectorial como la probabilidad de comportamientos fraudulentos. Los resultados apuntan a que un bajo nivel de contestabilidad del mercado (facilidad para que nuevas empresas entren y compitan) se asocia con una mayor opacidad y manipulación en la presentación de sus cuentas. En esencia, las empresas con poder de mercado tienen menos incentivos para ser transparentes y más margen para explotar sus posiciones, incluso a través de medios fraudulentos.
Este análisis tiene implicaciones importantes para el diseño de políticas públicas. El Banco de España subraya la necesidad de fomentar una mayor competencia en los mercados como una herramienta indirecta y eficaz para mejorar la ética empresarial y reducir el fraude. Un entorno más competitivo obliga a las empresas a ser más eficientes, transparentes y honestas para sobrevivir, ya que las prácticas fraudulentas se vuelven más arriesgadas y costosas cuando los consumidores y competidores tienen alternativas reales.
La imposición de los MASC enfrenta sus primeras críticas
La Audiencia Provincial de Navarra ha emitido una resolución de gran relevancia en el ámbito del Derecho de Familia al ordenar la admisión de una demanda de divorcio que había sido inicialmente rechazada por un Juzgado de Primera Instancia, por el incumplimiento del requisito de procedibilidad que exige a las partes acudir a una sesión informativa de mediación previa antes de presentar la demanda. Con esta decisión se sienta un precedente importante en la interpretación de la legislación reciente sobre los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
En su auto, la Audiencia Provincial argumenta que el requisito de mediación previa no resulta exigible en todas las demandas de divorcio, especialmente cuando la ruptura matrimonial presenta una simplicidad evidente. El caso concreto, origen de este auto, es el de un divorcio en el que no existían hijos comunes ni bienes a repartir entre los cónyuges. Según la Audiencia, forzar a las partes a asistir a una mediación en situaciones donde no hay controversia real sobre aspectos esenciales (como la guarda y custodia o la liquidación del régimen económico) resultaría absurdo o injusto, obstaculizando innecesariamente un proceso de divorcio que no busca resolver un conflicto sino formalizar una decisión.
Este fallo judicial subraya una carencia advertida en la ley de eficiencia procesal, indicando que el legislador no previó durante la tramitación parlamentaria que el nuevo requisito de mediación previa podría generar situaciones disfuncionales. La intención de la norma es fomentar la resolución extrajudicial de conflictos, pero aplicarla de manera estricta y automática a divorcios sin controversia de fondo frustra el objetivo final. Por lo tanto, la Audiencia de Navarra ha interpretado la ley de forma flexible, primando el derecho de acceso a la jurisdicción de los ciudadanos y la celeridad procesal en casos claros de ruptura.
De esta forma la Audiencia de Navarra corrige al juzgado de primera instancia al establecer que la obligatoriedad de la mediación previa no es absoluta. La decisión permite la tramitación del divorcio, marcando una distinción entre los procesos donde la mediación es potencialmente útil y aquellos donde solo serviría como una barrera procesal.
El teletrabajo ahonda la brecha entre funcionarios y trabajadores del sector privado
El teletrabajo ha alcanzado un récord histórico en la Administración General del Estado (AGE), superando el 50% de los empleados públicos que trabajan a distancia al menos un día a la semana. Son los resultados obtenidos de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los que se desprenden del Informe de Seguimiento de Trabajo a Distancia en la AGE y que ha analizado el diario The Objective.
El último dato disponible de este informe sitúa el teletrabajo en el 50,73%, la cifra más alta de toda la serie histórica que comenzó en noviembre de 2022. Esto indica que el trabajo a distancia en la AGE ha llegado para quedarse, consolidando esta modalidad laboral como una ventaja significativa para el personal, a diferencia de la tendencia observada en el sector privado.
La información destaca la creciente brecha entre el sector público y el sector privado. El porcentaje de funcionarios que teletrabajan triplica al del conjunto de ocupados en España, que se mantiene estable alrededor del 14%-15%. Mientras que el trabajo a distancia se ha disparado en la Administración, el sector privado permanece estable e incluso ha experimentado un descenso tras el pico de la pandemia. La diferencia entre ambos modelos ha aumentado en los últimos años, con el sector público convirtiéndose en el principal motor de esta modalidad.
Además, este auge del teletrabajo en la AGE se observa en todos los niveles jerárquicos. En julio (último dato disponible), más de 90.500 funcionarios teletrabajaron, incluyendo tanto personal de apoyo administrativo o gestión, como directivos y mandos intermedios. Por otro lado, el artículo señala que la regulación en la AGE todavía adolece de una falta de normativa unificada, lo que da lugar a cierta arbitrariedad, ya que cada ministerio u organismo decide sobre la presencialidad sin un criterio totalmente unánime.
