El verdadero coste de un Estado que nunca deja de crecer

El Gobierno ha presentado el techo de gasto para 2027 como la demostración de que España ha encontrado una fórmula capaz de combinar crecimiento económico, expansión del Estado del bienestar y consolidación fiscal. Sobre el papel, las cifras parecen avalar esa narrativa: un techo de gasto de 226.000 millones de euros, reducción gradual del déficit y una deuda pública que volvería a situarse por debajo del 100% del PIB.

Sin embargo, la cuestión verdaderamente relevante no es si España puede permitirse aumentar el gasto un año más. La pregunta es cuánto cuesta mantener de forma permanente un Estado que cada ejercicio necesita gastar más que el anterior. Éste es el gran debate que comienza a abrirse en Europa. Durante años los mercados aceptaron déficits elevados porque la pandemia, la crisis energética y la guerra de Ucrania justificaban políticas fiscales extraordinarias. Aquellas circunstancias han desaparecido. Lo extraordinario se ha convertido en estructural, como siempre sucede cuando nos referimos a la relación entre el individuo y el Estado.

España constituye un buen ejemplo de esta transformación. Entre 2018 y 2025 las administraciones públicas incrementaron sus ingresos no financieros en más de un 53%, mientras que el gasto aumentó un 52%. En términos absolutos, el sector público gasta hoy más de 261.000 millones de euros adicionales respecto a 2018. La recaudación también ha alcanzado máximos históricos, pero aun así la deuda pública se ha incrementado en casi 490.000 millones de euros durante ese mismo período.

Es decir, el problema no reside en que falten ingresos. Nunca antes, el Estado español había recaudado tanto. La cuestión es que el crecimiento del gasto absorbe prácticamente toda esa capacidad adicional de financiación. Ni se menciona que en ciclos anteriores (por ejemplo, en 2007), el sector público en España aprovechó el crecimiento para generar un abultado superávit fiscal que permitió cuando llegó la crisis poder tener margen para gastar y aguantar mejor la caída de la recaudación. Y eso que era un gobierno socialista. Algo muy parecido a lo que ocurrió a partir de 1996 con la Administración Clinton en Estados Unidos.

Una parte importante de esta mejora recaudatoria tampoco responde necesariamente a un aumento permanente de la riqueza nacional. La inflación ha elevado la tributación efectiva de hogares y empresas, especialmente en el IRPF por la ausencia de deflactación suficiente de la tarifa, mientras que el incremento de la población ocupada ha ampliado la base de contribuyentes y cotizantes. Sólo el efecto de la inflación permitió recaudar más de 54.000 millones de euros adicionales entre 2019 y 2025, según los cálculos recogidos por la AIReF hace pocos meses.

Mientras ese flujo extraordinario continúe, el modelo funciona. El crecimiento económico alimenta la recaudación; la recaudación financia más gasto; y el propio gasto sostiene parte del crecimiento. Pero toda estrategia basada en ingresos excepcionalmente elevados tiene una vulnerabilidad evidente: depende de que esos ingresos sigan creciendo.

Aquí es donde aparece la comparación con Francia. Durante años, Francia mantuvo una situación aparentemente estable. Conservaba un elevado nivel de gasto público, financiaba amplios programas sociales y los mercados apenas cuestionaban su solvencia. Sin embargo, cuando el crecimiento comenzó a desacelerarse y el déficit permaneció persistentemente elevado, la percepción cambió con rapidez. Hoy Francia soporta uno de los mayores déficits de la Unión Europea y afronta crecientes dudas sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas, obligando al Gobierno a plantear ajustes que hace pocos años parecían políticamente impensables.

La lección francesa no consiste en afirmar que España vaya a reproducir exactamente ese escenario. Consiste en recordar que los problemas fiscales rara vez aparecen de forma repentina. Se acumulan lentamente durante años en forma de gasto estructural creciente, hasta que un cambio del ciclo económico convierte un desequilibrio aparentemente manejable en un problema de financiación.

Por eso resulta discutible presentar como un éxito suficiente la reducción del déficit desde el entorno del 2,4% del PIB hasta el 1,5% previsto para 2029 cuando la economía continúa creciendo con intensidad, el empleo sigue marcando máximos históricos y la recaudación continúa batiendo récords. Precisamente en las fases expansivas es cuando los Estados deberían reconstruir colchones fiscales que permitan responder a futuras crisis sin recurrir inmediatamente a nuevas emisiones de deuda. Del mismo modo sucede cuando presentan como un ‘éxito’ la reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB cuando está por encima del nivel anterior a 2018 y muy lejos del objetivo que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (60% del PIB).

El verdadero patrimonio financiero de un Estado no es únicamente su capacidad para recaudar más impuestos. Es su capacidad para disponer de margen cuando llegan tiempos peores. España todavía está a tiempo de construir ese margen. Pero hacerlo exige una decisión política mucho más compleja que seguir aumentando el techo de gasto cada año: aceptar que consolidar las cuentas públicas no significa únicamente reducir unas décimas el déficit, sino impedir que el tamaño del Estado crezca de forma permanente al mismo ritmo que lo hace la recaudación. Más aún cuando desaparece el efecto de los fondos europeos y el manejo discrecional que se ha hecho de los mismos en el tiempo en que no se estaban ejecutando las líneas de inversión asociadas a ellos.

Porque cuando la siguiente desaceleración llegue —y siempre termina llegando— será demasiado tarde para descubrir que el problema no era cuánto ingresábamos, sino cuánto nos habíamos acostumbrado a gastar. Otra vez la misma historia que en 2008, y eso que entonces sí tuvimos superávit fiscal el año anterior.