Regularizar no basta: una mirada económica al debate migratorio

El debate sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes en España se ha planteado en términos morales o identitarios, pero esa aproximación es insuficiente. La cuestión central es la económica. Concretamente, nos debe llevar a plantearnos qué modelo migratorio maximiza el bienestar agregado y garantiza la sostenibilidad fiscal y productiva del país en el medio y largo plazo.

España no se enfrenta a un fenómeno excepcional, sino estructural. Un mercado laboral tensionado por el envejecimiento, la baja natalidad y déficits persistentes de oferta en determinados sectores convive desde hace años con un volumen significativo de trabajadores en situación irregular. La regularización periódica de estos colectivos no es una solución en sí misma, sino la evidencia de un fallo de diseño institucional acumulado, arrastrando un estrés notable en los servicios públicos y ante una situación de caos en el control de las fronteras, especialmente costeras.

Desde un punto de vista económico, el problema no puede analizarse en términos binarios. Ni la oposición frontal a cualquier regularización es coherente con las necesidades productivas del país, ni una regularización masiva indiscriminada es neutral en términos de incentivos. Ambas posiciones ignoran elementos clave de la teoría y práctica económica.

En primer lugar, debemos valorar los efectos sobre el mercado laboral. La incorporación de trabajadores previamente situados en la economía sumergida tiende a concentrarse en los tramos de menor productividad. Si no existen mecanismos que eleven su capital humano y su capacidad productiva, el resultado es una presión adicional sobre los salarios más bajos y una posible cronificación de empleos de escaso valor añadido. Esto no sólo limita la convergencia de rentas de los propios regularizados, sino que también afecta a los trabajadores nacionales que compiten en esos mismos segmentos.

En segundo lugar, y de forma más relevante, está la cuestión fiscal intertemporal. La evaluación de una regularización no puede hacerse únicamente en términos estáticos —más cotizantes hoy— sino dinámicos. Es necesario considerar el valor presente descontado de la contribución fiscal neta de los individuos regularizados: incremento de los impuestos y cotizaciones generados a lo largo de su ciclo vital menos el incremento del coste esperado en servicios públicos (sanidad, educación, prestaciones sociales, vivienda pública, etc.).

Este cálculo depende críticamente de variables como la edad de entrada, el nivel de cualificación, la tasa de empleo esperada y la trayectoria salarial. Si la inserción laboral se produce en segmentos de baja productividad y salarios reducidos, la aportación fiscal neta puede ser limitada o incluso negativa en términos descontados. Por el contrario, perfiles con mayor empleabilidad y progresión salarial tienden a generar contribuciones netas positivas.

Sabemos de diferentes estudios elaborados por Fedea o por este mismo autor en sucesivas ediciones de la liberación fiscal que, aproximadamente, los siete primeros deciles de la distribución de la renta en España (el 70% de los individuos) reciben del Estado más de lo que contribuyen a lo largo del ciclo vital. Entre el 70% y el 90% prácticamente equilibran su balance entre contribución y prestación y el 10% restante (los individuos de rentas más altas) pagan más de lo que se benefician del Estado.

La población mayor de 65 años recibe más prestaciones que lo que contribuye vía impuestos. Es el momento en que reciben lo que han pagado durante su vida laboral, concretamente un 103% de la renta bruta descontando el mínimo vital.

Gráfico: Carga fiscal en porcentaje del salario bruto disponible

Fuente: Elaboración propia. DLF 2020

 

Los jóvenes asumen una carga fiscal neta (descontada de los bienes públicos recibidos) del 26,3% mientras que el resto de la población en edad de trabajar es del 35% sin apenas cambios entre 30-44 años y 45-64 años, donde el crecimiento de los impuestos viene acompañado de un crecimiento proporcional de las prestaciones públicas, por ejemplo, en forma de beneficios fiscales por tenencia de hijos y un mayor consumo de servicios sanitarios y educativos.

Estos números evidencian cómo los trabajadores en edad de trabajar aceptan pagar entre 3.515,33 euros en edad laboral temprana y 7.775,23 euros anuales en edad laboral adulta durante 35 años (carrera de cotización tipo) por encima de lo percibido en servicios públicos para recibir un beneficio neto en forma de pensión, sanidad y dependencia por importe de 17.768,49 euros anuales durante 20 años.

Ignorar esta dimensión lleva a diagnósticos incompletos. No toda inmigración tiene el mismo impacto económico, y por tanto no toda regularización es equivalente desde el punto de vista del interés general.

A ello se suma un tercer elemento como es la generación de incentivos. Las regularizaciones masivas recurrentes generan lo que en Economía se denomina riesgo moral. Si los agentes perciben que la entrada irregular puede derivar, con una probabilidad no despreciable, en una futura regularización, el coste esperado de la irregularidad disminuye. Esto puede incentivar nuevas entradas fuera de los cauces legales, reproduciendo el problema que se pretende resolver.

Pero el argumento inverso tampoco resiste un análisis riguroso. La negativa a establecer mecanismos de regularización o vías legales suficientes no elimina la demanda de trabajo, sino que la desplaza hacia la informalidad. En ese contexto, la economía sumergida actúa como una política implícita: permite ajustar costes laborales a corto plazo a costa de menor recaudación, menor productividad y mayores riesgos de exclusión social.

España ha convivido durante años con este equilibrio ineficiente. Sectores enteros han dependido de mano de obra vulnerable, con baja capacidad de negociación y elevada inseguridad jurídica. La regularización periódica no corrige este modelo; simplemente lo blanquea ex post.

La alternativa razonable pasa por un enfoque estructural basado en tres pilares. Primero, la alineación entre política migratoria y necesidades del mercado laboral. Esto implica sistemas ágiles de entrada legal vinculados a sectores con demanda efectiva, reduciendo los incentivos a la irregularidad desde el origen.

Segundo, una estrategia explícita de mejora de la productividad. La clave no es únicamente cuántos trabajadores se incorporan, sino en qué condiciones y con qué capacidad de generar valor añadido. Formación, reconocimiento de cualificaciones y movilidad ocupacional son elementos centrales para que la contribución fiscal neta sea positiva en términos de valor presente.

Tercero, credibilidad institucional. Un sistema que combina vías legales claras con control efectivo de la irregularidad reduce el riesgo moral y mejora la asignación de recursos. Esto incluye tanto la cooperación con países de origen como la capacidad administrativa para gestionar expedientes en plazos razonables.

En este marco, la regularización puede tener un papel acotado y pragmático como mecanismo de transición para corregir bolsas de irregularidad ya existentes. Pero no puede convertirse en el instrumento central de la política migratoria sin generar distorsiones significativas.

En última instancia, el debate no es si España necesita inmigración —los fundamentos demográficos y económicos indican que sí—, sino bajo qué reglas y con qué objetivos. La cuestión relevante es si el país opta por un modelo basado en la improvisación y la corrección ex post, o por uno que internalice los incentivos, maximice la productividad y garantice una contribución fiscal sostenible en el tiempo.

Regularizar puede ser necesario en determinadas circunstancias. Pero, desde una perspectiva económica, está lejos de ser suficiente.