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El Gobierno eleva el gasto en el Ingreso Mínimo Vital casi un 10% en los cinco primeros meses de 2026
Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el gasto en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha aumentado un 9,27% durante los cinco primeros meses de 2026, alcanzando en mayo un desembolso de 500,16 millones de euros.
Este incremento se debe principalmente a la revalorización del 11,4% aplicada a las cuantías a principios de año, que ha elevado la prestación media por hogar hasta los 538,7 euros. A esto se suma el crecimiento sostenido del número de beneficiarios: en mayo, el IMV llegó a 862.859 hogares, beneficiando a 2.631.545 personas, de las cuales más de un millón son menores de edad.
En términos interanuales, el gasto creció un 22,07% respecto a mayo de 2025. De mantenerse esta tendencia, el coste anual del IMV superaría claramente los 5.000 millones de euros en 2026, frente a los 4.538 millones ejecutados en 2025 (tras modificaciones presupuestarias).
El Gobierno destaca que la prestación continúa ampliando su cobertura, especialmente en hogares con niños, y subraya su importancia como herramienta fundamental contra la pobreza infantil y la exclusión social. En los últimos seis años, el IMV ha protegido en algún momento a casi 3,7 millones de personas.
Fijar la residencia en Portugal o en Gibraltar no exime a los españoles de tributar ante Hacienda
La Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) están endureciendo su doctrina contra los cambios de residencia a jurisdicciones con fiscalidad más favorable.
En paralelo a la resolución que deniega validez a los certificados de residencia portugueses para jubilados acogidos al régimen de Residentes No Habituales (RNH), la Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido un nuevo criterio que impide a los nacionales españoles que se trasladen a Gibraltar dejar de tributar en España.
Según la consulta vinculante de la DGT de 23 de abril de 2026, los ciudadanos españoles que muden su residencia al Peñón seguirán considerándose residentes fiscales exclusivamente en España, aunque cumplan los 183 días de estancia en Gibraltar y tengan allí su vivienda habitual y el centro de sus intereses vitales.
Esta interpretación se basa en el Acuerdo Fiscal entre España y el Reino Unido relativo a Gibraltar de 2021, que establece reglas específicas para evitar traslados meramente “formales” sin un cambio real de residencia. El criterio de la DGT refuerza que los españoles que se muden a Gibraltar después de la firma del Acuerdo mantienen su residencia fiscal en España, independientemente del tiempo de permanencia o de dónde organicen su vida.
De forma similar, en el caso de Portugal, el TEAC mantiene que el régimen de RNH no implica una sujeción plena a la renta mundial. Por ello, los certificados portugueses no activan la aplicación del Convenio de Doble Imposición. Los pensionistas deben tributar en España a través del IRNR, con tipos que pueden superar el 24-40% según los tramos.
El 78% de los municipios españoles registra diez o menos compraventas de vivienda
Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana correspondientes al primer trimestre de 2026, de los 8.132 municipios españoles, 2.447 (el 30,1%) no registraron ni una sola compraventa de vivienda. Además, 3.932 municipios (el 48,3%) contabilizaron diez o menos operaciones. En total, 6.379 municipios —el 78,4% del total— presentaron una actividad inmobiliaria mínima o nula. Esto significa que solo alrededor del 21,6% de los municipios (aproximadamente 1.753) superaron las diez compraventas en el trimestre.
Las comunidades autónomas del interior y el noroeste lideran esta “sequía” inmobiliaria. Castilla y León, Aragón, Navarra, Extremadura y La Rioja registran entre el 87% y el 95% de sus municipios con actividad muy baja. En el extremo opuesto, la demanda se concentra de forma abrumadora en las grandes ciudades. Madrid lidera el ranking con 9.474 compraventas, más del doble que Barcelona (4.025), seguida de Valencia (2.445), Sevilla (2.392) y Zaragoza (2.041). Estos grandes municipios, junto a sus áreas metropolitanas y enclaves costeros, captan la gran mayoría del volumen nacional de transacciones.
Factores estructurales como la mayor oferta de empleo, servicios, conectividad e interés inversor —que se dan principalmente en las grandes urbes— explican esta hiperconcentración inmobiliaria. Todo ello en un contexto en el que los precios de la vivienda continúan al alza a nivel nacional —un 12,9% interanual según el INE—, lo que agrava las dificultades de acceso a la vivienda en las zonas más demandadas.
Entra en vigor la reforma eléctrica: más derechos para los consumidores
A partir del 12 de junio de 2026, ha entrado en vigor una importante reforma en la comercialización eléctrica en España, impulsada por el Real Decreto 88/2026, de 11 de febrero, que aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. Esta normativa refuerza de forma notable los derechos de los consumidores.
La medida más destacada es la posibilidad de cancelar los contratos de suministro eléctrico en cualquier momento sin penalizaciones en la mayoría de los casos. Con ello se elimina una de las principales barreras que limitaban la libertad de los usuarios para cambiar de compañía en busca de mejores precios o condiciones.
La reforma se aplica principalmente a hogares y pymes con potencia contratada inferior a 15 kW. Hasta ahora, muchas tarifas incluían periodos de permanencia con costes asociados. Gracias al nuevo reglamento, los clientes ganan flexibilidad real en un mercado energético volátil.
La única excepción se mantiene en los contratos a precio fijo del mercado libre antes de su primera prórroga anual. En estos casos, la penalización máxima queda limitada al 5% del coste estimado de la energía pendiente, y la comercializadora debe acreditar el perjuicio económico. Los consumidores vulnerables acogidos al PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) quedan exentos de cualquier penalización.
Además, el Real Decreto prohíbe las llamadas comerciales no solicitadas (spam telefónico) por parte de las comercializadoras y restringe las modificaciones unilaterales de las condiciones contractuales, aportando mayor estabilidad y transparencia al mercado.
Estas medidas buscan reequilibrar la relación entre usuarios y empresas eléctricas, fomentando la competencia y reduciendo prácticas abusivas. Se espera que faciliten el cambio de proveedor y permitan ahorros en las facturas de la luz.
Las compañías deben adaptar sus contratos y procedimientos a esta nueva regulación. Las autoridades recomiendan a los consumidores revisar sus condiciones actuales y comparar ofertas del mercado para aprovechar plenamente estos nuevos derechos.
Con esta actualización normativa, los españoles cuentan con herramientas más potentes para defender sus intereses en un servicio básico como la electricidad.
Los ‘ninis’ resisten en España: mínimo histórico, pero aún por encima de la media europea
Aunque la tasa de NEET (jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni se forman) en España ha alcanzado en 2025 su nivel más bajo desde que Eurostat comenzó a registrar los datos en 2002, el país sigue sin alcanzar la media comunitaria. Según las cifras oficiales de Eurostat, el 11,5% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años se encontraban en esta situación en 2025, frente al 11,0% del promedio de la Unión Europea. Se trata de una mejora de medio punto respecto a 2024 y de una caída muy significativa desde los máximos registrados tras la crisis (alrededor del 22,5% en 2013).
Esta bajada refleja avances en la reducción del paro juvenil y del abandono escolar temprano, que ha descendido hasta el 12,8% entre los jóvenes de 18 a 24 años —también un mínimo histórico—. El impulso de la Formación Profesional dual, la recuperación del mercado laboral tras la pandemia y las políticas de orientación educativa han contribuido a este descenso sostenido.
Sin embargo, España continúa entre los países con peores resultados de Europa occidental. Mientras Países Bajos (5,3%), Suecia (5,9%) y Eslovenia (7,6%) registran tasas mucho más bajas, en el extremo opuesto se sitúan Rumanía (19,2%), Bulgaria (13,8%) y Grecia (13,6%).
El problema afecta especialmente a los jóvenes con menor nivel educativo: el 15,3% de ellos son NEET en España, por encima de la media europea. La brecha de género es prácticamente inexistente (11,4% en hombres y 11,5% en mujeres). Por edades, la tasa es mucho más baja entre los 15-19 años (alrededor del 5-6%) y se eleva notablemente a partir de los 20 años.
La Unión Europea se ha fijado como objetivo reducir la tasa de NEET por debajo del 9% en 2030, según el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Para lograrlo, las instituciones comunitarias pretenden intensificar las políticas de empleo de calidad, la orientación educativa y el apoyo a la emancipación juvenil, con el fin de evitar que toda una generación quede rezagada.
