Dudas razonables sobre el euro digital
El avance del proyecto de euro digital tras la aprobación del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo vuelve a situar sobre la mesa un debate que va mucho más allá de la innovación tecnológica. En realidad, la cuestión de fondo no es si Europa necesita reforzar su soberanía en materia de pagos —algo difícilmente discutible en el actual contexto geopolítico—, sino si la solución elegida fortalece realmente la libertad económica de los ciudadanos o, por el contrario, incrementa el poder de las instituciones públicas sin ofrecer ventajas proporcionales.
Es justo reconocer que el diagnóstico de partida de las instituciones europeas es acertado. La Unión Europea mantiene una dependencia muy elevada de infraestructuras de pago desarrolladas fuera de sus fronteras. Buena parte de las transacciones cotidianas descansan sobre redes como Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay o Google Pay, mientras que otras economías, como la china, han desarrollado sus propios ecosistemas digitales de pago. Resulta razonable que Europa aspire a disponer de una infraestructura propia que reduzca esa dependencia y refuerce su autonomía estratégica.
Sin embargo, de ese objetivo no se deriva necesariamente que el Banco Central Europeo (BCE) deba convertirse en el proveedor directo de una nueva forma de dinero digital para todos los ciudadanos. Una cosa es disponer de una infraestructura europea de pagos y otra muy distinta ampliar el ámbito de actuación del banco central hasta convertirlo en un actor directo del mercado minorista de pagos cuando, al mismo tiempo, es el monopolista de la creación de dinero.
Desde una perspectiva de economía abierta de mercado, la principal objeción al euro digital no reside tanto en la tecnología como en la arquitectura institucional que introduce. Hoy la información que generan nuestros pagos se encuentra extraordinariamente dispersa entre entidades financieras, redes de tarjetas, plataformas tecnológicas y comercios. Ningún operador dispone, por sí solo, de una visión completa de la actividad económica de un individuo (excepto Hacienda, y no en todo).
El euro digital modifica parcialmente ese equilibrio al descansar sobre una infraestructura única impulsada por el banco central. Sus defensores insisten en que existirán mecanismos de privacidad, pagos fuera de línea y protocolos criptográficos destinados a proteger la confidencialidad de los usuarios. Es posible que así sea. Pero el problema nunca ha consistido en desconfiar de las personas concretas que hoy dirigen una institución, sino en desconfiar prudentemente de la acumulación de poder que cualquier institución puede llegar a ejercer mañana.
La cuestión, por tanto, no es si el BCE utilizará indebidamente esa información, sino si resulta conveniente construir una infraestructura que permita, potencialmente, conocer con enorme precisión qué compra cada ciudadano, cuándo lo hace, dónde realiza sus pagos o con quién mantiene relaciones económicas. Las instituciones deben diseñarse pensando no en los gobernantes presentes, sino en los futuros, porque las leyes cambian, los reglamentos evolucionan y las mayorías políticas se suceden. La historia económica demuestra que las capacidades creadas rara vez desaparecen; simplemente terminan utilizándose con finalidades distintas de aquellas para las que fueron concebidas. Incluso aunque el diseño inicial del euro digital incorpore elevadas garantías de privacidad, la mera concentración de semejante volumen de información altera el equilibrio tradicional entre individuo y Estado.
Esta preocupación enlaza con una de las ideas centrales de la tradición liberal. Friedrich Hayek insistió repetidamente en que la información en una economía libre está inevitablemente dispersa entre millones de individuos y empresas. Esa dispersión constituye precisamente uno de los principales límites al poder político. Cuando la información se centraliza, también lo hace la capacidad de intervenir sobre la vida económica de los ciudadanos. La discusión sobre el euro digital no debería reducirse, por tanto, a cuestiones técnicas relacionadas con la ciberseguridad o la criptografía, sino extenderse a un debate mucho más amplio sobre la distribución del poder dentro de nuestras democracias.
Existe, además, un segundo interrogante que hasta ahora ha recibido escasa atención: ¿qué gana realmente el ciudadano con el euro digital? La historia de la innovación tecnológica muestra que las nuevas herramientas terminan imponiéndose cuando ofrecen mejoras evidentes respecto a las existentes. La banca por Internet permitió operar desde casa; las tarjetas sin contacto redujeron tiempos de espera; las transferencias inmediatas y aplicaciones como Bizum prácticamente eliminaron el coste temporal de enviar dinero entre particulares. Hoy un consumidor europeo puede realizar pagos instantáneos, con costes prácticamente nulos y mediante una enorme variedad de instrumentos. Resulta difícil identificar qué necesidad cotidiana permanece sin cubrir y que únicamente el euro digital pueda resolver.
Los beneficios más frecuentemente invocados por sus promotores —autonomía estratégica, resiliencia del sistema financiero, fortalecimiento internacional del euro o reducción de la dependencia tecnológica exterior— son objetivos legítimos de política económica, pero pertenecen al ámbito del interés colectivo, no al de la utilidad individual inmediata. El ciudadano, sin embargo, sí asume algunos de los costes potenciales derivados del nuevo sistema: una mayor concentración institucional de información, un aumento del protagonismo del banco central en los medios de pago y la posible reducción progresiva del espacio reservado al efectivo. Existe, en consecuencia, una cierta asimetría entre los beneficios privados y los riesgos institucionales.
También merece atención el efecto que el euro digital puede producir sobre la competencia. El ecosistema actual de pagos es imperfecto, pero extraordinariamente diverso. Bancos tradicionales, entidades de dinero electrónico, plataformas tecnológicas y nuevas empresas financieras compiten continuamente por ofrecer servicios más rápidos, baratos y eficientes. La entrada del banco central introduce un competidor singular que, además, disfruta de una ventaja imposible de igualar por cualquier empresa privada: es el propio emisor de la moneda. Desde el punto de vista económico, ello plantea un problema clásico cuando el regulador deja de limitarse a establecer las reglas del juego y pasa simultáneamente a participar en él. La separación entre árbitro y jugador constituye uno de los principios básicos sobre los que descansan los mercados competitivos.
Por último, aunque el proyecto europeo insista en que el euro digital no sustituirá al dinero en efectivo, conviene distinguir entre la garantía jurídica y la realidad económica. El uso del efectivo lleva años reduciéndose de manera constante, impulsado por la digitalización de los pagos y por la creciente preferencia de consumidores y comercios por los medios electrónicos. La aparición del euro digital probablemente acelerará esa tendencia. Conforme disminuya el uso del efectivo, también disminuirán los incentivos económicos para mantener cajeros automáticos, redes de transporte de fondos o sistemas de aceptación universal del dinero físico. El efectivo puede seguir existiendo formalmente mientras pierde relevancia práctica. Y, sin embargo, constituye mucho más que un simple medio de pago: representa la única forma de dinero que permite realizar intercambios sin autorización previa de ningún intermediario, sin registro digital y sin depender del funcionamiento de ninguna infraestructura tecnológica. En términos de libertad económica, esa característica posee un valor difícilmente sustituible.
Resulta especialmente llamativo que esta evolución discurra en dirección opuesta a una de las propuestas más conocidas de Hayek. En La desnacionalización del dinero, publicada en 1976, defendía precisamente incrementar la competencia entre emisores monetarios como mecanismo para disciplinar la calidad del dinero. El euro digital representa la lógica inversa: amplía la presencia del monopolio monetario público precisamente en un ámbito, el de los pagos minoristas, donde hasta ahora predominaba la competencia entre múltiples operadores privados. Una iniciativa presentada como un avance tecnológico puede interpretarse, al mismo tiempo, como una ampliación del alcance institucional del monopolio estatal sobre el dinero.
En definitiva, el debate sobre el euro digital no debería plantearse como una disyuntiva entre modernidad y conservadurismo tecnológico. Europa necesita reducir determinadas dependencias estratégicas y fortalecer sus infraestructuras financieras. Sin embargo, la pregunta verdaderamente relevante es si ese objetivo exige necesariamente incrementar la capacidad del banco central para intervenir en la esfera monetaria cotidiana de los ciudadanos. Desde una óptica liberal, la respuesta invita a la prudencia.
La libertad económica no depende únicamente de las intenciones de quienes ejercen hoy el poder, sino también de los límites que las instituciones establecen para quienes lo ejercerán mañana. Y precisamente por eso, cuando se trata del dinero —quizá la institución económica más importante de una sociedad libre—, la concentración de poder debería considerarse siempre una excepción que exige una justificación mucho más sólida que la simple promesa de una mayor eficiencia. El euro digital no debe compararse con el efectivo, sino con el dinero bancario actual: ¿qué problema concreto del consumidor resuelve el euro digital que hoy no resuelvan ya las transferencias inmediatas, Bizum o las tarjetas?
