El sector forestal necesita una fiscalidad que entienda sus tiempos

Estamos ya prácticamente a las puertas del invierno y, como suele ocurrir en España, hemos olvidado los incendios, pero hasta el año que viene. Hasta que vuelva a hacer calor, la humedad sea baja y las lluvias escaseen. Mientras tanto, el 56% del territorio nacional queda sólo en manos de los pocos propietarios, gestores, empresarios y familias que siguen, con no poca desmoralización, atendiendo los montes.

Nuestro país tiene un problema de gestión forestal que difícilmente podrá resolverse únicamente mediante regulaciones ambientales, subvenciones públicas o campañas de prevención de incendios. Una parte fundamental de la solución pasa por reconocer que los montes constituyen una actividad económica singular, sometida a unas condiciones productivas, financieras y temporales que nuestro sistema fiscal no siempre comprende. Mientras exigimos a sus propietarios mayores responsabilidades ambientales, seguimos aplicándoles un tratamiento tributario que, en demasiadas ocasiones, desincentiva precisamente aquello que queremos conseguir: inversión, conservación, aprovechamiento sostenible y continuidad de las explotaciones.

Según los datos oficiales, más del 70% de la superficie forestal española es de titularidad privada. Esto significa que una parte esencial de la conservación de nuestro patrimonio natural depende de las decisiones económicas de miles de propietarios, muchos de ellos pequeños titulares familiares. Sin embargo, frecuentemente se les contempla más como sujetos de obligaciones administrativas que como agentes económicos capaces de generar riqueza, empleo y beneficios ambientales.

El primer problema es la desconexión entre el valor patrimonial de un monte y su capacidad real de generación de rentas. Una explotación forestal puede disponer de una superficie considerable y tener un valor catastral o de referencia elevado sin que ello implique una rentabilidad económica equivalente. Al contrario, sus aprovechamientos pueden requerir varias décadas, sus ingresos suelen ser discontinuos y sus costes de mantenimiento, vigilancia, limpieza y prevención de incendios son recurrentes.

Esta singularidad debería tener consecuencias fiscales. No tiene sentido que los impuestos sobre el patrimonio, la propiedad inmobiliaria o la transmisión patrimonial desconozcan sistemáticamente la iliquidez de estos activos, la irregularidad de sus ciclos productivos y los largos períodos productivos. Tampoco que la valoración fiscal de una finca termine siendo muy superior a su capacidad de generar rendimientos. La fiscalidad debería atender no solamente a la valoración administrativa de la propiedad, sino también a su capacidad económica efectiva, algo tan básico como que es uno de los principios tributarios básicos: el de capacidad de pago.

Por ello, una primera reforma consistiría en revisar el tratamiento de los terrenos forestales en el Impuesto sobre el Patrimonio (desde 2022 también el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el IBI, así como los criterios de valoración aplicados a las transmisiones. Existen determinadas exenciones y reducciones, pero resultan parciales y no siempre responden a la realidad de las explotaciones. Sería razonable ampliar los beneficios fiscales de los montes sometidos a planes de gestión sostenible, vinculándolos a compromisos verificables de conservación, prevención de incendios e inversión. Por ejemplo, es urgente reconocer los gastos de mantenimiento y limpieza como mayor valor de adquisición de las fincas para reducir la ganancia patrimonial que tributaría en IRPF.

Especial importancia tiene la continuidad de las explotaciones familiares. España dispone de un régimen de protección fiscal para la empresa familiar que, bajo determinados requisitos, facilita su transmisión entre generaciones. Sin embargo, las particularidades de la actividad forestal dificultan en ocasiones su encaje en las condiciones exigidas para disfrutar de sus beneficios.

Una finca gestionada profesionalmente, que requiere inversiones periódicas y cuyo aprovechamiento económico puede producirse cada veinte, treinta o cuarenta años, no debería recibir un trato desfavorable simplemente porque carezca de ingresos recurrentes o incluso porque no tenga una forma societaria explícita. Hay que avanzar hacia un reconocimiento específico de la explotación forestal familiar, equiparando su protección tributaria a la de otras actividades productivas cuando exista una gestión efectiva y acreditada. Se trata de evitar que una sucesión obligue a vender, fragmentar o abandonar un patrimonio que ha necesitado generaciones para consolidarse.

La segunda gran reforma corresponde a la fiscalidad de la renta. El actual sistema de estimación objetiva del IRPF para actividades forestales utiliza índices aplicados sobre los ingresos, con ajustes reglados, que no siempre capturan adecuadamente los costes reales soportados por el propietario. La alternativa de estimación directa tampoco elimina las dificultades administrativas que afrontan muchas pequeñas explotaciones.

Se necesita un régimen que permita reconocer con mayor eficacia los gastos de conservación, trabajos silvícolas, limpieza, protección frente a incendios, restauración y mejora de accesos, incluso cuando los ingresos de la explotación sean muy reducidos o se produzcan años después. La posibilidad de compensar fiscalmente los costes soportados durante varios ejercicios y de adaptar la tributación a la irregularidad de los ingresos constituye una cuestión esencial.

Algo parecido ocurre con el IVA. Aunque existe una compensación del 12% para determinadas operaciones forestales acogidas al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, su funcionamiento está vinculado a las ventas y no necesariamente refleja la intensidad de las inversiones y los gastos realizados durante los largos períodos sin aprovechamientos comerciales. Sería conveniente revisar estos mecanismos para que la fiscalidad indirecta no penalice la gestión preventiva ni la modernización de las explotaciones. Es el caso, por ejemplo, del IVA aplicado a las empresas de servicios agrarios.

Pero la reforma no debería limitarse a corregir impuestos existentes. También debe incorporar incentivos explícitos para aquellas inversiones forestales que generan beneficios públicos. Una propuesta especialmente relevante consiste en establecer deducciones fiscales por trabajos de prevención de incendios, tratamientos silvícolas, mejora de masas forestales y recuperación de terrenos degradados. Estas deducciones podrían aplicarse tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades, con mecanismos que permitan aprovecharlas incluso cuando las cuotas tributarias sean reducidas. Obviamente, es preferible incentivar una inversión privada que reduce el riesgo de incendio a tener que financiar posteriormente, con recursos públicos, los costes de extinción, restauración y pérdida de actividad económica.

Un tercer ámbito, todavía insuficientemente desarrollado, es la remuneración de los servicios ecosistémicos. Los propietarios forestales contribuyen a la absorción de dióxido de carbono, la conservación de la biodiversidad, la regulación hidrológica, la protección de los suelos y la prevención de riesgos naturales. Son beneficios disfrutados por toda la sociedad, pero cuyo coste recae, en gran medida, sobre quienes mantienen el territorio.

Aquí aparece una oportunidad extraordinaria para desarrollar mecanismos de mercado. España y la Unión Europea disponen ya de marcos de certificación de absorciones de carbono, pero es necesario facilitar que los propietarios forestales puedan participar en ellos con menores costes de transacción y garantías jurídicas.

Los gastos acreditados de gestión, limpieza y mejora de los montes podrían servir como parte de la documentación necesaria para certificar actuaciones ambientales. Naturalmente, no toda factura puede convertirse automáticamente en un crédito de carbono: los beneficios deben ser medibles, adicionales y verificables. Pero precisamente por eso hacen falta sistemas de certificación accesibles, agregación de pequeñas propiedades y mercados capaces de transformar servicios ambientales reales en nuevas fuentes de ingresos.

Además del carbono, deberían desarrollarse mecanismos de remuneración de otros servicios, particularmente los vinculados al agua. La gestión sostenible de determinadas cuencas forestales puede contribuir a mejorar la disponibilidad de recursos hídricos, reducir la erosión y proteger las infraestructuras de abastecimiento. Allí donde estos resultados puedan acreditarse, tendría sentido destinar una parte de los ingresos procedentes de cánones ambientales o instrumentos de financiación hídrica a remunerar las actuaciones forestales que los hacen posibles.

Finalmente, cualquier reforma fiscal quedará incompleta si no va acompañada de una simplificación administrativa profunda. La obtención de autorizaciones, la elaboración de instrumentos de ordenación, la evaluación ambiental y los numerosos procedimientos vinculados a la gestión forestal generan costes que, en ocasiones, resultan desproporcionados respecto a la rentabilidad esperada. Reducir tasas innecesarias, unificar procedimientos y facilitar la agrupación de fincas mediante incentivos en los impuestos sobre transmisiones y actos jurídicos documentados debería formar parte de la misma estrategia, sin renunciar a las garantías ambientales.

El denominador común de estas reformas debe ser un principio sencillo: a mayor compromiso acreditado de gestión forestal sostenible, mayor reconocimiento fiscal. Los instrumentos de ordenación pueden convertirse en la herramienta que permita vincular incentivos, responsabilidades y resultados, evitando tanto los beneficios indiscriminados como una burocracia imposible de asumir por los pequeños propietarios.

La cuestión de fondo es cambiar nuestra manera de entender la propiedad forestal. No podemos exigir a los titulares de los montes que actúen como gestores de un patrimonio ambiental colectivo y, simultáneamente, tratarles fiscalmente como simples poseedores de riqueza inmobiliaria. Conservar un bosque cuesta dinero, requiere inversión y exige una perspectiva de décadas.

Una buena política forestal no consiste en sustituir al propietario mediante una intervención pública creciente, sino en crear las condiciones económicas para que gestionar, conservar e invertir resulte rentable. La fiscalidad puede convertirse en una de las herramientas más eficaces para conseguirlo. Porque la mejor garantía de futuro de nuestros bosques es que quienes los cuidan tengan incentivos para seguir haciéndolo.