El mínimo por ascendientes en el IRPF

Especial referencia a los conceptos de convivencia y dependencia económica. Tratamiento de los ingresos en residencias y de pluralidad de descendientes.

La aplicación del mínimo por ascendientes exige examinar conjuntamente distintos elementos, tales como la edad o discapacidad del ascendiente, la convivencia, la dependencia económica, la cuantía de sus rentas, la presentación de declaración con rentas superiores a 1.800 euros y la situación de cada descendiente que pretenda beneficiarse del mínimo por ascendientes.

El mínimo por ascendientes se regula en los arts. 59, 60 y 61 de la LIRPF.

El art. 59 LIRPF establece un mínimo de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años o con discapacidad, cualquiera que sea su edad, que conviva con el contribuyente y no obtenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.

Si el ascendiente es mayor de 75 años, el mínimo se incrementa en 1.400 euros anuales adicionales, por lo que el importe total ascendería a 2.550 euros por cada ascendiente que reúna los requisitos.

En caso de fallecimiento de un ascendiente que genere derecho al mínimo por este concepto, la cuantía aplicable es de 1.150 euros.

El Manual de IRPF 2025 recuerda que, a efectos de la aplicación del mínimo por ascendientes, tienen tal consideración los padres, abuelos, bisabuelos, etc. de quienes descienda el contribuyente y que estén unidos a este por vínculo de parentesco en línea recta por consanguinidad o por adopción, sin que se entiendan incluidas las personas unidas al contribuyente por vínculo de parentesco en línea colateral o transversal (hermanos, tíos, o tíos abuelos) o por afinidad (suegros). Esta cuestión es importante, porque no debe confundirse con la posibilidad, en algunas deducciones autonómicas, de incluir a ascendientes por afinidad.

Las cuantías anteriores se refieren a la parte estatal. Algunas CC. AA., por su parte, han fijado cuantías diferentes en su ámbito territorial respecto de la parte autonómica del impuesto en 2025:

ANDALUCÍA: 1.200 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años o con discapacidad, más 1.460 euros anuales adicionales por ascendiente mayor de 75 años.

PRINCIPADO DE ASTURIAS: 1.265 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años o con discapacidad, más 1.540 euros anuales adicionales por ascendiente mayor de 75 años.

ISLAS BALEARES: 1.265 euros anuales por cada ascendiente de más de 65 años o con discapacidad, más 1.540 euros anuales adicionales por ascendiente mayor de 75 años.

CANARIAS: 1.162 euros anuales por cada ascendiente de más de 65 años o con discapacidad, más1.414 euros anuales adicionales por ascendiente mayor de 75 años.

GALICIA: 1.199 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años o con discapacidad, más 1.460 euros anuales adicionales por ascendiente mayor de 75 años.

MADRID: 1.234,26 euros anuales por cada ascendiente de más de 65 años o con discapacidad, más 1.502,58 euros anuales adicionales por ascendiente mayor de 75 años.

COMUNITAT VALENCIANA: 1.265 euros anuales por cada ascendiente de más de 65 años o con discapacidad, más 1.540 euros anuales adicionales por ascendiente mayor de 75 años.

El resto de CC. AA. aplican las mismas cuantías que la normativa estatal.

En todos los casos, los requisitos que deben cumplirse para la aplicación del mínimo por ascendientes son los siguientes:

• Que se trate de ascendientes por consanguinidad.
• Que el ascendiente sea mayor de 65 años o tenga una discapacidad acreditada conforme a la normativa tributaria, cualquiera que sea su edad.
• Que conviva con el contribuyente durante, al menos, la mitad del período impositivo, salvo los supuestos especiales previstos legalmente.
• Que sus rentas anuales netas, excluidas las exentas, no superen 8.000 euros.
• Que no presente declaración del IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.
• Que se cumplan las restantes reglas comunes del artículo 61 LIRPF.

Los requisitos de edad y de discapacidad son independientes. Debe tenerse en cuenta que el concepto “discapacidad” es un concepto específico y cerrado a efectos tributarios: una invalidez, una incapacidad permanente, una situación de dependencia, una enfermedad grave, una limitación funcional o la necesidad de cuidados permanentes no equivalen por sí mismas, automáticamente, a una discapacidad acreditada a efectos fiscales, debiendo acudirse a las reglas específicas de reconocimiento y acreditación de la discapacidad previstas en la normativa tributaria (certificación del IMSERSO o del órgano correspondiente en las CC. AA.).

Y, además, la discapacidad no equivale automáticamente a una situación de dependencia económica respecto del descendiente.

En este sentido, discapacidad e incapacidad permanente no son términos equivalentes. El artículo 60.3 LIRPF establece determinados supuestos en los que se considera acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Entre ellos figuran los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, así como determinados pensionistas de clases pasivas. Pero si lo que se quiere es acreditar una discapacidad mayor del 33%, debe recurrirse necesariamente a la acreditación a través del IMSERSO o de los Servicios Sociales de las CC. AA. que tengan atribuida dicha competencia.

Esta regla, sin embargo, no elimina por sí sola los requisitos de convivencia, rentas y declaración del ascendiente. La incapacidad permanente puede servir para acreditar la discapacidad fiscal, pero no equivale automáticamente a una situación de dependencia económica respecto del hijo.

Discapacidad y dependencia tampoco son equivalente. La dependencia regulada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, responde a la necesidad de ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria. Su reconocimiento resulta relevante para acreditar la necesidad de cuidados y puede aportar información importante sobre la situación personal del ascendiente, pero no se puede equiparar sin más a la discapacidad a efectos tributarios. Lo mismo ocurre con la regulación contenida en la recientemente aprobada Ley 4/2026, de 1 de octubre, que modifica la legislación general sobre discapacidad y dependencia e introduce una equiparación entre determinados grados de dependencia y porcentajes de discapacidad en el ámbito de esa legislación

Ambas normas no se pueden trasladar directamente al IRPF, ámbito en el cual la acreditación de la discapacidad continúa requiriendo una comprobación normativa concreta a efectos del impuesto.

La interpretación administrativa, por su parte, ofrece criterios especialmente relevantes en las consultas vinculantes V1310-26, V1394-21 y V1698-22.

En este contexto, el mínimo por ascendientes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) suscita numerosas dudas. ¿Puede aplicarse cuando el padre o la madre vive en una residencia? ¿Es suficiente con que el hijo pague una parte de los gastos? ¿Qué ocurre cuando varios hermanos se reparten el coste de los cuidados? ¿Debe entenderse que existe convivencia cuando el ascendiente depende económicamente de sus hijos, aunque no viva con ninguno de ellos?

A estas cuestiones se añade otra dificultad: las limitaciones económicas establecidas por la normativa pueden excluir del beneficio fiscal respecto de ascendientes que necesitan una asistencia considerable, pero perciben una pensión que supera el límite legal de rentas.

La aplicación del mínimo por ascendientes (al igual que ocurre con el mínimo personal, el mínimo por descendientes y el mínimo por discapacidad) exige distinguir entre conceptos tales como convivencia, dependencia económica, discapacidad, incapacidad, invalidez y dependencia reconocida conforme a la legislación asistencial. Son conceptos relacionados, muy similares, pero no equivalentes a efectos del IRPF. Lo mismo ocurre con la aplicación de la deducción por ascendiente con discapacidad a cargo prevista en el art. 81 bis LIRPF (una de las llamadas “deducciones DAFAS”).

En este sentido, si el ascendiente genera derecho al mínimo por ascendientes y cumple los requisitos específicos del artículo 60 LIRPF, puede aplicarse también el mínimo por discapacidad por dicho ascendiente. Las cuantías estatales por discapacidad del ascendiente son las siguientes:

• 3.000 euros anuales cuando el grado de discapacidad es igual o superior al 33 % e inferior al 65 %.
• 9.000 euros anuales cuando el grado es igual o superior al 65 %.
• Un incremento adicional de 3.000 euros cuando concurren los requisitos legales para el incremento por gastos de asistencia, como la necesidad de ayuda de terceras personas, la movilidad reducida o el grado de discapacidad correspondiente (65%).

Pero estas situaciones requieren estar certificadas. El art. 72 RIRPF establece  como vía ordinaria de acreditación, el certificado o la resolución expedidos por el IMSERSO o por el órgano competente de las comunidades autónomas (normalmente vinculado a servicios sociales autonómicos).

El hecho de disponer de un certificado de incapacidad permanente absoluta (65%), por ejemplo, no equivale a estos efectos a una discapacidad del 65%: la LIRPF únicamente admite que con un certificado de incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalidez) quede acreditado, automáticamente, un grado de discapacidad, a efectos del IRPF, del 33%. Pero nada más. Si se quiere disponer de una certificación por un grado mayor del 33% hay que acudir a los certificados del IMSERSO o de los órganos competentes de las CC. AA.

Y, por otro lado, la LIRPF también permite considerar, excepcionalmente, un grado de discapacidad del 65% en aquellos casos en los que se haya determinado una incapacidad en el orden civil -esto es, a través de los procedimientos de la Ley de Enjuiciamiento Civil o, más claramente, en los procesos de incapacitación civil y no de otros supuestos-, cualquiera que sea el grado concedido.

No obstante, la STS 294/2023, de 8 de marzo, rec. 1269/2021, ECLI:ES:TS:2023:837 (STS, a 08 de marzo de 2023 – ROJ: STS 837/2023), examinó los medios de prueba admisibles para acreditar el grado de discapacidad a efectos del mínimo regulado en el artículo 60 LIRPF, declarando que el grado de discapacidad puede acreditarse mediante el certificado o resolución administrativa correspondiente, “sin perjuicio de la posibilidad de utilizar cualquier otro medio de prueba admitido en derecho”, atendiendo a las circunstancias específicas del caso. Debe entenderse, sin embargo, que cualquier informe médico sea suficiente para ello, debiendo valorar siempre la documentación aportada para acreditar suficientemente la situación de discapacidad y su grado.

Por su parte, la STS 780/2025, de 19 de junio de 2025, rec. 4452/2023, ECLI:ES:TS:2025:2871 ( STS, a 19 de junio de 2025 – ROJ: STS 2871/2025), aunque se refiere a un supuesto de descendientes es perfectamente trasladable a ascendientes y a supuestos generales de discapacidad, establece que, atendiendo a las circunstancias del caso, el grado de discapacidad puede probarse mediante otros medios admitidos en Derecho y, de manera particular, cuando se pretende demostrar que la situación incapacitante ya existía en una fecha anterior a la del reconocimiento administrativo ulterior. Con ello se permite distinguir entre la fecha en que se reconoce formalmente la discapacidad por la Administración competente y la fecha en que puede probarse que la situación material ya concurría.

En consecuencia, ambas sentencias permiten sostener que la certificación administrativa constituye el medio ordinario de acreditación, pero no necesariamente el único. La valoración de otras pruebas dependerá del supuesto concreto y de su capacidad para acreditar el grado de discapacidad exigido por la normativa tributaria.

Existe un tercer pronunciamiento de interés: la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 19 de julio de 2024, RG 00/04263/2023, dictada en un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio. El TEAC resolvió que, “en los supuestos en los que existe un reconocimiento previo de una pensión por incapacidad permanente (total, absoluta o de gran invalidez), al llegar a la edad de jubilación, el contribuyente mantendrá su derecho a aplicar el mínimo por discapacidad del artículo 60 de la Ley 35/2006, del I.R.P.F. sin que le sea exigible acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.”

De esta manera, el TEAC se refiere a la situación del contribuyente que venía percibiendo la pensión de incapacidad permanente antes de llegar a la edad de jubilación y la interpreta en sentido contrario -unificando criterio- a lo que establecieron las consultas vinculantes de la DGT V1487-17 ((V1487-17) y V0600-19 (V0600-19)

Bien. Nos referimos ahora a otra cuestión habitual: la convivencia y el ingreso en una residencia, puesto que el requisito de convivencia es esencial para practicar el mínimo por ascendientes. Ya nos hemos referido anteriormente que, a diferencia de lo que ocurre con los descendientes, respecto de los ascendientes no se ha establecido una equivalencia general entre convivencia y dependencia económica. La célebre STC 19/2012, de 15 de febrero de 2012 (BOE-A-2012-3534) declaró inconstitucional y nulo el requisito de la convivencia como condición exclusiva para aplicar el mínimo por descendientes en el IRPF, pero el TC se refirió exclusivamente a los descendientes y la LIRPF aplicable desde 2015 lo hace igualmente. La LIRPF únicamente establece esa equivalencia cuando el ascendiente padece una discapacidad certificada e ingresa en una residencia como centro especializado.

El artículo 59.1 LIRPF dispone que “Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes con discapacidad que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados”.

Por tanto, cualquier residencia no es válida, debiendo tratarse de un centro especializado y, además, debe existir una discapacidad acreditada en los términos tributarios, dependencia respecto del contribuyente, además de cumplirse el límite de rentas (8.000 euros netos anuales) y la no presentación de declaración con rentas netas superiores a 1.800 euros.

La consulta vinculante V1310-26, de 28 de mayo de 2026 (V1310-26) trata de un ascendiente de 81 años, con un grado de discapacidad del 46 % y dependencia de grado II, ingresada en un centro residencial, con una pensión mensual de unos 875 euros, destinando el 75 % de la misma al pago de la residencia, asumiendo su hija otros gastos personales, sanitarios y de acompañamiento.

La DGT establece que, si se cumplen los requisitos legales y se acredita la dependencia económica de la madre respecto de la hija, puede aplicarse el mínimo por ascendientes y el mínimo por discapacidad correspondiente, por lo que:

• El hecho de que el ascendiente no resida físicamente en el domicilio del contribuyente no impide necesariamente la aplicación del mínimo.
• La ley no exige que el hijo pague íntegramente el coste de la residencia. En el supuesto analizado, una parte del coste se sufraga con la pensión de la madre.
•  La dependencia económica debe acreditarse. No basta con invocar el parentesco o la existencia de una contribución ocasional. En este caso, los rendimientos netos anuales de la madre no rebasan los 8.000 euros.
• No se refiere a cualquier tipo de residencia: en este caso concurren discapacidad, dependencia económica, internamiento especializado y se cumplen los demás requisitos tributarios.

La consulta vinculante de la DGT V1394-21, de 13 de mayo de 2021 (V1394-21), por su parte, trata del supuesto de un contribuyente cuyo padre tenía reconocida una discapacidad del 69 %, percibía una pensión inferior a 8.000 euros y vivía en su propia vivienda, situada cerca de la del hijo. La DGT consideró que no procedía aplicar el mínimo por ascendientes porque el padre no convivía con el contribuyente ni estaba internado en un centro especializado dependiendo de él, de manera que la proximidad física, la atención cotidiana y la existencia de discapacidad no permiten prescindir del requisito de convivencia cuando no concurre el supuesto especial previsto en el artículo 59.1.

Otra cuestión habitual es si puede aplicarse el mínimo a un ascendiente mayor de 65 años sin discapacidad acreditada que vive en una residencia. El artículo 59.1 no establece una excepción general para cualquier ascendiente mayor de 65 años que ingrese en una residencia. La regla especial se refiere a ascendientes con discapacidad que, dependiendo del contribuyente, son internados en centros especializados, por lo que el pago de una residencia no especializada no conlleva la posibilidad de aplicar directamente el mínimo por ascendientes.

Por otro lado, como se ha señalado anteriormente, en el caso de los ascendientes no resulta aplicable la equivalencia entre dependencia y convivencia, como ocurre con los descendientes. El art. 58.1 LIRPF establece, para el mínimo por descendientes, que la dependencia respecto del contribuyente se asimila a la convivencia, con las excepciones previstas en la propia norma; pero el art. 59 LIRPF no contiene una equiparación general equivalente para los ascendientes, excepto en el caso de ascendientes con discapacidad dependientes del contribuyente e internados en centros especializados.

En consecuencia, en los supuestos de dependencia económica sin convivencia -distintos de los casos de ascendientes con discapacidad dependientes del contribuyente e internados en centros especializados- la ayuda económica, aunque sea muy relevante, no garantiza por sí sola el derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes. Así se desprende, además, de las consultas vinculantes citadas: la consulta V1310-26 (V1310-26), sobre dependencia económica en el supuesto de internamiento especializado, y la consulta V1394-21 (V1394-21), sobre atención a un ascendiente con discapacidad que vive en su propia vivienda.

El artículo 61.1.ª LIRPF establece que, cuando dos o más contribuyentes tengan derecho al mínimo respecto del mismo ascendiente, su importe se prorratea entre ellos por partes iguales. Si los contribuyentes tienen distinto grado de parentesco, se aplica la regla de preferencia del grado más cercano, con la excepción legal relativa a sus rentas.

Ello conlleva la necesidad de preguntarse si varios descendientes que comparten el coste de una residencia o se distribuyen los gastos de atención de sus padres, pueden aplicar el mínimo por ascendientes prorrateándolo entre ellos.

En ese caso, cumpliéndose con el resto de requisitos para poder aplicar el mínimo por ascendientes, podrá prorratearse el mismo. Ahora bien, el prorrateo se aplica por partes iguales, con independencia del volumen o porcentaje de gastos que haya efectuado cada hijo/a. Pero, con carácter previo, debe tratarse de un centro especializado -no cualquier tipo de residencia- y los ascendientes deben tener la condición de discapacitados, en posesión del correspondiente certificado.

¿Qué otros supuestos de prorrateo del mínimo por ascendientes permite la norma? Si varios descendientes conviven con el ascendiente y reúnen los requisitos, el mínimo se prorratea por partes iguales. Eso señala el art. 61.1ª LIRPF. Entiéndase: es el supuesto en el que todos -ascendientes y descendientes- viven juntos, en el mismo lugar. No cabe, por tanto, en el supuesto en el que el ascendiente convive la mitad del año con un/a hijo/a y la otra mitad del año con otro/a hijo/a, o distintos períodos de tiempo. El requisito de convivencia durante al menos la mitad del período impositivo impide aplicar el mínimo a todos los hijos cuando el ascendiente convive tres o cuatro o seis meses al año con cada uno. El propio Manual de Renta 2025 contempla el prorrateo cuando existe convivencia durante seis meses de forma sucesiva o cuando el ascendiente convive simultáneamente todo el año con varios descendientes.

¿Y si varios hijos pagan la residencia, pero ninguno convive con el ascendiente?

Si el ascendiente tiene discapacidad acreditada, depende económicamente de los descendientes y está internado en un centro especializado, habrá que comprobar si la excepción del artículo 59.1 permite reconocer el derecho respecto de uno o varios descendientes.

Si el ascendiente carece de discapacidad acreditada y no existe convivencia, la mera contribución económica de los hijos no permite afirmar que todos tengan derecho al mínimo por ascendientes. El pago de la residencia es un elemento probatorio de la situación económica y de los cuidados, pero no constituye por sí mismo un criterio legal de reparto del mínimo. Ahora bien, si el ascendiente está ingresado en un centro especializado y padece una discapacidad certificada, parece que estamos en un supuesto similar al de la convivencia de los ascendientes y descendientes en un mismo lugar. En mi opinión, sería defendible en este supuesto la práctica del mínimo por ascendientes y por discapacidad de éstos, prorrateado entre los descendientes.

Pero, con carácter general, hay un elemento limitativo que no se ha modificado en absoluto, al menos en los once últimos años, y que debemos tener en cuenta siempre: el límite de rentas del ascendiente que debe considerarse para entender que existe dependencia económica (8.000 euros netos anuales). Nótese que la LIRPF no se refiere al coste de la residencia o de los cuidados requerido, sino a las rentas computables conforme a las reglas del IRPF; concretamente, a las rentas netas percibidas por el ascendiente que, en el caso de una pensión como única percepción, serán el resultado de descontar 2.000 euros generales como gasto de su pensión bruta (art. 19.2.f) LIRPF) (Consulta Vinculante de la DGT V1698-22, de 15 de julio de 2022 – V1698-22-). En suma: unas percepciones anuales brutas, derivadas de una pensión, por ejemplo, superiores a 10.001 euros impiden la aplicación del mínimo por ascendientes y, en su caso, por la discapacidad de éstos.

Y contamos con otra limitación más: el artículo 61.2.ª LIRPF establece que no procede aplicar el mínimo por ascendientes cuando éstos presentan declaración del IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.

La consulta vinculante de la DGT V3250-13, de 05-11-2013 (V3250-13) establece el siguiente concepto de renta:

• La suma algebraica de los rendimientos netos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario y de actividades económicas.
• Las imputaciones de renta.
• Las ganancias y pérdidas patrimoniales computadas en el ejercicio.

Y añade que los rendimientos deben computarse por su importe neto, una vez deducidos los gastos fiscalmente deducibles, pero sin aplicar las reducciones correspondientes -salvo la reducción del artículo 18 LIRPF para determinados rendimientos del trabajo, que se aplica antes de deducir los gastos-.  .

La consulta vinculante de la DGT V1607-24, de 3 de julio de 2024 (V1607-24), se refiere, igualmente, al límite de 1.800 euros establecido en el artículo 61.2.ª LIRPF.

Principio del formulario

Hay que tener en cuenta, además, que el hecho de que el ascendiente destine toda o casi toda su pensión al pago de la residencia no significa que sus rentas fiscales sean iguales a cero.  La consulta vinculante V1698-22, de 15-07-2022 (V1698-22) señala que el límite del artículo 59 se calcula conforme a las reglas tributarias, no en función de las renta disponible después de atender las necesidades personales, por lo que el importe neto de la pensión no deja de computarse por destinarse al pago de la residencia y el coste de la residencia no se descuenta para calcular el límite de 8.000 euros.

En el caso de fallecimiento del ascendiente que viniese generando derecho al mínimo por ascendientes, el art. 61 LIRPF establece una regla especial, de manera similar a lo que ocurre en el caso del mínimo por descendientes: se aplica un mínimo de 1.150 euros. Sin embargo, en este supuesto se exige que exista convivencia durante, al menos, la mitad del período comprendido entre el comienzo del período impositivo y la fecha del fallecimiento.

Hay un caso interesante: ¿y si se acoge a una persona mayor de 65 años, se puede aplicar el mínimo por ascendientes? La respuesta debe ser, por lo general, negativa. El art. 59 LIRPF se refiere a los ascendientes del contribuyente por línea recta, por consanguinidad o adopción y no establece una equiparación general de las personas acogidas con los ascendientes. El  acogimiento, por sí mismo, no convierte a la persona acogida en ascendiente ni permite aplicar el mínimo por ascendientes por el mero hecho de que sea mayor de edad o viva con el acogedor. No se produce, pues, la equiparación que se recoge en el art. 58 respecto de los descendientes.

Incluso, si siguiendo las normas del IRPF tomamos a la persona mayor como asimilando su tratamiento al de los descendientes (art. 58 IRPF), tampoco podríamos aplicar el mínimo por descendientes porque deben cumplirse los requisitos del art. 58 y, uno de ellos, es el de tener menos de 25 años.

Ahora bien, si la persona acogida padece una discapacidad certificada, entonces, por aplicación del mismo art. 58 RIRPF, podría aplicarse el mínimo por descendientes y, en su caso, además, el mínimo por discapacidad, puesto que el límite de edad máxima de 25 años quiebra cuando estamos ante una persona discapacitada. Además, cumpliendo los requisitos para ello, podría aplicarse la deducción DAFAS prevista para ascendientes/descendientes con discapacidad. En este caso, las cuantías de la deducción para ascendientes o descendiente son las mismas:

• Descendiente con discapacidad a cargo: Hasta 200 € anuales por cada descendiente con derecho al mínimo por descendientes.
• Ascendiente con discapacidad a cargo: Hasta 200 € anuales por cada ascendiente con derecho al mínimo por ascendientes.

¿De qué documentos debe disponer el descendiente que pretenda aplicar el mínimo por ascendientes?

Entre otros, debería disponer de:

• Documentación que acredite el parentesco.
• Certificado de empadronamiento y datos sobre los períodos de convivencia. Justificación del domicilio fiscal del ascendiente y del propio descendiente.
• Resolución de reconocimiento de discapacidad.
• Resolución de dependencia y, en su caso, del programa individual de atención.
• Resolución de incapacidad permanente.
• Contrato de ingreso en la residencia y documentación sobre las fechas de estancia.
• Facturas y justificantes de los gastos residenciales, sanitarios y personales.
• Transferencias bancarias y documentos que identifiquen qué familiares sufragan los gastos.
• Información sobre la pensión y las demás rentas del ascendiente.
• Documentación relativa a la declaración del IRPF del ascendiente, si procede.
• En el caso de que varios descendientes contribuyan al pago de los cuidados en centro especializado, justificantes de las aportaciones realizadas.

Como reflexión final, sería deseable que en un tributo que se caracteriza por ser personal y tener en cuenta, en consecuencia, las circunstancias individuales y las cargas familiares, deberían revisarse los criterios de convivencia y dependencia económica real, modificando, además, los límites económicos que permiten aplicar los mínimos por descendientes, por ascendientes y por discapacidad, y unificando, igualmente, los conceptos y grados de incapacidad, discapacidad y dependencia.