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Radiografía del 11-N: más de 4.300 adhesiones, impacto sectorial dispar y división en el colectivo autónomo
La convocatoria de huelga general prevista para el próximo miércoles, 11 de noviembre, ha superado las 4.342 adhesiones formales de comités de empresa, secciones sindicales y asambleas de trabajadores en todo el territorio nacional. La movilización sitúa como ejes centrales la crisis habitacional y la escalada continuada del coste de la vida, factores que erosionan de forma persistente el poder adquisitivo de los salarios.
Los apoyos corporativos abarcan sectores estratégicos muy diversos. Entre las sociedades con representación sindical adherida figuran firmas de referencia en la automoción y la industria como Seat, Volkswagen y Michelin; gigantes de la logística y la distribución comercial como Amazon, Mercadona y Zara; corporaciones de telecomunicaciones y banca como Telefónica y BBVA; además de operadores de transporte y cadenas hoteleras. Esta heterogeneidad sectorial anticipa un impacto operativo dispar en función de la actividad económica y de la implantación territorial de los paros.
La convocatoria ha generado una clara división en el tejido de trabajadores autónomos. Organizaciones como UPTA y UATAE respaldan el cese de actividad y alientan las movilizaciones, mientras que asociaciones empresariales como ATA abogan por mantener abiertos los establecimientos y canalizar el descontento a través de los cauces institucionales y electorales.
En el plano temporal, el paro abarca las veinticuatro horas de la jornada del miércoles. En los centros de producción sujetos a turnos rotativos, la huelga arrancará con el primer turno —aunque su inicio devenga anterior a las 00:00 horas— y concluirá con la finalización del último, extendiéndose si fuese preciso más allá de la medianoche.
La efectividad de la jornada estará supeditada a los decretos de servicios mínimos que las distintas administraciones públicas autonómicas terminen de publicar, condicionando la operatividad en ámbitos críticos como el transporte público, la sanidad y los servicios esenciales.
Las empresas aumentan el recorte de complementos en las bajas laborales ante el desborde del coste por absentismo
La escalada de la incapacidad temporal está llevando al tejido empresarial a intensificar la contención de los complementos salariales en las bajas médicas, coincidiendo con el cierre del ejercicio. La base reguladora por contingencias comunes —calculada sobre la cotización previa, que agrupa conceptos variables y gratificaciones extraordinarias— choca en este periodo con una moderación creciente en la negociación colectiva para evitar asumir el coste íntegro de la nómina, en un contexto donde las empresas continúan soportando la aportación patronal a la Seguridad Social sin prestación efectiva de servicios.
Esta reacción responde al fuerte impacto macroeconómico del absentismo laboral, cifrado en 92.000 millones de euros anuales según el Observatorio AECOC. Las ausencias por enfermedad común crecieron un 73 % entre 2018 y 2024, situando a España a la cabeza de la OCDE con 4,9 semanas perdidas al año por trabajador. Del coste directo de las bajas, estimado entre 33.000 y 36.000 millones de euros, las empresas asumen directamente cerca de la mitad mediante el abono de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día a su cargo y los complementos voluntariamente pactados.
Para mitigar esta carga, los convenios colectivos están acotando las mejoras que completan la prestación pública regulada en el régimen general (60 % de la base reguladora del cuarto al vigésimo día y 75 % a partir del vigésimo primero). Sectores como el metal, la logística, el comercio y la construcción —cuya tasa de absentismo supera la media estatal del 5,94 %— están aplicando topes máximos subsidiados o difieren el inicio de la cobertura complementaria.
Paralelamente, las patronales han incrementado la presión para transferir mayor capacidad diagnóstica y de propuesta de alta a las Mutuas Colaboradoras en procesos comunes. Esta estrategia busca acortar los tiempos de demora en las altas médicas y alinear la gestión de paros con los modelos europeos de retorno gradual.
El Gobierno amplía los supuestos en los que se congelan las cuotas de los autónomos que cobran prestaciones
El Gobierno ha aprobado, mediante el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, la ampliación de los supuestos en los que las bases de cotización de los trabajadores autónomos adquieren carácter definitivo y quedan excluidas de la regularización anual en función de los rendimientos netos reales. La medida, que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2027 tras la modificación del artículo 309 de la Ley General de la Seguridad Social, blinda las bases aplicadas durante periodos de percepción de determinadas prestaciones, impidiendo que la Administración realice ajustes posteriores al alza o a la baja tras el cierre del ejercicio fiscal.
Con esta reforma, se incorpora formalmente la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) al catálogo de periodos protegidos cuyos meses quedan fuera del ajuste anual. Este supuesto se suma a las situaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes o profesionales, el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, el nacimiento y cuidado de menor, y la prestación por cese de actividad. Asimismo, la norma reordena los procesos de incapacidad temporal vinculados a la salud sexual y a las situaciones derivadas de violencia de género.
El objetivo central de la reforma es aportar seguridad jurídica y eliminar las liquidaciones complementarias a posteriori. De este modo, mientras el trabajador por cuenta propia perciba alguna de estas prestaciones y permanezca en alta en el RETA, la base de cotización de los meses cubiertos mantendrá carácter firme, por lo que la Seguridad Social no exigirá diferencias a ingresar ni tramitará devoluciones sobre dichos tramos.
Con este paso, la legislación resuelve una disfunción del sistema por ingresos reales, evitando que contingencias sobrevenidas de enfermedad o cuidados generen obligaciones de pago adicionales tras el cruce de datos con la Administración Tributaria.
El Supremo fija doctrina: se puede ser consumidor, aunque parte del crédito se haya destinado a la actividad profesional
El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre los créditos de doble finalidad en la sentencia 1581/2026, de 7 de octubre, dictada por la Sala de lo Civil. El Alto Tribunal establece que una persona física mantendrá la condición jurídica de consumidora, aunque una parte del préstamo se haya destinado a su actividad profesional o empresarial, siempre que dicho propósito profesional no resulte predominantemente vinculante en el conjunto global de la operación financiera.
La resolución unifica el criterio de las audiencias provinciales, algunas de las cuales venían aplicando una interpretación restrictiva que solo reconocía la tutela del consumidor cuando el componente profesional resultaba meramente marginal o insignificante. El Supremo se alinea de forma explícita con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) —en particular con el pronunciamiento de 8 de junio de 2023 (asunto C-570/21)—, situando el eje de evaluación en el destino o finalidad principal del contrato.
Esta doctrina beneficia a trabajadores autónomos y pequeños empresarios que financiaron de forma conjunta la adquisición o reforma de su vivienda habitual y la puesta en marcha de su actividad económica. A partir de ahora, estos prestatarios podrán acogerse al régimen protector de la legislación de consumidores e impugnar condiciones generales de la contratación potencialmente abusivas, tales como cláusulas suelo, intereses moratorios o la imposición de gastos de formalización hipotecaria.
El fallo obliga a los órganos judiciales a verificar la transparencia y el equilibrio de estas operaciones bajo el estándar propio de la contratación con consumidores. Esta posición abre la vía a la revisión de numerosa financiación mixta formalizada en los últimos años, con evidentes repercusiones en las reclamaciones de nulidad contractual.
