Midiendo el coste de la última huelga general en España
La convocatoria de huelga general el día 11 de noviembre no ha sido inocua en términos de actividad económica. Se trató de una movilización poco común, dado que bajo el paraguas de una fórmula de reivindicación laboral (la huelga) la protesta se centró en una cuestión totalmente alejada a la de la negociación patronal-sindicatos como es la vivienda. Hasta en esto se hace notar el cambio profundo de representación sindical. El hueco que han ido dejando los “sindicatos de clase” lo están ocupando nuevas organizaciones que se hacen llamar “sindicatos” (como el conocido como “sindicato de inquilinas”, versión a nivel nacional de la organización catalana “sindicat de llogaters”) pero que no actúan esencialmente en el ámbito laboral. Los últimos datos OCDE apuntan a que la afiliación a sindicatos está entre el 12% y el 13% de la población activa, menos de la mitad que hace una década.
El derecho de huelga es una de las garantías fundamentales de cualquier economía democrática. Pero su ejercicio tiene consecuencias económicas que deben evaluarse con rigor, especialmente cuando las reivindicaciones se refieren a problemas tan relevantes como el acceso a la vivienda o la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El debate no debería consistir en determinar quién consigue movilizar a más personas, sino qué parte de la actividad productiva se interrumpe, cuánto cuesta esa interrupción y hasta qué punto resulta recuperable. La ausencia de una ley orgánica de huelga que desarrolle el derecho básico recogido por la Constitución agrava el problema. Estamos sólo regulados por una disposición del Estatuto de los Trabajadores y la última regulación existente de la huelga es preconstitucional.
Tradicionalmente, las estimaciones sobre el coste de una huelga general parten de una aproximación relativamente sencilla: calcular el PIB producido durante una jornada laborable y aplicar un porcentaje estimado de paralización. Sin embargo, esta metodología presenta problemas importantes. Ni toda la producción se detiene cuando un trabajador secunda una huelga ni toda la actividad interrumpida supone necesariamente una pérdida definitiva. Muchas operaciones comerciales se aplazan, los pedidos industriales pueden completarse posteriormente y determinados servicios recuperan una parte de la actividad durante las jornadas siguientes.
Por eso resulta más apropiado comenzar por las horas efectivas de trabajo. Según los datos de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre, en España se trabajan aproximadamente 540 millones de horas semanales, una vez descontadas las ausencias laborales. Tomando como referencia un coste laboral medio de 26,18 euros por hora efectiva y distribuyendo convencionalmente el volumen semanal entre cinco jornadas, obtenemos un valor aproximado de 2.830 millones de euros diarios.
Esta magnitud representa una referencia máxima teórica del coste laboral asociado a las horas de trabajo de una jornada. No es, por tanto, una estimación directa del PIB que se perdería si toda la economía dejase de funcionar, porque el coste laboral y el valor añadido son conceptos distintos.
A partir de esta base pueden construirse escenarios más realistas. Una paralización equivalente al 5% de las horas trabajadas supondría unos 142 millones de euros; con un 10%, alrededor de 283 millones; y con un 20%, unos 566 millones. Son cifras brutas que todavía deberían corregirse por la productividad de los sectores afectados, las interrupciones indirectas y la posibilidad de recuperar actividad posteriormente.
El problema es determinar qué porcentaje representa verdaderamente la huelga del 11 de noviembre. La CEOE situó el seguimiento por debajo del 5%, mientras que CCOO y UGT comunicaron porcentajes mucho más elevados en determinados sectores y territorios, sin ofrecer una medida agregada directamente comparable. Esa enorme disparidad obliga a ser prudentes. En cualquier caso, los datos disponibles no justifican dar por acreditadas las estimaciones de pérdidas de varios miles de millones de euros que circularon antes de la convocatoria.
Aquí aparece un segundo instrumento de análisis especialmente relevante como es la demanda de electricidad. Permite observar casi en tiempo real una parte de la actividad económica que efectivamente se desarrolla. Cuando se detiene una fábrica, se reduce la actividad logística o dejan de funcionar determinados servicios, suele producirse una reducción del consumo. Aunque no es un indicador perfecto, constituye una señal independiente de las declaraciones de los convocantes.
Según las cifras provisionales de Red Eléctrica, hasta las once de la mañana la demanda efectiva había sido un 7,46% inferior a la prevista para una jornada sin huelga. Durante el intervalo comprendido entre las diez y las once se alcanzó una desviación máxima del 15,49%. Sin embargo, conforme avanzó el día la diferencia se fue reduciendo. A las seis de la tarde, el consumo acumulado era de 512.090 MWh frente a una previsión de 538.324 MWh: una desviación negativa del 4,87%. A las 17:50 horas, la demanda real se situaba en 30.351 MW frente a los 31.517 MW previstos, pero prácticamente coincidía con los 30.363 MW programados.

Fuente: https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demandaau/total/2026-11-11
Esto significa que, aunque se consumió menos electricidad de la inicialmente prevista, la programación operativa había terminado ajustándose prácticamente al consumo efectivo. La demanda eléctrica no permite calcular directamente cuántos trabajadores secundaron la huelga. Su utilización exige tener en cuenta la meteorología, el autoconsumo, la diferente intensidad energética de los sectores productivos y las condiciones particulares de cada jornada. Un trabajador de una industria electro intensiva tiene una repercusión sobre el consumo eléctrico muy distinta de la de un empleado de una oficina.
Esta última consideración resulta especialmente importante cuando comparamos la huelga de 2026 con las celebradas en 2012. Entonces, la demanda eléctrica registró caídas mucho más pronunciadas, pero la estructura productiva española también era diferente. El mayor peso de determinadas actividades industriales, la menor presencia del autoconsumo fotovoltaico y una organización del trabajo menos flexible hacen que ambas realidades no sean plenamente comparables.
La generalización del teletrabajo ha modificado, además, los efectos indirectos de las huelgas. Una interrupción del transporte público ya no impide necesariamente desarrollar la actividad profesional. Muchas empresas disponen de procedimientos de continuidad operativa que reducen las pérdidas derivadas de las incidencias de movilidad. Esto no elimina el derecho de los trabajadores a secundar la huelga, pero sí reduce la capacidad de una interrupción localizada para paralizar otros sectores.
En definitiva, lo que conocemos del 11 de noviembre apunta a un impacto económico sensiblemente inferior al que se produciría en una paralización generalizada de la economía.








