Mantente informado – Resumen de actualidad
Hacienda mantiene los módulos en 2027, pero deja en el aire los límites de facturación
El Boletín Oficial del Estado publicó el 5 de noviembre la Orden HAC/1161/2026, que fija los parámetros del método de estimación objetiva del IRPF y del régimen simplificado del IVA para el ejercicio 2027. La norma mantiene los signos, índices y módulos vigentes, así como la reducción general del 5 % sobre el rendimiento neto, aplicable a todos los contribuyentes que tributen por este sistema.
Esta rebaja se tendrá en cuenta también para el cálculo de los pagos fraccionados del próximo año. En el ámbito del IVA se conservan igualmente los módulos y las instrucciones de aplicación del régimen simplificado. La orden abre el plazo ordinario de renuncia o revocación hasta el 31 de diciembre de 2026, que se formaliza mediante el modelo 036.
Sin embargo, la publicación no resuelve una cuestión clave: los umbrales ampliados de facturación que permiten permanecer en módulos (250.000 euros de ingresos y 125.000 euros facturados a empresarios o profesionales) tienen carácter temporal y no quedan prorrogados por esta orden ministerial. Su mantenimiento depende de una norma de rango legal que aún no se ha aprobado.
Sectores como la hostelería, el comercio y determinadas actividades de transporte o construcción, que concentran un volumen significativo de contribuyentes en estimación objetiva, serán los más afectados por la evolución normativa en las próximas semanas. Quienes superen los límites ordinarios establecidos en la ley del IRPF podrían verse obligados a pasar a estimación directa si no se produce una nueva prórroga.
La orden también incorpora medidas específicas para actividades agrícolas y ganaderas, aunque referidas al ejercicio 2026, entre ellas una reducción elevada al 10 % del rendimiento neto y minoraciones adicionales por la adquisición de gasóleo y fertilizantes. Estas disposiciones buscan compensar el incremento de costes de determinados insumos.
El Supremo cierra la puerta a las sanciones automáticas al corregir autoliquidaciones
El Tribunal Supremo ha fijado un criterio que modifica de forma significativa la práctica de las correcciones tributarias. En sentencia de 27 de octubre de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo avala el sistema de autoliquidaciones rectificativas introducido por el Real Decreto 117/2024, pero prohíbe expresamente que Hacienda imponga sanciones de manera automática cuando el contribuyente rectifica una declaración ya presentada y solicita una devolución.
El alto tribunal establece que, si la deuda se ingresó con la autoliquidación inicial y la devolución se materializa, no cabe el automatismo sancionador por dejar de ingresar. La Administración podrá revisar el criterio, denegarlo y reclamar el importe con intereses de demora, pero deberá motivar de forma individualizada la existencia de culpabilidad. Una simple discrepancia interpretativa, cuando la rectificativa se presenta de forma veraz, completa y en plazo, no basta para sancionar.
La resolución desestima el recurso interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales contra el reglamento, confirma la legalidad del nuevo cauce y aclara que el sistema no vulnera la reserva de ley ni el derecho a la tutela judicial efectiva. Desde 2024, la autoliquidación rectificativa es la vía general para corregir errores en IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA e Impuestos Especiales.
Este criterio reduce el riesgo percibido por quienes detectan un exceso de ingreso o un criterio más favorable después de presentar la declaración. Hacienda conserva íntegras sus facultades de comprobación, pero el listón para sancionar se eleva: debe demostrar algo más allá de la mera falta de diligencia.
Esta doctrina resulta especialmente relevante en un contexto de creciente digitalización de las obligaciones tributarias y de uso intensivo de autoliquidaciones.
La Audiencia Nacional refuerza el criterio: el IVA de los regalos a clientes con utilidad propia no se deduce
La Audiencia Nacional ha vuelto a fijar un criterio restrictivo sobre la deducción del IVA soportado en bienes entregados gratuitamente a clientes. Cuando el objeto tiene utilidad comercial propia y satisface necesidades reales del destinatario, no puede considerarse un simple objeto publicitario de escaso valor y, por tanto, el IVA no resulta deducible.
El pronunciamiento se alinea con la doctrina del Tribunal Supremo, que en 2026 ha confirmado que las entregas gratuitas de material promocional —como mobiliario de terraza, utensilios o elementos de uso práctico— constituyen atenciones a clientes excluidas de deducción conforme al artículo 96 de la Ley del IVA. Aunque el bien incorpore la marca de forma indeleble, si posee valor comercial autónomo deja de tener la consideración de muestra o de obsequio publicitario de pequeño importe.
La excepción prevista para objetos publicitarios de escaso valor (con límite de 200 euros por destinatario y año) sigue vigente, pero su aplicación se endurece. Los tribunales exigen que el elemento no cubra necesidades reales del cliente más allá de la mera promoción. En la práctica, cestas de Navidad con productos de consumo, utensilios de hostelería o material de oficina de uso habitual suelen quedar fuera de la deducción.
Este criterio adquiere especial relevancia en las semanas previas a las fiestas navideñas, cuando muchas empresas y profesionales intensifican las entregas de regalos a clientes y proveedores. En el Impuesto sobre Sociedades o en el IRPF el gasto puede resultar deducible dentro del límite del 1 % de la cifra de negocios, pero el IVA soportado sigue un régimen distinto y más restrictivo.
La doctrina judicial consolida así una línea interpretativa que obliga a diferenciar con claridad entre verdadera publicidad y atención comercial. Así, las empresas deberán acreditar de forma rigurosa que el bien carece de utilidad propia más allá de su función promocional.
Los ayuntamientos deberán sancionar de verdad en las Zonas de Bajas Emisiones a partir del 26 de noviembre
El Real Decreto 953/2026, publicado en el BOE el 6 de noviembre, modifica la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y obliga a los ayuntamientos a acreditar que aplican de forma efectiva el régimen sancionador. La norma entrará en vigor el 26 de noviembre y pone fin a los periodos prolongados de avisos informativos que algunos municipios mantenían sin imponer multas.
A partir de esa fecha, las entidades locales deberán remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y al órgano autonómico competente documentación que demuestre la vigencia de las restricciones de acceso, la operatividad de los sistemas de control y la aplicación real del régimen sancionador. Mientras no se aporte esa documentación, la zona no se considerará correctamente implantada.
La infracción por circular o estacionar en una ZBE sin cumplir los requisitos sigue tipificada como grave en la Ley de Tráfico, con una sanción habitual de 200 euros (100 euros con pronto pago). El decreto no modifica las cuantías ni anula las multas ya impuestas; se limita a exigir que los municipios dejen de aplazar la aplicación efectiva de las sanciones.
La obligación afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a las localidades de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire. Muchos autónomos y pequeñas empresas que utilizan vehículos para el desarrollo de su actividad —especialmente en hostelería, comercio y construcción— podrán verse afectados por las ordenanzas municipales que puedan actualizarse en las próximas semanas.
El cambio busca garantizar que las ZBE no se queden en meras declaraciones formales y que las restricciones se traduzcan en controles y sanciones reales. Los conductores que circulen por estas zonas deberán comprobar con mayor rigor el distintivo ambiental de su vehículo y las excepciones pre








