La irracionalidad compartida de enfrentarse al libre comercio

A finales de los años 80, el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, uno de los economistas más importantes del último siglo, escribió una obra imprescindible titulada “La fatal arrogancia” con un subtítulo no menos expresivo: “Los errores del socialismo”. En el capítulo VI titulado “El misterioso mundo del comercio y el dinero”, Hayek defiende que el mercado es un proceso evolutivo de transmisión de información descentralizada, para lo cual se necesita dejar que la oferta y la demanda trabajen, encuentren un punto en común y que los precios nacidos del cruce entre oferta y demanda no estén distorsionados por elementos extraños.

Para que los mercados funcionen, estos deben ser abiertos, para lo cual es fundamental que el libre comercio exista. Precisamente, Hayek sostiene que el comercio y el dinero coordinan acciones individuales complejas, superando la hostilidad intelectual hacia el exportador y el importador, hacia el país de origen y el de destino de los productos y servicios.

Sin embargo, la mitología en contra del comercio como acción ventajosa tanto para el que exporta como el que importa sigue estando muy viva en pleno siglo XXI. La mentalidad ‘mercantilista’ –la lucha entre países para ver quién consigue vender más que comprar como herramienta de poder político– o incluso de la ‘ventaja absoluta’ smithiana (los países comercian sólo con otros cuando sus productos son más competitivos en términos absolutos) sigue estando presente, y de qué manera. La firma de nuevos acuerdos comerciales siempre va acompañada de unas prevenciones que van más allá de lo razonable, más aún, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España aproximadamente las exportaciones suponen el 35% del PIB.

Esto está sucediendo en este momento con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el cual ya está en marcha desde el 1 de mayo, fecha en que se empezó a implementar de manera gradual. A las protestas que se produjeron en los primeros meses de este año se han sumado los pactos de los Gobiernos autonómicos conformados en las últimas semanas. Concretamente, la posición del nuevo Gobierno de Extremadura frente al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur representa uno de los mejores ejemplos de cómo una parte del debate político español ha sustituido el análisis económico por el reflejo identitario y el proteccionismo retórico.

Resulta especialmente llamativo que quienes reivindican constantemente la apertura exterior para las exportaciones españolas adopten ahora un discurso abiertamente hostil hacia un acuerdo comercial que amplía mercados, reduce barreras y fortalece la posición geoestratégica europea frente al creciente peso de China y Estados Unidos en América Latina. El comercio internacional no puede defenderse únicamente cuando beneficia a unos sectores concretos y demonizarse cuando introduce competencia en otros. Esa visión selectiva no es patriotismo económico sino puro mercantilismo en el sentido electoral.

El texto pactado por Partido Popular y Vox en Extremadura incurre además en una contradicción de fondo: habla de “blindar” el sector primario frente a las “imposiciones de Bruselas” mientras rechaza precisamente uno de los acuerdos más relevantes impulsados por la propia Unión Europea para reforzar la capacidad exportadora del conjunto de la economía europea. La agricultura extremeña necesita competitividad, inversión, tecnología, acceso a nuevos mercados y economías de escala; no un discurso victimista que presenta cualquier apertura comercial como una amenaza existencial. Convertir el acuerdo UE-Mercosur en un símbolo de resistencia política frente a Bruselas puede ser rentable desde el punto de vista electoral, pero supone un grave error estratégico para una región cuya prosperidad depende, en gran medida, de su capacidad para vender fuera.

La apelación a la “igualdad de condiciones” se ha convertido, además, en una fórmula deliberadamente ambigua que sirve para justificar casi cualquier posición proteccionista. Ningún acuerdo comercial entre bloques con estructuras productivas distintas genera una igualdad absoluta de costes regulatorios, laborales o medioambientales. Nunca ha ocurrido y nunca ocurrirá. Precisamente por eso existen cláusulas de salvaguarda, calendarios transitorios y mecanismos de supervisión. Pero utilizar ese argumento como excusa para bloquear acuerdos equivale, en la práctica, a defender una economía cerrada y subsidiada, incapaz de competir sin protección política permanente. Y eso sí sería una amenaza real para el futuro del campo español.

Existe también una falta de honradez intelectual en presentar a los productores brasileños, argentinos, uruguayos y paraguayos como competidores desleales seguros mientras se ignora que España lleva décadas beneficiándose enormemente de la apertura de los mercados internacionales, entre ellos, de América Latina. España es una potencia exportadora agroalimentaria gracias precisamente a la integración europea y a la liberalización comercial. Resulta incoherente exigir acceso sin barreras para nuestros productos en terceros países y, al mismo tiempo, levantar muros cuando otros quieren vender en Europa. El comercio no funciona sobre la base de privilegios unilaterales, sino de reciprocidad.

En el fondo, lo preocupante no es únicamente el rechazo al acuerdo con Mercosur, sino la construcción de un relato político según el cual cualquier transformación económica exterior constituye automáticamente una agresión contra el mundo rural. Ese discurso condena al sector primario a vivir permanentemente a la defensiva, dependiente de subvenciones y del miedo al exterior, en lugar de apostar por modernización, productividad y diversificación. La verdadera defensa del campo extremeño no pasa por aislarlo de la competencia internacional, sino por hacerlo más fuerte para competir en ella.