Turismo, sostenibilidad y el riesgo de convertir las ecotasas en un impuesto más

España no tiene un problema con el turismo. Más bien al contrario: pocas actividades económicas explican de forma tan clara nuestra capacidad de generar empleo, atraer inversión exterior, sostener miles de empresas y equilibrar territorialmente la actividad económica. El turismo ha sido, durante décadas, uno de los grandes estabilizadores de la economía española y uno de los sectores donde nuestro país mantiene una ventaja competitiva internacional difícilmente replicable. En términos de PIB, es la principal “industria” junto con la fabricación de componentes de automóvil, la industria química, ingeniería y consultoría y la agroalimentaria, entre otras.

Fuente: INE

 

Precisamente por eso conviene abordar con serenidad un debate que con demasiada frecuencia se plantea desde posiciones simplistas o directamente emocionales. La discusión sobre las tasas turísticas y las llamadas ecotasas, no debería centrarse en si el turismo es “bueno” o “malo”, sino en algo mucho más técnico y relevante: cómo construir mecanismos transparentes que permitan compatibilizar crecimiento económico, calidad de vida y sostenibilidad del territorio.

Porque es evidente que determinadas actividades económicas generan costes indirectos que no siempre quedan reflejados en el precio final. Ocurre con el consumo de agua en territorios con escasez hídrica, con la congestión de infraestructuras, con la gestión de residuos o con la presión sobre determinados espacios urbanos y naturales. Pero reconocer esto no implica demonizar al turismo ni presentar al visitante como un problema. Significa simplemente aceptar que, en economías avanzadas y territorios cada vez más densos, los sistemas de precios deben ser más precisos y transparentes.

El problema es que muchas veces las tasas turísticas no se diseñan con ese objetivo. Se presentan como instrumentos ambientales, pero acaban funcionando como figuras recaudatorias poco definidas, sin indicadores claros de éxito y con una utilización extraordinariamente opaca de los recursos obtenidos. Y ahí es donde empieza a deteriorarse la confianza social y empresarial.

Una ecotasa sólo tiene sentido si corrige realmente una externalidad concreta y si, además, permite medir resultados. Si un impuesto se justifica por la presión sobre residuos, agua, movilidad o mantenimiento urbano, lo razonable es que exista después una trazabilidad clara del destino de esos fondos y una evaluación periódica de su impacto. ¿Ha mejorado la gestión hídrica? ¿Se han reducido los residuos? ¿Ha aumentado la capacidad de depuración? ¿Se ha invertido en transporte público o rehabilitación urbana? ¿Ha mejorado la experiencia tanto del residente como del visitante?

Sorprendentemente, en España esta cultura de evaluación casi nunca existe. Se crean figuras tributarias “verdes”, pero rara vez se establecen métricas públicas y verificables que permitan saber si han funcionado. El debate político termina entonces desplazándose desde la sostenibilidad hacia algo mucho más problemático: la sensación de que cualquier actividad económica solvente es susceptible de soportar una nueva capa fiscal sin demasiadas explicaciones.

Y eso es especialmente delicado en el caso del turismo, porque hablamos de un sector extraordinariamente competitivo a nivel internacional. España no compite sola. Compite con Portugal, Italia, Grecia, Turquía, Croacia o el norte de África. La fortaleza turística española no es irreversible ni automática. Depende de infraestructuras, seguridad jurídica, calidad del servicio, conectividad, estabilidad institucional y también de una fiscalidad razonable y predecible.

Por eso las tasas turísticas inteligentes deberían partir de tres principios muy claros. Primero, transparencia absoluta: el ciudadano y el empresario deben saber cuánto se recauda, en qué se gasta y qué resultados produce. Segundo, finalidad concreta: los recursos deben vincularse a inversiones medibles relacionadas con sostenibilidad, movilidad, agua, patrimonio o mejora urbana. Y tercero, neutralidad económica: no utilizar el discurso ambiental como excusa para incrementar presión fiscal general o financiar gasto corriente ajeno a los objetivos anunciados.

En realidad, el debate de fondo es mucho más amplio que el turismo. España tiene un problema recurrente de diseño institucional: demasiadas veces se crean impuestos sin mecanismos rigurosos de evaluación posterior. Se legisla mucho, pero se mide poco. Y sin medición no existe verdadera política pública, sólo recaudación.

El turismo español necesita sostenibilidad, pero también estabilidad, profesionalización y credibilidad regulatoria. Y eso exige abandonar tanto el discurso que criminaliza sistemáticamente al visitante como la tentación política de convertir cualquier “ecotasa” en una caja negra fiscal difícil de justificar. Porque la sostenibilidad no debería consistir en cobrar más, sino en gestionar mejor.