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Hacienda pone el foco en la economía digital y los nuevos modelos de negocio
La Agencia Tributaria ha puesto entre sus principales objetivos para 2026 la fiscalización de la economía digital y los nuevos modelos de negocio. Entre las prioridades recogidas en el Plan de Control Tributario de este año, publicado en el BOE el pasado 12 de marzo, destacan el control sobre los neobancos y las plataformas de pago digital, con el objetivo de evitar la ocultación de rentas o patrimonios en el extranjero. Hacienda cuenta para ello con la información mensual detallada proporcionada por las entidades bancarias sobre cobros con tarjeta, lo que facilitará la detección de actividades empresariales no declaradas y el uso de sociedades instrumentales.
Otro eje fundamental de este plan es la fiscalización de los influencers y creadores de contenido, así como del comercio electrónico y las criptomonedas. Las autoridades vigilarán de cerca que estos perfiles tributen correctamente por sus ingresos publicitarios y ventas globales.
A ello se suman, como objetos preferentes de vigilancia, los pisos turísticos y arrendamientos de temporada, sobre los que se reforzará el control utilizando herramientas de análisis de datos para detectar alquileres no declarados y asegurar que las plataformas digitales cumplan con sus obligaciones informativas.
En cuanto a la fiscalidad tradicional, el organismo mantendrá una vigilancia estricta sobre las grandes fortunas y patrimonios de no residentes. Hacienda analizará especialmente los signos externos de riqueza y los niveles de vida que no guarden coherencia con las rentas declaradas. Este control se extenderá a las SOCIMI y al uso de estructuras societarias opacas que buscan eludir el pago del Impuesto sobre el Patrimonio o de la Renta de No Residentes.
Finalmente, el plan incluye actuaciones presenciales en sectores específicos para revisar el uso de los TPV y la posible negativa de algunos negocios a aceptar pagos con tarjeta. También se introducirán novedades en las aduanas, eliminando la franquicia de 150 euros para compras online de fuera de la Unión Europea, con el fin de mejorar la recaudación y el control sobre el comercio electrónico transfronterizo.
El Supremo avala quitar días de viaje para cuidar a familiares tras ampliarse el permiso a cinco días
El Tribunal Supremo ha avalado que las empresas puedan eliminar los días adicionales de desplazamiento o viaje que anteriormente se concedían a los trabajadores para el permiso por cuidado de familiares, tras la ampliación legal del permiso a cinco días laborables. Esta decisión se produce después de la reforma normativa que extendió el permiso retribuido por hospitalización, accidente grave, enfermedad grave o intervención quirúrgica de un familiar, independientemente de si existía o no necesidad de desplazamiento.
La sentencia del Tribunal Supremo 172/2026, de 18 de febrero de 2026, de la Sala de lo Social, desestima el recurso de casación interpuesto por los sindicatos en un conflicto colectivo contra la empresa TRAGSATEC (Tragsa Grupo Empresas). La empresa, que antes otorgaba tres días (más extras por viaje) adaptó su práctica a los cinco días fijos, sin añadir los de desplazamiento, y el Supremo consideró que esta modificación no supone una merma del derecho del trabajador, ya que se ajusta a la nueva regulación legal.
El fallo refuerza que el permiso actual es de cinco días laborables en total, sin que las empresas estén obligadas a mantener beneficios extras que superaban la norma anterior (como los días de viaje). El Alto Tribunal subraya que la ampliación a cinco días ya compensa y unifica el derecho, eliminando la distinción previa entre casos con o sin desplazamiento. De esta forma, se prioriza la adaptación a la ley vigente sin que ello vulnere derechos adquiridos, siempre que el contenido esencial del permiso se mantenga o mejore.
La DGT actualiza el marco legal de las caravanas en España
La Dirección General de Tráfico ha emitido la Instrucción PROT 2026/04, un documento que actualiza el marco legal del “caravaning” en España para adaptarlo al crecimiento exponencial de este sector, que ha triplicado su parque de vehículos en la última década. La principal novedad es la diferenciación técnica obligatoria entre autocaravanas (categoría M) y furgonetas camperizadas o furgones-vivienda (categoría N). Esta distinción no es solo nominal, sino que determina las obligaciones de mantenimiento y las reglas de uso, buscando eliminar la ambigüedad que existía en la normativa de 2023.
En cuanto a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), la DGT se alinea estrictamente con el Ministerio de Industria para endurecer los plazos de los vehículos tipo camper (categoría N). Mientras que las autocaravanas mantienen un calendario más flexible (exentas los primeros 4 años, bienal hasta los 10 y anual después), los furgones-vivienda de categoría N deben pasar la inspección anualmente desde su matriculación hasta los 10 años, y cada seis meses una vez superada esa antigüedad. Este cambio obligará a los propietarios de furgonetas adaptadas a seguir el régimen de un vehículo industrial. El incumplimiento de los nuevos plazos de la ITV puede acarrear multas de hasta 200 euros (si está caducada o es desfavorable) o 500 euros (si es negativa), además de la posible inmovilización del vehículo.
Respecto al estacionamiento y acampada, la instrucción refuerza que una autocaravana está correctamente estacionada —y no acampada— siempre que se limite a ocupar su perímetro, sin desplegar elementos externos (toldos, mesas) ni verter fluidos. Sin embargo, la gran novedad es la incorporación formal de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que otorga a los ayuntamientos la potestad de limitar el tiempo de estacionamiento (por ejemplo, un máximo de 48 horas) o prohibir la acampada en todo el término municipal por razones de movilidad, seguridad o reparto equitativo de aparcamientos, siempre que se justifique debidamente.
Finalmente, para mejorar la infraestructura y la información al usuario, se consolida en el catálogo oficial de señales la S-128, denominada “Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas”. Esta señalización permitirá a los conductores identificar con claridad las áreas de servicio autorizadas para el tratamiento de aguas residuales y el avituallamiento, fomentando un turismo itinerante más sostenible y ordenado en todo el territorio nacional.
Las donaciones de padres a hijos alcanzan máximos históricos para facilitar el acceso a la vivienda
Según los últimos datos del Consejo General del Notariado, el pasado año se cerró con un récord histórico de 225.317 donaciones de padres a hijos, lo que supone un incremento del 13% respecto al ejercicio anterior. Esta tendencia responde a la escalada de precios y las estrictas condiciones de financiación bancaria, que han llevado a que la herencia en vida se haya convertido en la única vía viable para que los jóvenes puedan afrontar el pago de la entrada de un inmueble. Así, las donaciones familiares se consolidan como el principal motor de acceso a la vivienda para las nuevas generaciones.
De acuerdo con los datos facilitados, la mayoría de los movimientos no consisten en el traspaso directo de propiedades, sino en donaciones de capital en efectivo. Estas transferencias oscilan mayoritariamente entre los 15.000 € y los 40.000 €, siendo el perfil típico del beneficiario una persona menor de 35 años, frecuentemente de familias de clase media, que recibe estas cantidades como un “rescate generacional” diseñado para cubrir el 20% del valor de compra, que las hipotecas actuales no suelen financiar.
Este fenómeno es especialmente agudo en archipiélagos como Canarias y Baleares, donde la presión turística ha tensionado los precios de tal forma que las donaciones han repuntado hasta un 35%, marcando los crecimientos más agresivos de todo el territorio nacional.
La fiscalidad es otro de los factores que influye de manera decisiva en el incremento de estas operaciones. Regiones como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que mantienen bonificaciones de entre el 95% y el 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, concentran el mayor volumen de actividad. Este favorable marco tributario incentiva a las familias a formalizar legalmente estas ayudas, evitando así posibles sanciones de Hacienda y permitiendo que el ahorro privado acumulado por las generaciones mayores fluya directamente hacia el sector inmobiliario para sostener la demanda de compraventa.
Finalmente, el repunte de las donaciones no solo marca un hito estadístico, sino que subraya la creciente dependencia de los jóvenes respecto al patrimonio familiar, transformando el modelo tradicional de ahorro individual en uno de solidaridad intergeneracional forzosa ante la crisis de accesibilidad habitacional.
