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Las organizaciones de autónomos urgen medidas ante el impacto de la guerra en Irán
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) han dado la voz de alarma ante el drástico encarecimiento de los costes operativos provocado por el conflicto bélico en Irán. Según los cálculos de UPTA, los trabajadores por cuenta propia están soportando un sobrecoste en carburantes que alcanza hasta los 288 euros mensuales adicionales en comparación con los precios anteriores al inicio de la guerra. Esta situación afecta especialmente a sectores estratégicos como el transporte, la agricultura y el pequeño comercio, que dependen directamente de sus vehículos para mantener la actividad.
Ante esta presión inflacionista, UPTA ha reclamado al Gobierno la implementación inmediata de un “Escudo Autónomos”. Esta medida consistiría en un descuento directo en la factura de combustible para los profesionales, con el fin de evitar que miles de pequeños negocios se vean obligados al cierre. La organización advierte de que muchos trabajadores no pueden repercutir estas subidas en el consumidor final sin perder competitividad, lo que está asfixiando sus márgenes de beneficio y comprometiendo su rentabilidad diaria.
Por su parte, UATAE ha propuesto la creación de la figura del “autónomo vulnerable”, un concepto diseñado para identificar y proteger a aquellos profesionales con menor capacidad económica ante las crisis internacionales. Esta propuesta busca articular un sistema de protección social reforzado que incluya no solo bonificaciones en los costes energéticos y combustibles, sino también medidas de alivio frente a cuotas hipotecarias y alquileres de locales comerciales, sectores que también están sufriendo los efectos secundarios de la inestabilidad geopolítica.
La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha enfatizado que esta nueva figura permitiría establecer un “escudo social” más preciso para quienes sostienen el tejido productivo del país, pero carecen de margen de maniobra para absorber los choques de precios. Ambas organizaciones coinciden en que la rapidez de la respuesta del Ejecutivo será determinante para evitar una destrucción masiva de empleo autónomo, similar a la vivida en crisis energéticas anteriores, y exigen que las ayudas lleguen de forma directa y simplificada a quienes más lo necesitan.
La UE busca reducir un 25% la carga administrativa de las compañías
La Comisión Europea ha puesto en marcha un ambicioso plan para reformar cinco directivas fiscales clave vinculadas al Impuesto sobre Sociedades, con el objetivo de reducir la carga administrativa de las empresas en un 25% (llegando al 35% en el caso de las pymes) para el año 2029.
La iniciativa busca ganar competitividad combatiendo la excesiva burocracia que lastra la actividad europea frente a otras potencias y entre las normas que se someterán a revisión se encuentran la Directiva de fusiones en materia de fiscalidad, la Directiva contra la elusión fiscal, la de matrices y filiales, la de intereses y cánones y la de mecanismos de resolución de litigios relacionados con la tributación.
El paquete de reformas, que Bruselas prevé presentar formalmente a mediados de 2026 bajo el formato de una nueva Directiva Ómnibus de fiscalidad, pretende armonizar las exenciones y eliminar las trabas que dificultan a las compañías el acceso a deducciones fiscales transfronterizas.
Un punto crítico de la revisión será ajustar la normativa contra la elusión fiscal a la nueva realidad del impuesto mínimo global del 15% (Pilar II), evitando así que las empresas sufran una doble imposición innecesaria al ser gravadas tanto por sus filiales en terceros países como por el nuevo recargo global.
Además de los ajustes en Sociedades, la simplificación afectará a la Directiva de intereses y cánones y a los mecanismos de resolución de litigios fiscales, buscando que estos últimos sean más rápidos y menos ambiguos. Al estandarizar estos procesos, la Unión Europea espera fomentar las operaciones transfronterizas y las reestructuraciones empresariales, eliminando el “miedo” fiscal que a menudo frena las fusiones entre compañías de diferentes países de la Unión.
Esta medida se suma a la ya aprobada Directiva Ómnibus I de febrero de 2026, la cual se centró específicamente en reducir las obligaciones de reporte en materia de sostenibilidad. Con este nuevo giro hacia la fiscalidad directa, la Comisión Europea confirma su compromiso de aliviar la presión regulatoria para permitir que las empresas dediquen menos recursos a la gestión de datos administrativos y más a la inversión e innovación dentro del mercado único.
El Gobierno destina 8 millones de euros para impulsar el emprendimiento digital de las mujeres
El Gobierno ha anunciado una inversión adicional de ocho millones de euros destinada específicamente a potenciar proyectos de emprendimiento digital liderados por mujeres. Esta partida se articula a través de un nuevo convenio entre el Ministerio para la Transformación Digital y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), elevando la inversión total en este programa estratégico hasta los 59 millones de euros desde su creación. El objetivo principal es reducir la brecha de género en el sector tecnológico y garantizar que el talento femenino tenga un papel protagonista en la cuarta revolución industrial.
Los fondos se distribuirán mediante préstamos participativos diseñados para apoyar a empresas emergentes en sectores de alto valor añadido, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el blockchain y la computación cuántica. Según los datos oficiales, esta línea de financiación ya ha beneficiado a emprendedoras de 15 comunidades autónomas, con préstamos medios de unos 150.000 euros.
Paralelamente, y con una dotación similar de ocho millones de euros procedentes de los fondos NextGenerationEU, la Comunidad de Madrid ha reforzado su propio programa de capacitación digital. Esta iniciativa regional se centra en la formación gratuita de más de 24.000 emprendedores y desempleados en áreas críticas como el 5G, la computación en la nube y el análisis de datos. Así, coinciden la iniciativa gubernamental, que prioriza la financiación de proyectos liderados por mujeres y la de la región madrileña, que apuesta por la formación masiva en competencias avanzadas.
Con estas medidas, se espera consolidar un tejido empresarial más resiliente y digitalizado, capaz de competir en el mercado global mientras se asegura que colectivos tradicionalmente infrarrepresentados en la tecnología, como las mujeres o los parados de larga duración, tengan acceso a las herramientas necesarias para emprender con éxito.
Nace el “Buzón de los becarios” una plataforma oficial para evitar la explotación laboral de los becarios
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, presentó el pasado lunes 2 de marzo el nuevo “Buzón de las personas Becarias”. Esta herramienta digital, lanzada en colaboración con el Instituto de la Juventud (Injuve) y la Inspección de Trabajo, permite que estudiantes en prácticas y también exbecarios informen de manera anónima sobre situaciones de explotación, falta de tutorización o abusos laborales. El acto oficial de presentación estuvo encabezado por la ministra Sira Rego y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
El principal objetivo de esta iniciativa es proporcionar un canal seguro para identificar la figura del “falso becario”. La información recopilada a través del buzón será organizada por el Injuve y trasladada directamente a la Inspección de Trabajo para planificar actuaciones y visitas a las empresas sospechosas.
Entre las conductas denunciables destacan la realización de tareas estructurales de la plantilla, el incumplimiento de horarios (incluyendo horas extras o nocturnidad), la falta de relación entre las funciones desempeñadas y los estudios del joven, y la ausencia de los tutores legales obligatorios.
Esta herramienta nace con un respaldo legal reforzado, ya que su puesta en marcha coincidió con la aprobación en el Consejo de Ministros del día siguiente, 3 de marzo, del nuevo Estatuto del Becario. La normativa contempla sanciones económicas severas para las empresas infractoras, que pueden alcanzar los 225.000 euros en los casos más graves.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende dar una respuesta contundente a los datos de la Encuesta de Juventud 2023, que reflejan que casi la mitad de los jóvenes españoles (42%) afirma haber vivido alguna situación de explotación durante su etapa de formación en empresas.
