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Claves del nuevo Plan Estatal de la Vivienda 2026-2030
El Gobierno aprobó el pasado 21 de abril, en Consejo de ministros, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una hoja de ruta con una dotación récord de 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. Esta inversión triplica la del plan anterior y busca hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda, priorizando su consideración como derecho frente a su concepción como bien especulativo. Este plan se enmarca en la Ley de Vivienda de 2023 y entró en vigor al día siguiente, 23 de abril, tras su publicación en el BOE.
Para ello, el Estado aportará el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante, a excepción del ejercicio 2026, donde el Gobierno asumirá el esfuerzo inicial completo. La inversión se distribuye en tres líneas estratégicas principales:
- 40% para ampliar la oferta de vivienda pública y protegida: construcción o adquisición de inmuebles a precios asequibles, mayoritariamente en alquiler con renta máxima de 900 euros mensuales.
- 30% para la rehabilitación del parque existente (mejoras energéticas, accesibilidad y eficiencia).
- 30% para ayudas directas a personas con mayores dificultades de acceso, especialmente jóvenes y colectivos vulnerables.
Entre las medidas más relevantes del nuevo plan figuran:
- Blindaje permanente del parque público: todas las viviendas protegidas financiadas con fondos estatales mantendrán su calificación indefinidamente y no podrán descalificarse ni destinarse a especulación.
- Cláusula antifraude en la adjudicación de viviendas protegidas para garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan.
- Ayudas específicas para jóvenes: hasta 300 euros mensuales en alquiler (incluyendo opciones con derecho a compra) y apoyos para emancipación.
- Subvenciones de hasta 15.000 euros (o más, según casos) para la compra o construcción de primera vivienda en municipios rurales de menos de 20.000 habitantes o en riesgo demográfico.
- Ayudas a la rehabilitación de hasta 20.500 euros por vivienda para mejoras energéticas y 13.000 euros para accesibilidad, entre otras.
El despliegue efectivo comenzará en el segundo semestre de 2026, una vez se firmen los convenios de colaboración con las comunidades autónomas y se apruebe la distribución territorial de los fondos. El Gobierno ha convocado ya reuniones técnicas para agilizar este proceso.
Autónomos de toda España se movilizan contra la subida del 42% en las cuotas
La subida en la base mínima de cotización que el Gobierno aprobó y publicó en el BOE del pasado 31 de marzo, ha echado a las calles a miles de autónomos entre los días 25,26 y 27 de abril, en protesta contra esta subida y convocados por la “Plataforma para la Dignidad de los Autónomos 30N”. Ciudades como Madrid, Ciudad Real, Granada, Valencia, Vigo, Almería, Cadiz y Palma han sido escenario de las protestas bajo lemas como “Autónomos asfixiados. Basta ya”.
La subida aprobada por el Gobierno afectará a más de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia -principalmente autónomos societarios (alrededor de 800.000) y familiares colaboradores (más de 400.000)- que verán incrementada su base mínima de 1.000 euros mensuales a 1.424 euros.
Este aumento del 42% en la base reguladora supondrá un incremento de aproximadamente 135 euros al mes en la cuota a la Seguridad Social, lo que equivale a un sobrecoste anual de 1.620 euros por autónomo afectado. La nueva cuota mínima para estos colectivos rondará los 435 euros mensuales.
La medida se deriva de la Disposición Transitoria 7 del Real Decreto-ley 13/2022, que establecía un régimen transitorio hasta 2025. Ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en los últimos años, la base no se actualizó y ahora se equipará automáticamente a la del Régimen General. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denuncia que el Gobierno incumple la promesa de congelar las cuotas para todo el colectivo en 2026 y carga el coste sobre autónomos con rendimientos netos próximos a los 1.000 euros mensuales.
Según estimaciones de ATA, la gran parte de los afectados son mujeres, personas mayores de 50 años y trabajadores del mundo rural. Su presidente, Lorenzo Amor, ha calificado la subida de “salvajada” y “sablazo” que los autónomos no pueden asumir, atribuyéndola a la “incompetencia” del Ejecutivo para aprobar presupuestos.
La siniestralidad laboral se mantiene estancada y cierra 2025 con 735 fallecidos
La Estadística de Accidentes de Trabajo (EAT), publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha dado a conocer los datos correspondientes al ejercicio completo de 2025, unas cifras que confirman el estancamiento de España en la reducción de las muertes por causas asociadas al trabajo. A pesar del progresivo endurecimiento de las normativas de prevención de riesgos, la cifra total anual de fallecidos se sitúa por encima de las 700 víctimas, con oscilaciones mínimas durante el último lustro.
De acuerdo con estas cifras, en 2025 se contabilizaron 735 fallecimientos (584 en jornada laboral y 151 en desplazamientos) respecto a los 721 registrados en 2024 y los 724 de 2023. Aunque el aumento de la población activa en los últimos tres años ha hecho que el índice de incidencia (accidentes por cada 100.000 trabajadores) baje ligeramente, la cifra absoluta de estos fallecimientos se resiste a bajar de los niveles prepandemia. De hecho, el dato de 2025 es un 5% superior al registrado en 2021, lo que evidencia que la recuperación económica ha traído aparejada una mayor siniestralidad. Los accidentes graves ascendieron a 3.800, con un ligero descenso y los accidentes con baja laboral 620.000, con una leve disminución del 1,5%.
La tendencia por sectores se mantiene inamovible, con la construcción como principal “agujero negro” de la seguridad laboral, con un incremento del 8% en accidentes graves respecto a 2023. Sin embargo, el dato más revelador del último año es el repunte de los accidentes en el sector agrícola, vinculados cada vez más a fenómenos climáticos extremos y al envejecimiento de la maquinaria.
En cuanto a la demografía, el informe de 2025 destaca que el colectivo de mayores de 55 años es el único cuya tasa de mortalidad ha crecido de forma sostenida desde 2020. Los expertos atribuyen este fenómeno a la prolongación de la vida laboral en sectores físicos y a la mayor vulnerabilidad ante patologías cardiovasculares, que siguen siendo la primera causa de muerte natural en el puesto de trabajo.
Mientras que la mortalidad en jornada afecta mayoritariamente a hombres en sectores industriales, los accidentes in itinere (en el trayecto) han crecido un 12% desde 2022, hasta situarse en 85.000, con el resultado de 151 personas fallecidas. En este ámbito, las mujeres de entre 30 y 45 años representan el perfil con mayor incremento de bajas, un dato que los sindicatos vinculan a la “doble jornada” y a las prisas derivadas de la conciliación familiar.
Coincidiendo con el “día mundial de la seguridad y salud en el trabajo”, el Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión del martes 28 de abril, el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, para que “nadie enferme ni muera en el puesto de trabajo”. Solo en los dos primeros meses de 2026, han fallecido 104 trabajadores, seis más que en el mismo periodo de 2025.
