Dos movimientos arriesgados de política fiscal

Los dos movimientos políticos más relevantes anunciados por el Gobierno en las últimas semanas han pasado relativamente desapercibidos entre el ruido informativo de múltiples casos de corrupción que revelan el deterioro de la calidad de las instituciones españolas en los últimos años. El primero ha sido la promesa de presentar finalmente un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027. El segundo, la reactivación de las conversaciones sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.

Sin embargo, el problema no es que estos debates vuelvan a la agenda política. El problema es que llegan demasiado tarde y con un margen de maniobra cada vez más reducido. Después de tres ejercicios de prórroga presupuestaria, el Ejecutivo pretende presentar como una iniciativa política lo que, en realidad, constituye una obligación básica de cualquier gobierno parlamentario. Los Presupuestos no son únicamente una herramienta de planificación económica. Son también el principal instrumento de control democrático sobre la acción del Ejecutivo. Sin ellos, el Parlamento pierde capacidad para evaluar prioridades, fiscalizar compromisos de gasto y anticipar los efectos financieros de nuevas medidas legislativas.

Durante estos años, la ausencia de nuevas cuentas públicas ha quedado parcialmente disimulada por dos factores excepcionales. Por una parte, el extraordinario crecimiento de la recaudación tributaria derivado de la inflación, el aumento del empleo y la falta de corrección por inflación de los principales impuestos. Por otra, la llegada masiva de fondos europeos. Pero ninguna de estas circunstancias puede confundirse con una estrategia presupuestaria sostenible. La mejora de los ingresos ha permitido aplazar decisiones incómodas, no resolver los desequilibrios estructurales de las finanzas públicas.

En los cuatro primeros meses de 2026, el “presupuesto paralelo” con el que trabaja el Gobierno ha alcanzado los 32.187 millones de euros, el cual se construye a base de ampliaciones de crédito y transferencias de crédito de partidas presupuestarias. Así es cómo de enero a abril, el presupuesto de Defensa ha aumentado en otros 2.365 millones de euros, en 1.090 millones el del Ministerio de Transportes o los más de 2.257 millones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La mayor entrada de fondos comunitarios impacta positivamente en el presupuesto de Agricultura (+3.849 millones), Transición Ecológica y Reto Demográfico (+1.332 millones) o la entrada más importante que es la de los fondos #NextGenEU a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (+12.470 millones). Por la parte de los fondos transferibles a las CC. AA y entes locales, la cuantía ampliada es de 7.018 millones hasta abril.

Estas cuantías no son ni siquiera controladas por las Cortes Generales. El documento remitido recientemente por España a las instituciones europeas bajo la forma de Plan de Medidas Fiscales vuelve a evidenciar la distancia entre el papel y la realidad. El Gobierno proyecta una senda de consolidación basada en una combinación de mayores ingresos tributarios, nuevas figuras impositivas permanentes y una evolución relativamente contenida del gasto público. Sobre el papel, las previsiones permiten cumplir con los compromisos adquiridos ante Bruselas. El problema aparece cuando se comparan esas hipótesis con la realidad política y presupuestaria del país.

Porque al mismo tiempo que se promete una reducción gradual del déficit y de la deuda pública, se reabre la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica que podría exigir recursos adicionales de enorme magnitud. También continúan creciendo partidas estructurales como las pensiones, los intereses de la deuda, las transferencias sociales o los costes asociados al envejecimiento demográfico. La pregunta ya no es si todas estas demandas son legítimas. La pregunta es si son compatibles entre sí.

Gráfico: Evolución del gasto público y del PIB en la UE y España (2019-2024)

Fuente: IGAE

La reforma de la financiación autonómica constituye probablemente el mejor ejemplo de este dilema. En lugar de comenzar por una metodología transparente que determine necesidades de gasto, capacidad fiscal y criterios de nivelación, la sensación es que el proceso avanza en sentido inverso: primero se negocian resultados políticos concretos y después se intenta construir una arquitectura técnica que los justifique. Esa dinámica genera incertidumbre entre las comunidades autónomas y dificulta cualquier acuerdo estable a largo plazo.

Además, existe una realidad que raramente se menciona. El actual sistema lleva años funcionando gracias a una recaudación tributaria excepcionalmente elevada. Las comunidades autónomas están recibiendo más recursos que nunca, pero ello no significa que el modelo sea sostenible. Significa únicamente que la expansión de los ingresos ha permitido ocultar temporalmente sus deficiencias. Cuando el crecimiento económico se normalice y desaparezcan algunos factores extraordinarios, volverán a aflorar las mismas tensiones financieras que hoy permanecen ocultas bajo la superficie.

Las proyecciones a 2031 de las diferentes partidas de gasto público no invitan al optimismo. El “dividendo inflacionista” unido a una inmigración masiva deberían continuar para sostener unas cuentas públicas que cedan en torno a 21.000 millones de euros anuales a las CC. AA y, al mismo tiempo, se puedan cumplir todos los compromisos de gasto adquiridos hasta la fecha (retribución de asalariados públicos, gasto en Defensa, crecimiento de los intereses de la deuda, pensiones…). Concretamente, de 2025 a 2031 el gasto total de la Administración Central crecerá en 155.000 millones de euros en un escenario tendencial.

Por eso los próximos meses serán decisivos. No basta con presentar unos Presupuestos. Tampoco basta con convocar reuniones sobre financiación autonómica. Lo verdaderamente importante será comprobar si el Gobierno es capaz de reconciliar sus compromisos políticos internos con las exigencias fiscales que ha asumido ante Bruselas. La distancia entre ambas agendas es cada vez menor. Y cuanto más se retrase el ajuste entre expectativas y recursos disponibles, más difícil será evitar que la realidad presupuestaria termine imponiéndose sobre la retórica política.