Mantente informado – Resumen de la actualidad
Interior refuerza la protección a peatones, ciclistas y motoristas con la nueva reforma de tráfico
El Consejo de Ministros, en su sesión del 23 de junio, aprobó una modificación del Reglamento General de Circulación mediante Real Decreto. El objetivo principal es mejorar la protección de los denominados usuarios vulnerables de la vía. Publicado en el BOE el 26 de junio, la mayoría de las disposiciones entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026, aunque algunas relativas al casco para motocicletas y al alumbrado de los VMP lo harán el 1 de octubre de 2027.
La nueva norma protege de forma expresa a peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos de movilidad personal (VMP) y a colectivos especialmente vulnerables (menores, personas mayores y personas con discapacidad). Representa una adaptación a los cambios en la movilidad de los últimos 20 años, pasando de un enfoque centrado en el vehículo y la infraestructura a otro que prioriza a las personas y los entornos urbanos, con el fin de lograr una movilidad más segura, inclusiva y sostenible.
Por primera vez, el reglamento incorpora una definición explícita de “usuario vulnerable de la vía”: aquella persona que, por el medio de desplazamiento que utiliza o por sus características físicas (edad o condición), presenta un mayor riesgo de sufrir lesiones graves en caso de accidente.
Entre las principales medidas destacan:
- Peatones: Se refuerzan las normas de prioridad y se introducen conceptos como “caminos escolares seguros” y zonas de prioridad residencial.
- Ciclistas: Se actualizan las regulaciones de carriles bici y se enfatiza su seguridad en entornos urbanos.
- Vehículos de movilidad personal (VMP o patinetes): Se establece la edad mínima en 15 años y se hace obligatorio el uso de casco homologado y chaleco reflectante de noche o en condiciones de baja visibilidad.
- Motoristas: Obligación de llevar guantes de protección en carreteras interurbanas y calzado cerrado en todas las vías. También se regulan aspectos relacionados con el alumbrado y el equipamiento.
La reforma incluye además actualizaciones en señalización, prioridades en cruces y medidas específicas para entornos urbanos, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial en los colectivos de mayor riesgo.
El Gobierno implementa el Sistema de Depósito para envases de bebidas a partir de noviembre de 2026
A partir de noviembre de 2026, bares, restaurantes y establecimientos de hostelería en España deberán adaptarse al nuevo Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases de bebidas. Se trata de una medida impulsada por el Gobierno para cumplir con la normativa europea de reducción de residuos y que supone uno de los cambios más relevantes para la hostelería y el comercio minorista en materia medioambiental.
Los locales tendrán la obligación de cobrar un depósito —estimado en torno a los 10 céntimos por envase— por botellas, latas y briks vendidos, especialmente en consumos para llevar. Esta obligación implicará cambios operativos significativos: los establecimientos deberán adaptar sus sistemas de caja para desglosar el depósito en los tickets, gestionar las devoluciones de envases y organizar su almacenamiento o retorno a los sistemas de recogida. Aunque en los consumos realizados dentro del local (en mesa o barra) generalmente no se trasladará el cargo al cliente, la medida sí afectará de forma directa a las ventas para llevar, un formato cada vez más habitual.
El depósito no constituye un coste definitivo para el consumidor, ya que los ciudadanos podrán recuperar la cantidad íntegra al devolver el envase vacío en los puntos de retorno habilitados (establecimientos comerciales o máquinas automáticas). La medida afecta principalmente a envases de bebidas de hasta tres litros, incluyendo plásticos, latas y cartones (briks).
Esta iniciativa sigue el modelo de países como Alemania, Dinamarca y Portugal, donde sistemas similares han alcanzado altas tasas de retorno. En España, el SDDR busca reducir el impacto ambiental de los residuos de envases de bebidas y fomentar la economía circular.
Desde el Ejecutivo se ha anunciado un periodo de implementación progresiva. No obstante, diversas asociaciones del sector hostelero han reclamado mayor claridad en los plazos y mayor apoyo técnico para facilitar la adaptación. Tanto consumidores como establecimientos deberán acostumbrarse a un nuevo hábito: la devolución de envases para recuperar el depósito.
El número de pisos turísticos desciende un 11%
El número de viviendas turísticas en España ha registrado un descenso del 10,7% en mayo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, se contabilizaron 341.001 alojamientos de este tipo, lo que supone alrededor de 40.000 viviendas menos que hace un año.
Este retroceso, uno de los más pronunciados de los últimos seis años, se produce en un contexto de mayor regulación del sector. Las administraciones autonómicas y locales han endurecido las normativas para controlar la oferta de alquileres vacacionales, especialmente en zonas tensionadas por el turismo. Además, en mayo, el Tribunal Supremo anuló el registro estatal único de arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado carecía de competencias para crearlo, aunque sus efectos plenos aún no se reflejan completamente en las estadísticas.
A pesar de la caída, las viviendas turísticas siguen representando una parte significativa del parque residencial en determinados territorios. Ciudades como Madrid (con más de 10.800 pisos turísticos), Málaga, Barcelona, Marbella y Sevilla concentran gran parte de la oferta. En algunos barrios céntricos o zonas costeras, su peso supera el 10% e incluso alcanza porcentajes mucho más altos en determinadas calles.
El INE elabora esta estadística experimental dos veces al año (mayo y noviembre) para captar la estacionalidad del mercado. Aunque la cifra de mayo es la cuarta más alta desde 2020, la tendencia a la baja se consolida tras los máximos alcanzados en años anteriores, impulsados por la recuperación postpandemia.
Esta reducción podría aliviar, aunque de forma moderada, la presión sobre el mercado residencial en las grandes ciudades y destinos turísticos, donde la transformación de viviendas en alquiler vacacional ha contribuido al encarecimiento de los alquileres de larga duración. No obstante, los expertos señalan que será necesario seguir monitorizando los datos para evaluar el impacto real de las nuevas regulaciones y de la sentencia del Tribunal Supremo.
La economía digital ya alcanza el 26% del PIB español y acelera su crecimiento
La economía digital ha alcanzado en 2026 un impacto económico de 455.300 millones de euros, lo que equivale al 26% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Son los datos del “Estudio Advice de Éxito Empresarial y Digitalización, España 2026”, elaborado por la consultora Advice Strategic Consultants.
Esta cifra supone un aumento de dos puntos porcentuales respecto a 2025 y consolida al sector como uno de los principales motores de crecimiento económico del país.
El informe, basado en encuestas a pymes, autónomos, grandes empresas, sector público y líderes de opinión, así como en fuentes oficiales como el INE, Banco de España y Eurostat, destaca que el avance de la digitalización ha superado el ritmo de crecimiento general de la economía. Desde 2019, el peso de la economía digital en el PIB ha aumentado en más de 8 puntos porcentuales, reflejando una transformación estructural impulsada por la adopción de tecnologías, el comercio electrónico y los servicios digitales.
Este crecimiento se explica por varios factores. Por un lado, el sector tecnológico y digital registró en 2025 una facturación récord de más de 138.000 millones de euros, con cerca de 36.700 empresas y casi 723.000 empleos directos. Las tecnologías de la información concentran gran parte de este dinamismo. Por otro, la “economía digitalizada” —que mide el impacto de bienes y servicios digitales en el conjunto de la actividad económica— ha experimentado una notable expansión tanto en el tejido empresarial como en la administración pública.
La digitalización no solo impulsa el PIB, sino que también mejora la competitividad y la productividad laboral. No obstante, persisten retos importantes como la brecha digital en ciertas regiones y segmentos de población, así como la necesidad de seguir invirtiendo en formación y ciberseguridad.
Las previsiones sugieren que, si se mantiene el ritmo actual, la contribución de la economía digital al crecimiento seguirá siendo clave en los próximos años.
