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Récord histórico de trabajadores extranjeros en España

España ha alcanzado un nuevo récord histórico en empleo de trabajadores extranjeros, que ya suman 3,58 millones de ocupados de nacionalidad extranjera, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al último trimestre de 2025, publicados por el INE. Esta cifra representa aproximadamente el 16% (15,9 %) del total de ocupados en el país, que se sitúa en 22,46 millones de personas. Si se incluyen también los trabajadores con doble nacionalidad, la proporción asciende al 21,4%, lo que significa que más de uno de cada cinco empleados tiene al menos un pasaporte distinto al español.

Este aumento ha sido especialmente significativo en 2025, año en el que se sumaron 258.000 trabajadores extranjeros más (+7,8% interanual), frente a un crecimiento mucho más moderado del empleo entre los españoles (+2%, con 342.000 ocupados adicionales). Los trabajadores extranjeros han sido fundamentales en la creación de empleo reciente, ya que aportaron el 43% del nuevo empleo generado a lo largo de 2025.

Los sectores con mayor presencia de trabajadores extranjeros en España son aquellos que demandan mano de obra intensiva en tareas de menor cualificación. El sector servicios concentra la gran mayoría, con alrededor del 72-78% de los ocupados extranjeros (más de 2,5 millones), impulsado por subsectores como la hostelería (donde representan cerca del 31% del total, con más de 558.000 personas) y el comercio.

Otros sectores destacados incluyen la construcción (alrededor del 11% de los trabajadores extranjeros, con unos 400.000 ocupados y un peso del 20-32% en el sector), la industria (similar proporción, cerca del 11%) y la agricultura (alrededor del 6% en número absoluto, pero con un porcentaje muy alto en el empleo agrario, llegando al 37% en el sistema especial agrario y hasta un tercio o más en algunas regiones). El empleo doméstico (servicio del hogar) es particularmente dependiente de esta mano de obra, con más del 42-55% de los ocupados siendo extranjeros, unos 314.000.

Esta tendencia refleja un peso creciente de la inmigración en el mercado laboral español, que ha pasado del 10,4 % hace dos décadas al nivel actual.

 

Enero, un mes negro para el empleo

Según los datos oficiales de afiliación a la Seguridad Social publicados a principios de febrero de 2026, España registró en enero una destrucción masiva de empleo, con 270.782 afiliados menos respecto a diciembre de 2025. Esto equivale a una pérdida media de 8.735 puestos de trabajo cada día del mes, el peor registro para un mes de enero desde 2012, coincidiendo con la crisis financiera.

El paro registrado aumentó en 30.392 personas, situándose en 2.439.062 desempleados, afectando especialmente al Régimen General, con descensos en todos los sectores y debido, en parte, al fin de la campaña navideña y a condiciones climáticas adversas.

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la situación fue igualmente grave, con la pérdida de 19.022 cotizantes, lo que representa una media de 614 autónomos menos cada día. Esta caída es una de las mayores para un enero desde 2012 y se produjo en todas las comunidades autónomas, con mayor impacto absoluto en regiones como Cataluña, Andalucía y Madrid. A pesar de ello, el número total de autónomos se mantuvo en torno a los 3,406 millones, un máximo histórico para enero, gracias al crecimiento interanual (+1,1%) con 37.796 más que en enero de 2025.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor calificó estos datos como “históricos” por su intensidad y criticó duramente las políticas actuales. Atribuyó la debacle al exceso de regulación, el incremento de costes laborales y la alta presión fiscal, que —según sus palabras— impactan menos en grandes y medianas empresas, pero “hunden” a los autónomos y pequeñas empresas. Amor reclamó medidas urgentes como aliviar la carga fiscal y simplificar trámites para revertir la tendencia.

Si bien enero es siempre un mes estacionalmente negativo para el empleo, los datos de 2026 destacan por superar con creces la media de la última década, reflejando vulnerabilidades persistentes en el tejido productivo español, especialmente entre los autónomos y pymes, en un contexto de crecimiento económico general, pero con crecientes costes y trabas administrativas.

 

Los trabajadores más jóvenes copan las bajas laborales

Según un análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) basado en datos de la Seguridad Social, la incapacidad temporal por contingencias comunes (bajas por enfermedad no laboral) muestra una incidencia mayor entre los trabajadores jóvenes que entre los de mayor edad, contrario a lo que podría esperarse por mayor riesgo de enfermedad en edades avanzadas. En 2024 (último año completo disponible), la incidencia es de 41,1 bajas por cada 1.000 afiliados en el grupo de 25 a 35 años, frente a 29,7 en el de 55 a 65 años.

En tramos intermedios, desciende a 34,4 (35-45 años) y 28,7 (45-55 años). Los especialistas señalan que los trabajadores sénior son más reticentes a acogerse a la baja, mientras que los jóvenes la solicitan con mayor frecuencia, señalando una menor presión económica o diferentes percepciones sobre el derecho, entre los motivos fundamentales.

Esta brecha de edad se ha ampliado en los últimos años y desde 2017, la incidencia de bajas ha crecido un 66-67% en el grupo de 25 a 35 años, frente a solo un 43% en el de 55 a 65 años. El aumento general de la incapacidad temporal en España ronda el 60% desde 2017, con una duración media que ha pasado de 40 a 46 días y hasta 99 días en salud mental. Aunque a mayor edad aumenta el riesgo objetivo de enfermedad, los datos relativos indican que otros factores, entre los que se encuentran los culturales, económicos y de estabilidad laboral influyen en la decisión de parar.

Por comunidades autónomas, las regiones con economías más desarrolladas y mayores niveles de empleo estable registran las incidencias más altas: Navarra lidera con 56,4 bajas por cada 1.000 afiliados, seguida de Cataluña (51,9) y País Vasco (45,9). Esto contrasta con comunidades del sur como Andalucía, Extremadura o Galicia, que presentan tasas inferiores a la media nacional. Los datos de la AIReF destacan que el fenómeno no es uniforme, ya que los jóvenes y las regiones más prósperas concentran mayor incidencia.