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2025 registró cifras récord en creación de sociedades, superando las 135.000, según los notarios
España registró en 2025 la creación de 135.129 nuevas sociedades mercantiles, la segunda cifra más alta de la serie histórica según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), solo superada por el récord de 149.100 sociedades constituidas en 2007. Esta cifra representa un incremento del 8,7% respecto a las 124.000 aproximadas de 2024, con un promedio mensual de 11.261 nuevas empresas y más de 370 al día ante notario. Los notarios atribuyen este dinamismo al contexto de crecimiento económico positivo durante todo el año, pese a que el PIB avanzó un 2,8%, siete décimas menos que en 2024.
El predominio de las pequeñas empresas fue claro: el 72% de las nuevas sociedades (unas 96.860) se constituyeron con un capital inicial entre 3.000 y 4.000 euros, optando mayoritariamente por la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Esta tendencia refleja la resiliencia del tejido emprendedor español, con un fuerte peso de microempresas y una menor ratio de liquidaciones en comparación con periodos previos. Además, la tramitación notarial se ha agilizado, permitiendo autorizaciones telemáticas que facilitan el proceso para los emprendedores.
Las comunidades autónomas con mayor creación de sociedades mercantiles en 2025 fueron, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), la Comunidad de Madrid, que lideró el ranking con el 21,4% del total nacional (equivalente a unas 28.975 nuevas empresas), seguida muy de cerca por Cataluña, con el 20,1% (aproximadamente 27.160 sociedades). Estas dos regiones concentraron juntas más del 41% de todas las constituciones, reflejando su peso como polos económicos y empresariales clave.
En tercer y cuarto lugar se situaron Andalucía, con el 16,8% del total, y la Comunidad Valenciana, con el 13,1%. Juntas, estas cuatro comunidades autónomas acapararon el 71,4% de las 135.129 nuevas sociedades creadas en todo el país durante el año, lo que evidencia una marcada concentración geográfica en el dinamismo emprendedor español.
El resto del territorio se repartió el 28,6% restante, con regiones como Galicia (alrededor del 3,8%, con 5.142 sociedades) ocupando posiciones intermedias, mientras que las comunidades más pequeñas registraron cifras notablemente inferiores. Esta distribución subraya cómo el crecimiento empresarial en 2025 —el segundo mejor año desde 2007— se concentró en las áreas con mayor densidad poblacional, actividad económica y facilidades para la constitución de empresas, según destacan los notarios.
Nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que vinculará el bono social a la renta familiar
El Gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que incluye una reforma significativa del bono social eléctrico y térmico con el objetivo de ampliar su cobertura a más hogares vulnerables y garantizar una distribución más equitativa de las ayudas. La principal novedad radica en que el acceso a esta prestación —que supone descuentos de hasta el 35% o más en la factura de la luz y la calefacción— quedará ligado directamente a la renta familiar o de la unidad de convivencia, priorizando a quienes realmente lo necesitan y cerrando las brechas actuales de exclusión.
Hasta ahora, colectivos como las familias numerosas accedían de forma casi automática al bono social, independientemente de sus ingresos, lo que permitía que cientos de miles de hogares —alrededor de 454.000 a finales de 2025— recibieran descuentos del 42,5% o superiores sin acreditar vulnerabilidad económica. La nueva normativa busca corregir esta situación introduciendo criterios de renta generalizados, de modo que solo se beneficiarán aquellos hogares cuyos ingresos no superen umbrales establecidos (como 1,5 veces el IPREM en algunos casos propuestos) o que perciban prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.
Aunque el cambio podría reducir el número de beneficiarios entre las familias numerosas de rentas medias o altas, el Ejecutivo ha defendido que la medida responde a principios de justicia social y eficiencia presupuestaria, ya que el bono social —financiado por un recargo en las facturas de todos los consumidores— asciende a unos 419 millones de euros anuales. La reforma se articulará mediante la modificación del real decreto vigente y se aplicará de forma progresiva, manteniendo el diálogo con las asociaciones afectadas para definir los límites exactos de renta y evitar impactos excesivos en hogares con mayores necesidades energéticas por su tamaño familiar.
Se trata de la segunda estrategia de este tipo en España, tras la primera de 2019-2024 y busca evolucionar de un enfoque asistencial a uno más estructural, integrando la transición energética (eficiencia y renovables) para garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía como derecho básico. Sus principales claves incluyen: estructurarse en cuatro ejes (caracterización de la pobreza energética, protección de consumidores, mejora estructural de condiciones energéticas y coordinación interadministrativa), con 13 medidas y 34 acciones. Entre las más destacadas figuran la creación de un Observatorio de Pobreza Energética para mejorar el conocimiento y monitorización del fenómeno, la garantía de suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes, la protección frente a cortes o refacturaciones imprevistas, y la rehabilitación energética de viviendas vulnerables (con movilización de unos 9.000 millones de euros vía Fondo Social para el Clima y otros fondos).
El negocio de las mascotas en España alcanza los 5.770 millones de euros
El sector de las mascotas en España ha alcanzado una dimensión económica sin precedentes, con una facturación de 5.770 millones de euros en 2023, según el informe “Pet-money: la economía de las mascotas y su impacto en el hogar español” elaborado por EAE Business School y recogido por Europa Press. Este monto representa un crecimiento del 8,3% respecto al año anterior, impulsado por la consolidación de los animales de compañía como miembros clave de los hogares. El sector genera 75.000 empleos directos a través de más de 12.300 empresas, abarcando desde alimentación y veterinaria hasta accesorios, seguros y servicios especializados.
Un dato sociológico destaca con fuerza: el 49% de los hogares españoles convive con al menos una mascota, superando ya al porcentaje de viviendas que albergan hijos menores de edad. Más de 30 millones de animales domésticos —principalmente perros y gatos— residen en el país, lo que refleja un cambio cultural profundo en la estructura familiar. Muchos españoles optan por “perrhijos” o “gathijos” en lugar de descendencia biológica, priorizando el bienestar emocional y la compañía que ofrecen estos animales en un contexto de baja natalidad y envejecimiento poblacional.
El gasto medio por mascota oscila entre 500 y 1.000 euros anuales, con la alimentación y los cuidados veterinarios como partidas principales. Este desembolso familiar alimenta un mercado en expansión, donde emergen tendencias como los seguros para mascotas, hoteles caninos o productos premium. El informe subraya que este fenómeno no solo transforma el consumo cotidiano, sino que redefine las prioridades financieras y el estilo de vida de millones de hogares, consolidando a las mascotas como un pilar económico y afectivo en la sociedad española actual.
En España, los propietarios de mascotas —principalmente perros, gatos y hurones, reconocidos como animales de compañía por la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales— deben cumplir un conjunto de obligaciones legales de ámbito nacional, autonómico y municipal. Además de garantizar el bienestar de los animales, una de las obligaciones clave es la identificación obligatoria mediante microchip para perros, gatos y hurones, registrada en el organismo autonómico o local competente. La ley establece, además, requisitos específicos como acreditar la realización de un curso de formación gratuito sobre tenencia responsable (de validez indefinida y contenido por desarrollar reglamentariamente) antes de adquirir o adoptar uno nuevo, y contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros durante toda la vida del animal (con cuantía mínima a establecer por reglamento). El incumplimiento de las leyes puede acarrear sanciones que van desde leves hasta muy graves, con multas de hasta 200.000 euros en casos extremos de maltrato o abandono.
