Europa necesita aplicar de verdad el Clean Industrial Deal

Durante demasiado tiempo, en Europa se ha planteado un falso dilema entre descarbonización y competitividad. Como si reducir emisiones fuera un lujo regulatorio y no una condición para sobrevivir en un mundo donde la energía, la tecnología y las cadenas de suministro se han convertido en instrumentos de poder. El Clean Industrial Deal no nació para elegir entre clima e industria, sino para unir ambas agendas en una sola estrategia de generación de riqueza. Un año después de su lanzamiento, la cuestión es si la Unión Europea será capaz de aplicarla con la ambición y velocidad que el momento macro y geopolítico exige.

La Comisión Europea presentó el Clean Industrial Deal el 26 de febrero de 2025 como una hoja de ruta para convertir la descarbonización en motor de crecimiento industrial, con un foco especial en las industrias electro intensivas y en las tecnologías limpias. Ese mismo día aprobó también el Action Plan for Affordable Energy, en el cual la Comisión asumía que sin energía asequible no hay política industrial posible. La propia Comisión situó el abaratamiento de la electricidad, la electrificación, las interconexiones, la eficiencia y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles importados en el centro de la competitividad europea.

Desde entonces ha habido avances relevantes. En marzo de 2025 llegaron dos desarrollos sectoriales importantes: el plan de acción para la automoción y el plan europeo para el acero y los metales. Ambos trasladaron el Clean Industrial Deal al terreno concreto de los sectores más expuestos a la competencia global, a los costes energéticos y al riesgo de deslocalización. En junio de 2025, la Comisión adoptó además el Clean Industrial Deal State Aid Framework, un nuevo marco de ayudas de Estado en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030, pensado para facilitar apoyo público a energías limpias, descarbonización industrial y fabricación de tecnologías limpias. Y en julio de 2025 la propia Comisión publicó un primer balance de ejecución, subrayando que la entrega del plan ya estaba “en marcha” y que se habían activado medidas en sus seis grandes ejes.

Más recientemente, en marzo de 2026, Bruselas dio otro paso con la propuesta del Industrial Accelerator Act. Esta iniciativa intenta resolver uno de los puntos débiles clásicos de la política industrial europea como es la falta de demanda suficiente para productos bajos en carbono fabricados en la UE. La propuesta introduce criterios “Made in EU” y de bajas emisiones en contratación pública y esquemas de apoyo, y busca que la inversión extranjera aporte empleo, innovación y valor real dentro de Europa. Dicho de otro modo: la UE empieza a comprender que no basta con producir más limpio. También hay que asegurar mercado para quien produzca limpio en territorio europeo.

Sin embargo, conviene no confundir movimiento con transformación. Un año después, el Clean Industrial Deal ha dejado de ser solo una declaración de intenciones, pero todavía no está plenamente desplegado. La propia Comisión reconoce que buena parte de los beneficios del plan energético dependen de la actuación de los Estados miembros, especialmente en materia fiscal, de permisos y de uso efectivo del nuevo marco de ayudas. También admite que, aunque muchas medidas del Affordable Energy Action Plan se pusieron en marcha en 2025, hacen falta más esfuerzos en 2026 para ofrecer un alivio rápido y duradero a industrias y hogares. Además, varios hitos clave siguen pendientes o en desarrollo, como el Electrification Action Plan, todavía “por anunciar” en el calendario oficial actualizado en marzo de 2026.

Y ahí está precisamente el núcleo del problema europeo. Nuestra dificultad no es diseñar estrategias sino ejecutarlas con coherencia. Europa sufre una brecha de costes energéticos frente a sus competidores, una fragmentación regulatoria que frena inversiones y una exposición excesiva a dependencias exteriores en materias primas, gas y cadenas tecnológicas. Por eso, defender hoy el Clean Industrial Deal significa exigir su aplicación íntegra. En primer lugar, hay que actuar de verdad sobre el coste de la electricidad. La Comisión ha puesto el foco, quizá con más claridad que nunca, en cómo los impuestos y cargos encarecen la electricidad y dañan la competitividad industrial. Antes de las últimas medidas fiscales tomadas, en España la combinación de cargos de política energética e impuestos superaba el 40% de la factura, y la reducción de determinados conceptos fiscales y parafiscales podría rebajar de forma muy sustancial el precio final.

En segundo lugar, es urgente acelerar permisos, redes y almacenamiento. Europa no puede seguir proclamando la electrificación como palanca maestra mientras mantiene cuellos de botella administrativos y físicos que retrasan la conexión de renovables, redes e infraestructuras industriales. Aquí el Clean Industrial Deal también apunta en la dirección correcta, y la Comisión ha vinculado explícitamente la competitividad a un sistema eléctrico más integrado, más flexible y menos dependiente del gas. Si esa parte no se ejecuta, todo lo demás pierde fuerza.

En tercer lugar, hay que crear demanda para el acero limpio, la química descarbonizada, las baterías, los vehículos de cero emisiones o los materiales circulares producidos en Europa. El gran mérito político del Industrial Accelerator Act es reconocer que la neutralidad tecnológica no puede convertirse en neutralidad geopolítica. Si Europa pone precio al carbono, exige sostenibilidad y financia innovación, pero luego compra sin distinguir origen, resiliencia o huella climática, estará subvencionando la transición de otros. En un contexto de competencia feroz con China y de creciente giro industrial en otras potencias, eso sería una ingenuidad estratégica.

Y, en cuarto y último lugar, es necesario dotar de escala financiera real a la estrategia de competitividad basada en la energía. La Comisión sostiene que el Clean Industrial Deal movilizará más de 100.000 millones de euros, apoyándose en el Innovation Fund, Horizon Europe, InvestEU y un futuro banco de descarbonización industrial. Es una dirección positiva, pero la prueba definitiva será la velocidad de desembolso, la simplicidad del acceso y la capacidad de llegar a proyectos industriales viables antes de que se desplacen fuera de la UE.

En resumen, lo ocurrido en este último año invita a un juicio matizado: el Clean Industrial Deal no está parado, pero tampoco está completo. Ha avanzado desde la visión general hacia instrumentos concretos; ha abierto la puerta a ayudas de Estado más útiles; ha lanzado planes sectoriales; y en marzo de 2026 ha empezado a construir mercado para el producto limpio europeo. Pero todavía le falta lo decisivo: plena ejecución, coordinación entre Bruselas y las capitales, y valentía para rebajar de verdad los costes eléctricos, simplificar la inversión y proteger la base industrial europea.

Si el Clean Industrial Deal estuviera hoy plenamente en vigor en todos sus frentes, Europa estaría en mejor posición para reforzar la competitividad de sus sectores productivos, reducir su vulnerabilidad energética y convertir la transición ecológica en una ventaja industrial. No porque la sostenibilidad sea gratis, sino porque la dependencia, la inacción y la fragmentación salen mucho más caras. Ese es el verdadero debate. Y Europa ya no puede permitirse perderlo.