Se acabó la guerra
Tras mas de tres meses de conflicto en Oriente Próximo, y a pesar de la paz, los efectos del shock de oferta provocado por la subida de los precios de la energía se irán manifestando progresivamente en los datos de inflación y crecimiento; una coyuntura que requiere la máxima flexibilidad, tanto en las estrategias de inversión como en las respuestas de política económica. Actualmente de los canales de transmisión del shock de oferta, el energético es el que se ha activado con mayor intensidad, como muestra la subida generalizada de la inflación, que ya está reduciendo la capacidad de compra de las familias. Ello, unido al moderado endurecimiento de las condiciones financieras (muy inferior al que se produjo tras la guerra en Ucrania), enfriará el consumo privado en los meses centrales del año y reducirá los potenciales desequilibrios macroeconómicos que pueda provocar la brecha que se ha abierto entre la oferta y la demanda. En ausencia de nuevas sorpresas negativas en los precios energéticos, el efecto neto sobre el crecimiento sería moderado y se concentraría en los trimestres centrales del año, teniendo en cuenta puntos de apoyo para la actividad como la buena situación de los mercados laborales, las elevadas tasas de ahorro de las familias, los reducidos niveles de endeudamiento de los agentes privados y la capacidad de la política fiscal de compensar parte de los efectos negativos del shock de oferta. Todo ello, sin embargo, va a depender de una rápida reapertura del estrecho de Ormuz, pues el desajuste entre la oferta y la demanda en los mercados energéticos se está cubriendo con una reducción diaria de las existencias que, de prolongarse la crisis, puede desembocar en problemas para la entrega física en los meses de verano en algunos segmentos del mercado.
Según el Servicio de estudios de la Caixa, utilizado unos precios medios del petróleo en 2026 ,90 dólares por barril y en 2027 80 dólares por barril, en consonancia con lo que están descontando los mercados de futuros; supondría una progresiva vuelta a la normalidad de los mercados energéticos en los próximos trimestres, eso sí, con precios de equilibrio del crudo casi 20 dólares por encima de los existentes antes del conflicto. Si se cumplen estas hipótesis, los crecimientos podrían retornar a la zona potencial hacia finales de 2026 y la inflación retomar su senda hacia los objetivos de los bancos centrales en 2027, después del importante repunte de este año (3,1% en la eurozona y 3,5% en EE. UU.
EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES ES INSOSTENIBLE.
El gasto bruto en pensiones seguirá presionando de forma creciente las finanzas públicas hasta 2050, para alcanzar el 14,6% ese año, lo que implicaría que la deuda pública se dispare hasta el 123% del PIB, tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, entre las que espera un aumento de los ingresos del 1,6% del PIB en promedio. Así lo prevé la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha confirmado que el gasto neto se sitúa en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral exigido por la normativa establecida en el real decreto de 2023.
El organismo fiscalizador alerta de que este envejecimiento de la población no será compensado ni por el efecto de la inmigración ni por una mayor tasa de fecundidad, y tampoco irá acompañado de una mejora del crecimiento económico potencial, lo que “seguirá presionando al alza el gasto público, especialmente en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración”.
Además, alertan de que el déficit del gasto en pensiones esperado solo podrá compensarse con transferencias de los fondos de la Seguridad Social o de la propia Administración Central a través del Tesoro Público, que deberán aumentar al menos 2,3 puntos hasta alcanzar el 3% del PIB, que se traducen en un mínimo de 50.000 millones. Este incremento, en ausencia de medidas correctoras, “supondrá una minoración de los recursos disponibles para otras políticas de gasto o el recurso de endeudamiento, lo que parece difícil compatibilizar con las exigencias y compromisos de los marcos fiscales español y europeo”. Por tanto, la Airef critica el “enfoque parcial” que tiene el Gobierno sobre el sistema de pensiones y reclama que se aplique una “visión integral de la sostenibilidad que considere el conjunto de ingresos y gastos y la consecuente evolución al alza de la deuda”.
En este contexto, el supervisor advierte de que la regla de gasto “no encaja en el nuevo marco fiscal europeo”. Este nuevo marco toma como ancla el nivel de deuda, que “no ha sido considerado en ningún momento en la regla de gasto de pensiones” en el caso del Gobierno español, y tampoco la “variable clave” de supervisión del gasto primario neto ni un nivel de ingresos definido en términos de tasas de variación “anuales y acumuladas”, mientras que la regla de gasto de pensiones se determina en nivel de PIB.
En estas circunstancias, propone al Ministerio de Seguridad Social reformar la regla de gasto de pensiones para que tenga “más consistencia con la sostenibilidad y con los compromisos de marco fiscal y europeo. Que esta regla se exprese en términos de tasas de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos de los fondos de la Seguridad Social y que se incorpore a los compromisos de plan fiscal y estructural a medio plazo”. Con este cambio, la Airef sostiene que ya podría evaluar de forma “previa e independiente la facilidad de estos compromisos junto al plan fiscal”.
SE DESACELERA LA REDUCCIÓN DEL PARO.
Durante el mes de mayo de este año, el número de cotizantes a la Seguridad Social aumentó en 231.975 afiliaciones, situándose en los 22.337.809 cotizantes, debido fundamentalmente al tirón de la hostelería. El buen ritmo de creación de empleo se acompaña de una caída del paro hasta las 2.320.721 personas, mínimos del mes desde 2007, sin embargo, la reducción en 36.323 personas respecto a abril supone el peor registro de todos los ‘mayos’ desde 2020.
El paro se mantiene bajo la cota de los 2,4 millones que perdió en abril por primera vez desde junio de 2008, sin embargo, la reducción parece frenarse. Según los datos el Ministerio de Trabajo, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de mayo desde 2020, cuando el desempleo subió en 26.573 personas en plena pandemia. Si se excluye aquel año de situación extraordinaria, el de mayo de este año ha sido el menor descenso del desempleo desde 2012, cuando disminuyó en 30.113 personas, y queda lejos del dato de hace un año. También pierde la comparativa con abril, cuando bajó en casi 64.000 personas.
En el caso de la afiliación, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 65.772 nuevos ocupados, seguido de actividades administrativas, con 27.381 nuevos cotizantes, y del comercio mayorista, que sumó 15.305 afiliados medios.
El paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 29.829 desempleados menos, seguido de la industria con -2.665 desempleados; la construcción, que restó 2.304 parados, y la agricultura, donde bajó en 1.628 personas.
Mayo es tradicionalmente uno de los meses más positivos para el empleo por el arranque de la campaña turística y por la temporada agrícola. “Los datos de mayo confirman un buen momento del empleo, pero también revelan límites estructurales y señales de enfriamiento que conviene no obviar, La clave no es el nivel alcanzado, sino la capacidad de sostenerlo tras el verano”.
El cómputo anual deja un aumento de 553.431 afiliados en valores medios, el mayor avance en más de dos años, y un descenso acumulado del paro de 134.162 personas. Sin embargo, si se analiza el ciclo completo, el empleo ha entrado en una fase de crecimiento más moderado tras el rebote post pandemia. Por lo tanto, se consolida un escenario de normalización, no de expansión acelerada.
El número de trabajadores extranjeros afiliados es de 3.359.548, que representan un 15% del total.
Parte del empleo indefinido es fijo discontinuo, con menor estabilidad efectiva anual. Además, aún persiste un uso intensivo de la rotación y parcialidad en servicios”, lo que obliga a diferenciar entre estabilidad contractual y continuidad efectiva del empleo, especialmente en aquellas actividades con mayor peso estacional.
