No a recuperar la excepción ibérica

Topar el gas no lo abarata ni elimina su coste: lo oculta, lo redistribuye y debilita los incentivos para dejar de depender de él

 

Ser contumaces puede ser una virtud en determinadas ocasiones, fruto del convencimiento en lo que hacemos y creemos. Sin embargo, cuando la contumacia es en el error pasa a ser un vicio inexplicable, y más aún si se comete en política energética. Es lo que sucede con las propuestas para recuperar la denominada “excepción ibérica”, el mecanismo aplicado en 2022 para limitar el precio del gas utilizado en la generación eléctrica y reducir así el precio resultante del mercado mayorista.

Conviene empezar aclarando que el tope al precio del gas no lo abarata. Si las centrales de ciclo combinado compran el combustible a su precio internacional pero se les permite ofertar como si costara menos, la diferencia no desaparece. Alguien tiene que pagarla. Eso fue precisamente el mecanismo de ajuste: reducir el precio visible en el mercado mayorista y compensar después a las centrales térmicas por la diferencia. El propio operador del mercado describía que el ajuste era asumido por la demanda no cubierta por determinados instrumentos a plazo. Dicho de otra manera: se confunde bajar administrativamente un precio con reducir un coste. Al más puro estilo de una economía planificada.

Ésta es la cuestión fundamental y no depende de que el gas esté hoy más barato o más caro que en 2022. De hecho, sería un error construir el rechazo a la excepción ibérica sobre la expectativa de que los precios energéticos permanecerán contenidos. Europa afronta el próximo invierno con incertidumbres importantes y nadie puede descartar nuevas tensiones. Pero incluso si el gas volviera a los precios extraordinarios de 2022 y los ciclos combinados recuperasen un peso masivo en la generación eléctrica, topar su precio seguiría siendo una mala solución.

Cuando un bien importado se vuelve extraordinariamente caro y escaso, su precio contiene una información económica fundamental: hay que consumir menos, buscar alternativas e invertir para sustituirlo. En este sentido, subvencionar el gas que se utiliza para generar electricidad debilita esa señal. No es racional responder a una crisis provocada por nuestra dependencia de un combustible fósil importado haciendo artificialmente más barata su utilización, y menos aún sin haber hecho un mínimo análisis de impacto sobre algo tan complejo como el sistema energético español.

Este problema fue advertido en múltiples ocasiones cuando se aplicó la excepción ibérica en 2022. Además, sigue existiendo un riesgo notable de separarnos del proceso de integración de los mercados eléctricos europeos y de posponer las verdaderas reformas estructurales: interconexiones, diseño minorista y señales adecuadas para la inversión. Meses después, con datos ya observados, el balance mostraba unos resultados mucho más modestos de lo que sugería fijarse exclusivamente en la reducción del precio mayorista.

 

Un mecanismo lleno de efectos negativos de segunda ronda

La excepción ibérica generaba, además, una distorsión especialmente relevante. Al reducir artificialmente el precio mayorista español, nuestra electricidad se hacía también más barata para los países vecinos (especialmente, Francia). Aumentaban las exportaciones y había que producir más electricidad para satisfacerlas. Y, precisamente en las horas de escasez, esa generación adicional procedía en buena medida de los ciclos combinados.

Por tanto, para combatir el gas caro terminábamos incentivando un mayor consumo de gas, mientras una parte del beneficio del mecanismo se trasladaba fuera de España. Una estimación razonable a partir de cifras de mercado apunta a 1.912 millones de euros la transferencia de rentas hacia Portugal, Francia y Marruecos entre el 15 de junio y el 31 de diciembre de 2022.

Pero existe un daño potencial todavía más importante como es el que se produce sobre la inversión. España necesita enormes cantidades de capital para construir renovables, redes y, muy especialmente, almacenamiento. Una batería o una central de bombeo compra electricidad cuando es abundante y barata y la devuelve al sistema cuando es escasa y cara. Su rentabilidad depende, por tanto, en parte del diferencial entre unas horas y otras.

Si cada vez que aparecen precios elevados el regulador interviene para comprimir artificialmente esa diferencia, deteriora precisamente la señal económica que necesitamos para atraer inversión hacia las tecnologías capaces de evitar que el gas vuelva a ser necesario en esas horas. Es una contradicción extraordinaria: subvencionar el combustible que queremos sustituir y, simultáneamente, reducir la rentabilidad de las inversiones que pueden sustituirlo.

 

No confundamos hogares con industria

Hay, además, una diferencia fundamental entre consumidores domésticos e industria que hace todavía menos razonable intervenir indiscriminadamente todo el mercado eléctrico. En los hogares, la exposición directa al mercado diario es hoy limitada. Aproximadamente el 73% de los consumidores domésticos está en mercado libre y, entre ellos, el 91% tiene contratos a precio fijo. Incluso el PVPC incorpora desde 2026 un 55% de referencias a plazo y sólo un 45% vinculado al mercado diario.

Esto significa que una subida del mercado mayorista no se traslada automática ni inmediatamente a la gran mayoría de los hogares. Muchos consumidores han elegido y pagado precisamente por la estabilidad de un contrato fijo. Hacerles soportar posteriormente el coste de una intervención destinada a neutralizar el riesgo de quienes permanecen indexados supondría alterar las reglas a mitad del partido (como ya ocurrió con la excepción ibérica). Y generaría riesgo moral: ¿qué incentivo existe para cubrirse frente a futuras crisis si cuando el mercado sube el Estado elimina el coste de permanecer expuesto?

La industria es otra cuestión, y un gran ejemplo de cómo se materializa el riesgo moral. Su exposición a fórmulas indexadas es mucho mayor y un shock energético prolongado puede convertirse rápidamente en un serio problema de competitividad. Pero precisamente por ello hay que actuar sobre el problema concreto, no poner patas arriba el sistema, mediante instrumentos focalizados para las industrias expuestas como la contratación a largo plazo a través de PPAs y ayudas temporales compatibles con el marco europeo. El propio marco comunitario contempla instrumentos dirigidos específicamente a sectores electro intensivos. Lo mismo vale para los hogares vulnerables. Si necesitan ayuda, no hace falta intervenir el precio de toda la electricidad española para hacerlo.