Renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
El artículo 38 de la Ley Orgánica de Extranjería (L.O. 4/2000, de 11 de enero) establece, en su apartado 6, que “la autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración:
a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motivó su concesión inicial, o cuando se cuente con un nuevo contrato.
b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo.
c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.
d) Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
Y, en este mismo precepto, en su apartado 7, se dispone que “a partir de la primera concesión, las autorizaciones se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico u ocupación”.
Añadiendo el artículo 31 de la Ley Orgánica, en su apartado 7, que, “para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará en su caso:
a) Los antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad.
b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria y de seguridad social.
A los efectos de dicha renovación, se valorará especialmente el esfuerzo de integración del extranjero que aconseje su renovación, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Autónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el artículo 2 ter de esta Ley”.
La regulación de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena está contenida en el artículo 80 del Reglamento de desarrollo de la referida Ley Orgánica, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, incluyéndose, en su artículo 81, los efectos de dichas renovaciones.
Siguiendo el texto reglamentario, la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena deberá solicitarse, en modelo oficial (EX03), durante los dos meses previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. También puede presentarse la solicitud dentro de los tres meses posteriores a dicha fecha, aunque, en este caso, se podrá incoar al solicitante el correspondiente procedimiento sancionador por la infracción prevista en el artículo 52.b) de la Ley Orgánica 4/2000, considerándose una infracción leve, a la que le correspondería una multa de hasta 500 euros (artículo 55.1.a) de la referida L.O.
La presentación de la solicitud en cualquiera de dichos plazos prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la resolución del procedimiento.
Los supuestos de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena son los siguientes:
a) Cuando se acredite la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya renovación se pretende.
b) Cuando la persona trabajadora haya tenido un periodo de actividad laboral de al menos tres meses por año, y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
1.º Que haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las características de su autorización para trabajar, y figure en situación de alta o asimilada al alta en el momento de solicitar la renovación.
2.º Que disponga de un nuevo contrato que reúna los requisitos establecidos en el artículo 74 del Reglamento (en el que se contemplan los requisitos de la autorización inicial, exceptuándose la aplicación de la situación nacional de empleo) y con inicio de vigencia condicionado a la concesión de renovación.
3.º Que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se pretende se haya extinguido por causas ajenas a la voluntad del solicitante, y, desde entonces, hasta la fecha de solicitud de la renovación, se ha mantenido inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo competentes.
c) Cuando a la persona trabajadora se le hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo o sea beneficiaria de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.
d) Cuando la persona trabajadora acredita ha encontrado trabajado y ha estado en alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo de doce.
e) Cuando un familiar, definido en los términos del artículo 66 del Reglamento (cónyuge, pareja con relación de afectividad análoga a la conyugal, hijos, ascendientes…) cumpla con los requisitos económicos para reagrupar a la persona trabajadora.
f) En los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de que la trabajadora sea víctima de violencia de género o de violencia sexual.
Si existen menores a cargo del solicitante, junto con la solicitud de renovación, deberá presentarse un informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que acredite la escolarización de dichos menores en edad de escolarización obligatoria, según lo establecido en el artículo 80.3 del Reglamento. Sin embargo, en los artículos 159 y 160 de dicha norma, referidos a la residencia temporal del menor extranjero acompañado nacido en España y a la persona acompañada menor de edad o con una discapacidad no nacida en España, se dispone que se deberá acreditar en el procedimiento que el menor se encuentra matriculado en un centro de enseñanza oficial autorizado, aportando documentación que acredite la escolarización del menor.
Así pues, con independencia de la falta de coherencia reglamentaria, será suficiente aportar la matriculación o un informe del centro que acredite la escolarización para acreditarlo, sin que deba pedirse el informe autonómico.
Para la renovación de la autorización se valorará, en cumplimiento de las previsiones legales, en su caso, previa solicitud de oficio de los respectivos informes:
a) La posibilidad de renovar la autorización de residencia a las personas extranjeras que hubieren sido condenadas por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, las que hubieran sido indultadas o se hallasen en situación de remisión condicional de la pena o de suspensión de la pena.
b) Que la persona extranjera haya incumplido sus obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social.
Igualmente se valorará, en su caso, el esfuerzo de integración de la persona extranjera, que se acreditará mediante la aportación, entre otros medios de prueba, de un informe favorable de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia que recomienden la renovación.
El informe, de ser favorable, certificará el conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que se resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres y, en su caso, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia.
En caso de que el informe no haya sido emitido en el plazo de un mes, circunstancia que habrá de ser debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social no impedirán la renovación de la autorización, siempre que se acredite la realización habitual de la actividad, circunstancia que la oficina de extranjería comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los efectos de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan.
Se aplica a las renovaciones el silencio positivo, por lo que, transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud, sin que se haya dictado resolución expresa, ésta se entenderá estimada.
La renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se hará por un periodo de cuatro años, salvo que corresponda una autorización de residencia de larga duración, y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en cualquier parte del territorio nacional, por cuenta ajena y por cuenta propia. Los efectos de la autorización renovada se retrotraerán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.
En el supuesto en el que la vigencia de la autorización inicial que se pretende renovar, sea menor a un año, y se cumpla alguno de los supuestos de renovación, la autorización se concederá por la duración de la actividad a desarrollar, con el máximo de un año.
Una vez notificada la resolución favorable, la persona extranjera deberá solicitar personalmente en el plazo de un mes la tarjeta de identidad de extranjero.
En relación con la anterior regulación, se ha suprimido la referencia a que haya buscado activamente empleo y se añade haberse mantenido inscrito ininterrumpidamente como demandante de empleo.
Se ha eliminado también uno de los supuestos de renovación que era haber estado trabajando y en alta dieciocho meses en un período de veinticuatro.
Se han añadido, por otra parte, el resto de los familiares del artículo 66 del Reglamento, que se corresponden con los familiares incluidos en reagrupación familiar para constituir uno de los supuestos de renovación cuando dispongan de medios económicos. Antes, sólo el cónyuge o la pareja.
En el supuesto de renovación por la extinción del contrato o suspensión de la relación laboral se añade al que ya figuraba de ser víctima de violencia de género, también ser víctima de violencia sexual.
En cuanto al informe del esfuerzo de integración, se elimina la referencia a la participación en acciones formativas y se ha añadido que, si no se emite en un mes, podrá acreditarse por cualquier medio de prueba.
Asimismo, entre las causas de denegación de las renovaciones se excluyen los supuestos genéricos que no sean atribuibles a la persona trabajadora.
Y, en cuanto a los efectos de la renovación, se ha introducido como novedad que, si la duración de la autorización inicial fuera menor de un año, se concederá por la duración de la actividad a desarrollar, con el máximo de un año.








