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El Abogado General de la UE avala restringir el perdón de deudas con Hacienda y el Supremo incluye las deudas locales
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que España mantenga restricciones al mecanismo de segunda oportunidad cuando el deudor arrastra deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. En sus conclusiones, presentadas el 22 de octubre —que no revisten carácter vinculante, pero orientan la futura sentencia del TJUE— el jurista Jean Richard de la Tour sostiene que la normativa comunitaria concede margen a los Estados miembros para establecer excepciones y que no existe un derecho absoluto e incondicionado a la cancelación universal de pasivos.
El litigio que originó la cuestión prejudicial procede de la Audiencia Provincial de Valladolid. Unos particulares solicitaron la exoneración de su pasivo insatisfecho, a lo que la Agencia Tributaria se opuso al haber sido declarado el esposo responsable subsidiario de más de 40.000 euros en concepto de deudas tributarias de una mercantil que administraba. Cabe recordar que la legislación española prohíbe el perdón si media una derivación de responsabilidad firme en la última década, salvo abono íntegro.
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha dictado un pronunciamiento relevante respecto a los créditos de titularidad municipal o supramunicipal. En sentencia de 5 de octubre, la Sala de lo Civil determina que las deudas con ayuntamientos y diputaciones sí pueden someterse a la exoneración en los concursos de personas físicas. El magistrado ponente, Ignacio Sancho Gargallo, argumenta la inexistencia de un fundamento jurídico suficiente para excluir estos créditos públicos locales del régimen general de liberación de cargas.
El fallo aclara que el límite legal de 5.000 euros exonerables al 100 % y de hasta 10.000 euros al 50 % opera de manera individual respecto a cada acreedor público, con independencia del ente recaudador.
El Supremo tumba el doble beneficio: los trabajadores readmitidos por sucesión empresarial deberán devolver la indemnización
El Tribunal Supremo ha fijado una relevante doctrina unificadora que resuelve una de las controversias recurrentes en los escenarios de reorganización empresarial. La Sala de lo Social, en sentencia de 7 de octubre con ponencia del magistrado Ignacio García-Perrote Escartín, determina que el trabajador que percibió una indemnización por despido de su empleador originario está legalmente obligado a restituir dicho importe si, tras declararse judicialmente la existencia de una sucesión de empresa en virtud del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la compañía cesionaria es condenada a la readmisión efectiva.
El pronunciamiento armoniza el criterio interpretativo ante aquellos supuestos en los que convergen una extinción indemnizada inicial y una posterior condena a la subrogación de la plantilla. Hasta la fecha, estos supuestos derivaban en ocasiones en una distorsión procesal por la cual el empleado retenía la compensación económica percibida y, simultáneamente, recuperaba su puesto de trabajo con la consiguiente percepción de los salarios de tramitación devengados.
Para el Alto Tribunal, el cumplimiento de la orden judicial de readmisión neutraliza de forma sobrevenida el efecto extintivo del cese previo. Al decaer la causa jurídica que justificaba la indemnización, se produce una situación de cobro de lo indebido que vulnera la prohibición de enriquecimiento injusto. Los magistrados subrayan que el mantenimiento de la continuidad laboral bajo el nuevo marco empresarial resulta conceptualmente incompatible con el mantenimiento de un resarcimiento concebido para paliar una pérdida definitiva del empleo que los tribunales terminan dejando sin efecto.
La resolución delimita asimismo las reglas de compensación y liquidación aplicables cuando los importes indemnizatorios abonados difieran del sumatorio de salarios pendientes de pago, aportando seguridad jurídica a la articulación procesal de las reestructuraciones corporativas.
Los tribunales endurecen los requisitos para modificar o rescindir los alquileres comerciales ante caídas de facturación
Los juzgados de lo mercantil y las audiencias provinciales están endureciendo de forma notable los criterios para admitir la modificación o la resolución anticipada de los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Las resoluciones judiciales recientes exigen una prueba económica de extrema solidez y un impacto estructural duradero antes de avalar la aplicación de la cláusula de alteración sobrevenida de las circunstancias en los arrendamientos destinados a la hostelería y el comercio minorista.
Hasta la fecha, numerosos negocios recurrían con mayor flexibilidad a esta figura jurídica para reequilibrar las rentas o abandonar los establecimientos sin penalización ante descensos repentinos en los volúmenes de ventas. Sin embargo, la jurisprudencia actual delimita que el riesgo empresarial es inherente al ejercicio de cualquier actividad económica, por lo que una contracción coyuntural del consumo o el incremento puntual de los costes de suministros no constituyen por sí mismos un desequilibrio imprevisible que justifique alterar el pacto contractual inicial.
Los fallos dictaminan que el arrendatario debe demostrar fehacientemente que la continuidad de la explotación bajo las condiciones financieras estipuladas conduce de manera ineludible a la inviabilidad patrimonial de la estructura mercantil o frustra de forma sustancial la economía del contrato. Asimismo, los tribunales rechazan las demandas fundamentadas en meras expectativas de menor rendimiento, exigiendo que se acredite un quebranto continuado que destruya la base del negocio jurídico.
Este giro restrictivo obliga a los operadores económicos a extremar la prudencia en la negociación de los plazos de obligado cumplimiento y las cláusulas de salida anticipada en las firmas o renovaciones de los contratos de alquiler de locales comerciales.
Casi la mitad del tejido empresarial español anticipa un frenazo en la actividad económica de cara al ejercicio 2027
El clima de confianza en el tejido productivo nacional experimenta un cambio de tendencia perceptible. El Estudio de Clima Empresarial 2026 de la Cámara de Comercio de España, elaborado a partir de cerca de 1.900 encuestas, revela que el 47,9 % de las compañías prevé un deterioro de la actividad económica general de cara a 2027.
La cautela se instala de forma transversal, impulsada por la persistencia de costes estructurales elevados, la contención del consumo interno y la presión constante sobre los márgenes de beneficio. Las pequeñas y medianas empresas muestran el mayor grado de preocupación ante la evolución de la demanda y las dificultades para trasladar el incremento de los gastos operativos a los precios finales. El 72,6 % anticipa un empeoramiento de la inflación, el 66,5 % de los costes laborales y más de la mitad espera un deterioro del consumo y de las condiciones de financiación.
A este escenario de ralentización se suman los retos derivados de la inestabilidad en los mercados internacionales. Los directivos señalan que la contención del crédito y la evolución de los tipos de interés condicionan de manera directa los planes de inversión a medio plazo, obligando a priorizar la tesorería y la contención del gasto corriente frente a las estrategias de expansión.
Pese a este contexto de moderación sobre la economía general, seis de cada diez empresas se muestran optimistas sobre la evolución de su propia actividad en 2027. Los sectores más volcados en la digitalización, el turismo, la hostelería y la diversificación de mercados exteriores mantienen expectativas de crecimiento positivo, ensanchando la brecha competitiva respecto a aquellas estructuras menos adaptadas.
