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El trabajo autónomo alcanza un nuevo récord histórico en España con 3,47 millones de afiliados

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha registrado un nuevo máximo histórico. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de trabajadores por cuenta propia alcanzó los 3.472.460 en junio, tras sumar 12.017 nuevas altas en el mes (+0,35%). En términos interanuales, el crecimiento es de 50.800 autónomos más (+1,48%).

El avance se observa de forma desigual por género y territorios. Las mujeres, que representan alrededor del 37,2% del total (aproximadamente 1,29 millones), continúan impulsando el crecimiento con mayor dinamismo que los hombres (unos 2,18 millones; 62,8%). En la última década, el número de autónomas ha aumentado un 10,4%, reduciendo progresivamente la brecha de género.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera el ranking con más de 373.000 autónomos, seguida de Cataluña (alrededor de 331.000), Madrid (cerca de 250.000) y Comunidad Valenciana (más de 206.000). En junio, el impulso mensual fue encabezado en cifras absolutas por Cataluña (+2.302), Andalucía (+2.173) y Comunidad Valenciana (+2.052). En términos relativos, destacaron Baleares (+1,1%) y Extremadura (+1%). La mayoría de las regiones sumaron afiliados, incluidas Castilla y León y Castilla-La Mancha, que siguieron la tendencia positiva nacional, si bien con crecimientos más moderados. Solo dos comunidades registraron descensos: Murcia (-370 autónomos) y La Rioja (-16 autónomos).

Sectores como la construcción, las actividades profesionales y las tecnologías de la información impulsaron el crecimiento, mientras que el comercio —el principal sector del RETA— registró descensos interanuales, en línea con la tendencia de los últimos años.

Las principales organizaciones del colectivo valoran positivamente estos resultados, pero reivindican mayor protección social, especialmente una prestación por cese de actividad efectiva y universal, reducción de cargas burocráticas y cotizaciones, y medidas que garanticen la sostenibilidad y viabilidad económica a largo plazo del trabajo por cuenta propia.

 

El Gobierno aprueba ayudas de hasta 18.000 euros por vivienda para reformar pisos en comunidades

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril de 2026 mediante el Real Decreto 326/2026 y dotado con 7.000 millones de euros, incluye un importante paquete de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en edificios colectivos. Entre las medidas más destacadas figuran ayudas de hasta 18.000 euros por vivienda destinadas principalmente a mejorar la accesibilidad en comunidades de vecinos.

Estas subvenciones forman parte de la línea dedicada a la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, que recibe alrededor del 30% del presupuesto total del Plan. El Estado aporta el 60% de la financiación y las comunidades autónomas el 40% restante. Las ayudas se gestionan de forma descentralizada a través de las autonomías, que publican las convocatorias específicas y tramitan las solicitudes.

En el caso de las obras de accesibilidad en edificios de tipología residencial colectiva, la ayuda base puede alcanzar los 13.000 euros por vivienda (hasta el 65% del coste). Esta cuantía se incrementa hasta los 18.000 euros cuando en el inmueble reside una persona mayor de 65 años o con discapacidad. En supuestos de mayor gravedad o accesibilidad universal, la ayuda puede llegar a 20.500 o 22.000 euros, dependiendo del grado de discapacidad y del alcance de las intervenciones. Estas ayudas son compatibles con otras de mejora habitacional.

Las actuaciones subvencionables incluyen la instalación de ascensores, rampas, videoporteros, domótica adaptada y otras mejoras que faciliten la movilidad. Además, el Plan contempla otras líneas complementarias: hasta 8.000 euros (ampliables) para reformas estructurales de seguridad y cuantías variables —que pueden superar los 18.000 euros— para mejoras de eficiencia energética, en función de la reducción del consumo de energía primaria lograda.

Las comunidades autónomas serán las encargadas de establecer los plazos, los requisitos de ingresos y los procedimientos de solicitud de estas subvenciones. Los interesados deberán consultar las convocatorias publicadas por cada autonomía o acudir a las oficinas de rehabilitación locales para obtener información detallada y actualizada.

 

Los vehículos nuevos deberán llevar la preinstalación para alcoholímetro antiarranque (Alcolock)

Desde el 7 de julio de 2026, todos los turismos y furgonetas de nueva matriculación en España deberán incorporar importantes avances en seguridad vial conforme a la fase final del Reglamento General de Seguridad (GSR2) de la Unión Europea.

Uno de los elementos más destacados es la obligatoria preinstalación de la interfaz para alcoholímetro antiarranque (Alcolock). Este sistema prepara los vehículos para instalar un dispositivo que impide el arranque si el conductor supera la tasa de alcohol permitida, mediante una prueba de aliento antes de poner el motor en marcha.

Los fabricantes ya han adaptado la mayoría de los nuevos modelos a estos requisitos, por lo que los conductores que adquieran un vehículo nuevo a partir de ahora contarán con mayor protección tecnológica de serie. Aunque no se exige el dispositivo completo, esta preparación facilita su activación futura en casos específicos, como conductores reincidentes o determinadas flotas profesionales.

Además, la normativa incorpora otros asistentes avanzados de conducción (ADAS) diseñados para prevenir errores humanos:

• Sistema avanzado de advertencia de distracciones y fatiga del conductor: Utiliza cámaras interiores para detectar si el conductor aparta la vista o muestra signos de somnolencia, emitiendo alertas oportunas.
• Frenado de emergencia mejorado para peatones y ciclistas: Refuerza la detección automática de usuarios vulnerables de la vía.
• Asistentes ya consolidados, como el inteligente de velocidad (ISA), que ayuda a respetar los límites.

Estos cambios, impulsados por la Comisión Europea y supervisados en España por la Dirección General de Tráfico (DGT), no afectan a los vehículos ya en circulación. Su objetivo es contribuir a la estrategia “Visión Cero”, reduciendo significativamente accidentes, heridos graves y fallecidos en las carreteras europeas.

 

Entra en vigor la tasa europea de 3 euros para los paquetes extracomuitarios inferiores a 150 euros

Desde el pasado miércoles 1 de julio de 2026, la Unión Europea aplica una tasa aduanera temporal de tres euros a los paquetes de bajo valor procedentes de países extracomunitarios. Esta medida elimina la exención de derechos de aduana que existía para los envíos con un valor inferior a 150 euros, una franquicia en vigor desde 1983 que ha impulsado el auge del comercio electrónico transfronterizo.

La tasa se cobra por tipo de artículo o línea arancelaria (según código de nomenclatura combinada), no por paquete completo. Así, un envío con varios productos de categorías diferentes acumulará tres euros por cada uno. Por ejemplo, un pedido con una falda, un reloj y unas gafas de sol podría generar nueve euros en concepto de esta tarifa. Los artículos idénticos del mismo tipo se consideran una sola línea.

El objetivo principal de la iniciativa es hacer frente a la avalancha de importaciones baratas, principalmente desde China a través de plataformas como Shein, Temu o AliExpress, que han saturado las aduanas europeas y generado desventajas competitivas para los productores locales. La medida afecta a las compras realizadas por consumidores privados (B2C) y se aplica a vendedores extracomunitarios registrados en la ventanilla única de importación (IOSS).

Según fuentes comunitarias, esta tarifa plana de tres euros tiene carácter transitorio y estará vigente hasta el 1 de julio de 2028. A partir de esa fecha, entrará en plena operación el nuevo centro de datos aduanero de la UE, momento en el que los paquetes de bajo valor pasarán a tributar los aranceles ordinarios según su clasificación.

La Comisión Europea y los Estados miembros justifican la reforma por razones de equidad fiscal, protección del mercado interior y control de la seguridad de los productos. Además del nuevo arancel, los paquetes siguen sujetos al IVA correspondiente. Se espera que los operadores de plataformas trasladen parte o la totalidad del coste a los consumidores finales, lo que podría encarecer ligeramente las compras online de bajo valor.